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4 Opinión JUEVES 30 3 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil ÉXITO DEL VIAJE REAL A FRANCIA A tercera visita de Estado de los Reyes a Francia ha concluido con un balance muy positivo. Más allá de las coyunturas políticas internas, las relaciones hispanofrancesas se desarrollan en niveles de máxima cooperación y entendimiento, como es propio de dos países vecinos y socios de la UE, con una larga trayectoria diplomática. Hace ya tiempo que la colaboración en la lucha contra el terrorismo ofrece resultados muy favorables, como el Rey ha querido agradecer y reconocer sin reservas. Las relaciones comerciales, educativas y culturales crean lazos cada vez más firmes entre las sociedades respectivas, superando viejos tópicos y abriendo la puerta a nuevos desafíos comunes. Los contactos mantenidos por Don Juan Carlos con las autoridades políticas se han ampliado con buen criterio a otros ámbitos muy significativos: audiencia a los empresarios, inauguración del nuevo edificio del Liceo español y visita a la fábrica de Airbus enToulouse, entre otros. Especial simbolismo tiene la recepción a inmigrantes y exiliados republicanos españoles que- -por unas u otras razones- -tuvieron que construir en Francia su proyecto vital, pero L REFORMA DE DOBLE FILO A reforma de la función pública es parte constante de la agenda de todo gobierno, no sólo por el peso específico de las administraciones del Estado que acumulan varios niveles, estatal, autonómico y local- sino también por la demanda continua de mejorar la prestación de servicios públicos a los ciudadanos. El Ejecutivo socialista no iba a ser la excepción y, ayer, su ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, presentó en el Congreso de los Diputados el anteproyecto del Estatuto del Empleado Público, con el principal reclamo de que servirá para poner fin al carácter vitalicio de los puestos de los funcionarios que no cumplan correctamente con sus obligaciones. Sin duda, el aumento de la calidad de la función pública y de la profesionalización de sus empleados es un objetivo que no debería provocar discrepancias insuperables entre el Gobierno y la oposición, pero tal y como Sevilla planteó la cuestión, y teniendo en cuenta otras previsiones del anteproyecto (que reducen peligrosamente la legislación básica en esta materia) parece asegurada la discrepancia. Y con razón. Por lo pronto, el anteproyecto no establece cuáles son los criterios para evaluar el desempeño de la actividad profesional de los funcionarios ni quién los aplicará, y se remite a los sistemas y los métodos objetivos que establezcan las administraciones públicas. Así es imposible que esta futura ley, en caso de que se apruebe, sirva como garantía de un sistema de exigencia y responsabilidad, al quedar éste en manos de cada administración. El condicionamiento de la continuidad en un puesto al desempeño correcto de las funciones es un buen principio siempre que responda a criterios transparentes y verificables de forma objetiva. En otro caso, bajo la cubierta de aparatosas declaraciones políticas de homenaje a la calidad de la función pública puede esconderse algo tan antagónico a las reglas constitucionales de la actividad administrativa como es la arbitrariedad. El Gobierno que preside Zapatero ha podido predicar con el ejemplo y no lo ha hecho. Sevilla dijo que los funcionarios tampoco deben ser removibles en función de intereses polí- L ticos pero su Gobierno ha destituido de manera fulminante a la mayoría de los directores generales procedentes de la etapa del PP. Además, el Ejecutivo fue severamente corregido por el Tribunal Supremo, que anuló el nombramiento de varios directores generales que no eran funcionarios de carrera, lo que la vigente ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (Lofage) considera una excepción a la regla general, que debe ser la designación de funcionarios para esos altos cargos. Realmente el Gobierno no se siente cómodo con los cuerpos superiores de la función pública, y en esta reforma legal subyace la desconfianza hacia ellos, principales destinatarios, aunque sea de forma tácita, de un sistema de evaluación- -difuso, indeterminado- -que, por su propio diseño- -y aprovechando la ausencia de cobertura sindical- se aplicará a los estamentos más cercanos al poder político. Este anteproyecto será una ocasión perdida para implantar en España un concepto de la función pública verdaderamente profesionalizado, como el que se aplica en las democracias europeas más avanzadas, en las que el servicio administrativo está claramente diferenciado y a salvo de los cambios de gobierno. No son pocos los países de Europa- -Francia o Reino Unido, por ejemplo- -que confían tanto la calidad de sus sistemas administrativos como el