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ABC VIERNES 31 3 2006 Opinión 7 TRIBUNA ABIERTA POR JULIO BANACLOCHE PALAO EN JUSTICIA, NO ES IMPECABLE Resulta evidente que el nuevo Estatuto catalán no se ajusta en absoluto a lo que pretendió el constituyente cuando configuró un Poder Judicial único e idéntico para todo el Estado N determinados medios políticos y periodísticos no cesa de reiterarse la tesis de que el Estatuto catalán tal y como ha salido del Congreso es impecablemente constitucional Confiado en la veracidad de tal afirmación, he decidido asomarme a los artículos de dicho texto que tratan del Poder Judicial en Cataluña con el fin de comprobar si, efectivamente, durante la tramitación parlamentaria se han corregido los excesos que se contenían en el documento original. Y he de decir que, desafortunadamente, no se puede sostener que haya sido así en absoluto. La primera discordancia con la Constitución se encuentra en el primero de los preceptos dedicados a esa materia: el art. 95.2 proclama que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es el órgano judicial en que culminan los procesos iniciados en dicha Comunidad, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial y sin perjuicio de la competencia reservada al Tribunal Supremo para la unificación de doctrina Con esa referencia se está interfiriendo en las competencias propias del Supremo, que sólo puede fijarlas la Ley Orgánica del Poder Judicial (arts. 122.1 y 149.1.6 de la Constitución) Ello es así porque con ese inciso se está limitando la supremacía del Supremo respecto del Tribunal Superior de Cataluña a esa única materia, cuando perfectamente las leyes procesales pueden atribuir a aquél otros recursos extraordinarios o incluso procesos en primera instancia, lo que, de seguir siendo así, colisionaría con la afirmación estatutaria. La referencia previa a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial que se contiene en el Estatuto hubiera podido evitar la inconstitucionalidad si no se concretara después la competencia concreta del Supremo que se excepciona: pero como no es así, existe una evidente extralimitación de la norma autonómica en relación con lo previsto en la Constitución. En segundo lugar, también resulta de dudosa constitucionalidad la preceptiva intervención del Consejo de Justicia de Cataluña en los nombramientos del presidente del Tribunal Superior de Cataluña y de los de cada una de sus salas (art. 95.5 y 6) por cuanto supone una limitación a la facultad de nombramiento de los miembros del poder judicial que la Constitución atribuye al CGPJ (art. 122.2 de la Constitución) Pero quizá la mayor colisión con el texto constitucional se produce en relación con el nuevo órgano que se crea en el Estatuto denominado Consejo de Justicia de Cataluña Dicho órgano se afirma que es el órgano de gobierno del Poder Judicial en Cataluña (art. 97) Esta afirmación es indiscutiblemente contraria a la Constitución, pues el art. 122.2 de dicho texto proclama con absoluta claridad que el órgano de gobierno del Poder Judicial es el CGPJ, por lo que no cabe dividir territorial ni funcionalmente esa competencia, que viene directamente atribuida por la Constitución. El poder judicial es único (art. 122.1 de la Constitución) y su órgano de gobierno también ha de serlo. Las matizaciones que el Estatuto incorpora a continuación de la tajante afirmación arriba señalada (que el Consejo autonómico actúa como órgano desconcentrado del CGPJ y que su creación se hace sin perjuicio de las competencias de éste último) no sirven para evitar la clara vulneración constitucional. E Sentado lo anterior, toda la regulación que se contiene en el Estatuto en relación con el citado Consejo de Justicia de Cataluña resulta inconstitucional, incluso cuando se admitiera que se pueden crear órganos desconcentrados de gobierno del poder judicial. Porque el Estatuto se lanza a atribuirle competencias, cuando el gobierno de los Juzgados y Tribunales, por un lado, y el del poder judicial en su conjunto, deben regularse por medio de la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 122.1 y 2 de la Constitución) Tan es así que el propio Estatuto fija las atribuciones del citado Consejo conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando en la actualidad no existen ni ese órgano ni esas atribuciones. Aun cuando se creara en un futuro, siempre podría suprimirse con una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (con lo que en los Estatutos se contemplaría un órgano que no existe, porque, y esto es la clave, no puede ni debe ser creado ni regulado por una norma estatutaria, al tratarse de una regulación de carácter estatal) En los preceptos siguientes, de nuevo aparecen regulaciones de difícil- -más bien imposible- -encaje con el texto constitucional: así, la propuesta o convocatoria directa de oposiciones y concursos para cubrir plazas de jueces en Cataluña por parte de la Generalitat o el Consejo de Justicia catalán puede vulnerar la reserva que el art. 122.2 de la Constitución establece en relación con la ley orgánica y con las competencias del CGPJ; o la competencia normativa en relación con el personal no judicial de la Administración de Justicia- -que alcanza, ni más ni menos, al proceso de selección, promoción, provisión de puestos y formación de sus integrantes- lo que choca con el art. 122.1 de la Constitución; o unas etéreas competencias en materia de Justicia de Paz y Proximidad, que se oponen al principio de unidad jurisdiccional (art. 117.5) y a la reserva legal a favor de la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 122.1) que prevé el texto constitucional. Da la impresión de que el Estatuto catalán no se ha limitado a mencionar y desarrollar las competencias de Cataluña en materia de Administración de Justicia, sino que ha pretendido regular un verdadero poder judicial propio, con su tribunal supremo (el Tribunal Superior de Justicia) su fiscal general (el de dicho Tribunal) sus órganos judiciales específicos (de Paz y de Proximidad) su órgano de gobierno de los jueces que allí desempeñan su función (el Consejo de Justicia) y el control próximo y último tanto del personal jurisdicente (a través de dicho Consejo y del dominio de los concursos y oposiciones) como del no jurisdicente (reservándose la determinación legal de su estatuto jurídico) Leyendo los preceptos del Estatuto, y comparándolos con los de la Constitución, resulta evidente que el modelo plasmado por aquél no se ajusta en absoluto a lo que pretendió el constituyente cuando configuró un poder judicial único e idéntico para todo el Estado, algo que, por cierto, no hizo movido por una posición centralista o antiautonómica, sino por salvaguardar los derechos y libertades de todos los españoles. Profesor de Derecho Procesal. Universidad Complutense REVISTA DE PRENSA POR JUAN PEDRO QUIÑONERO CATALUÑA, MARBELLA, PREDADORES... Desde Europa y América, Don Juan Carlos une, Cataluña divide, Marbella es el espejo cóncavo que refleja un pozo negro de corrupciones y los fantasmas de una España eterna están muy vivos En París, Le Monde y Liberation hacen un balance muy positivo de la visita de Estado de los Reyes de España. Liberation habla del talento de un Rey que ha sabido escapar a las contingencias de la política de cada día trabajando con éxito en muchas reconciliaciones. En ese marco, la visita francesa puso su broche en Toulouse, donde, afirma Liberation, el Rey visitó a sus republicanos El tema catalán no es reflejado con la misma dimensión ecuménica. La BBC estima que la palabra nación (entrecomillada por la emisora de referencia británica) es muy querida por los separatistas de toda España mientras que, continúa la BBC, los planes catalanes suscitan mucha oposición Le Monde estima que el texto aprobado deja en suspenso algunos problemas muy espinosos El Herald Tribune insiste en la ambigüedad de los conceptos de nación y nacionalidad en el proyecto de Estatuto que será sometido a referéndum en Cataluña. El Universal mexicano resalta la gravedad inflamable de la intensa polémica que genera la definición de Cataluña como nación En Londres, Financial Times publica una crónica informativa sobre las corrupciones de Marbella, que termina con esta frase que algo pudiera tener de puntilla o descabello cruel: Según la OCDE, la locura española de la construcción y la reclasificación de terrenos con fines urbanísticos se ha convertido en una importante fuente de corrupción en muchos municipios En el terreno puramente económico- empresarial, en Londres, el Times, el Independent y Financial Times publican un largo rosario de crónicas hablando con respeto, admiración e inquietud de los predadores españoles: grandes empresas como Zara o Ferrovial, que continúan conquistando posiciones en Inglaterra y toda Europa. Por su parte, The Spectator publica un largo artículo de Raymond Carr, el gran historiador de la guerra civil, comentando con mucha simpatía la traducción al inglés de la última novela de Juan Marsé, para concluir afirmando que, a su modo de ver, los fantasmas de una cierta España eterna se dan cita en la Barcelona y Las Ramblas de Marsé, escritor catalán en castellano.