apoyo a los programas de gobierno a la alta cualificación de sus funcionarios y a la continuidad de los mismos. Esto último facilita la defensa de los intereses generales en las transiciones políticas, evitando, por ejemplo, fracasos como el que estrenó, por falta de información, el mandato de la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, en la negociación de la reforma del mercado europeo del tabaco y el algodón. La imagen simplista del funcionario holgazán- -que, si existe, debe ser sancionado sin contemplaciones- -no refleja, en absoluto, la realidad de la Administración Pública en España, y el Gobierno socialista se equivoca poniendo los acentos donde no procede y eludiendo los que procede, como es la protección de la función pública frente a las presiones partidistas. Alberto Aza ABC CORRUPCIÓN EN MARBELLA A detención de la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, junto con varios ediles y otras personas supuestamente implicadas en una trama delictiva supone un auténtico punto de no retorno en el tormentoso devenir político de la emblemática localidad de la Costa del Sol, envuelta desdehace lustros en una ciénaga de corrupción que ha crecido paralelamente al desarrollo del partido fundado por el fallecido Jesús Gil y Gil, el primero de los alcaldes marbellíes que fue detenido, encarcelado y finalmente inhabilitado. Nacido como una respuesta anticonvencional al fracaso de los grandes partidos ante los problemas derivados de una gran ciudad turística de alto nivel, el gilismo se reveló pronto como una organización al servicio del interés privado de sus promotores, que con su barniz populista y una indiscutible eficacia en sus expeditivas agendas de seguridad o limpieza tejieron una red de oscuras maniobras urbanísticas que han acabado comprometiendo no sólo las finanzas municipales, sino el equilibrio del territorio. Esta situación, lejos de decrecer tras la retirada forzosa y posterior desaparición de Gil, se acentuó al fragmentarse el poder local en turbias alianzas de tránsfugas que acabaron de deshacer cualquier atisbo de organización política normal. Recientemente, el caos ha llegado a tal punto que la Jun- L ta de Andalucía ha anunciado la retirada de las competencias urbanísticas del ayuntamiento, maniobra tras cuya manifiesta justicia es imposible no ver la precampaña municipal en la que Chaves pretende embarcar como candidato a su consejero de Turismo. La presunta implicación de la alcaldesa y otros ediles en una nueva trama de corrupción marca ahora el punto de inflexión en este marasmo, a partir del cual los partidos convencionales se hallan en la obligación de articular una respuesta que satisfaga las necesidades ciudadanas y rehabilite el caos administrativo, legal y político. Porque fue el fracaso de la política tradicional, y muy significadamente del PSOE, el origen de la acogida positiva al proyecto de Gil, que revalidó en cuatro mayorías absolutas, tres de ellas ya en pleno escándalo de procedimientos judiciales por corrupción. La disolución del ayuntamiento aparece como la solución más plausible, rechazada por la Junta a la vista de que la mayoría de las encuestas son favorables al PP. De otro modo, habrán de ser los jueces los que impongan un orden provisional en esta situación atrabiliaria que amenaza con llevarse por delante el prestigio que, pese a todo, sigue conservando Marbella como privilegiado entorno turístico de lujo. que, como dijo el Rey, si hoy día siguen allí es porque así lo han decidido En efecto, ahora se contempla a uno y otro lado de los Pirineos una realidad muy diferente de aquella que forzó su marcha, ya fuera por causas económicas o por políticas. Merece ser resaltada la buena organización de esta visita en un contexto complicado por la crisis social que vive el país vecino. En plena jornada de huelgas y manifestaciones, los actos previstos se han desarrollado con toda normalidad, lo que dice muchoen favor de la eficacia de losorganizadores por parte francesa y española, especialmente del jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, Alberto Aza. Un programa muy adecuado ha permitido a Don Juan Carlos transmitir en cada caso los mensajes pertinentes. En particular, aunque no ha hecho pronunciamientos públicos al respecto, ha podido hacer llegar a sus interlocutores las esperanzas e inquietudes de los españoles tras el último comunicado de ETA. No cabe ocultar la gravedad de la crisis que sufre la sociedad francesa, incapaz de superar ciertas estructuras anquilosadas, mientras los políticos parecen más ocupados en atender sus ambiciones personales que en promover reformas imprescindibles. Pero contemplado desde España, el llamado declive de Francia resulta matizado por la fortaleza de sus instituciones y el consenso básico en torno a los valores nacionales.