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4 Opinión MIÉRCOLES 29 3 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil LA FRANCIA INMOVILISTA IN pulso económico, con un claro agotamiento de la confianza en las instituciones y en la clase política y con un país dispuesto a expresar su malestar frente a cualquier iniciativa que demande sacrificios y flexibilidad ante los nuevos tiempos, Francia languidece sin ilusión ante el futuro. Aquí reside realmente el problema, en que los problemas son visibles para todos, aunque falte la voluntad decidida y sincera de afrontarlos. Nadie es capaz de liderar un cambio de actitud que modifique el ánimo de pasividad que domina a una sociedad que parece vivir obsesionada por conservar su bienestar. La sensación cada vez más extendida entre los analistas es que el país vive bloqueado dentro de su propia dejadez. De hecho, es como si quisiera convertir en objetivo nacional ser una especie de balneario o, si se prefiere, una comunidad de perceptores de rentas con cargo a las arcas de un Estado cada día más endeudado. La protesta vivida ayer es el síntoma de la enfermedad. Si los paros y manifestaciones del pasado 18 de marzo reunieron a un millón y medio de personas, el de ayer pudo superar esa cantidad. Los sindicatos y los movimientos estudiantiles están planteando un pulso al Gobierno de Dominique de Villepin que recuerda a otros que fueron perdidos anteriormente por la mayoría parlamentaria de centro- derecha. Al margen del debate institucional, la confrontación se ha trasladado nuevamente fuera de la Asamblea Nacional. La calle vuelve a ser protagonista real del debate, instaurando así una peligrosa cotidianidad que mina la imagen y el crédito de un país que parece decidido a hacer costumbre de la protesta callejera. Lo fue durante los gobiernos del destituido Raffarin y va camino de serlo ahora, con un primer ministro, De Villepin, que está dispuesto, por el momento, a no dar su brazo a torcer, consciente de que detrás del éxito o fracaso de su discutido programa de reforma laboral están en juego sus ambiciones de ser el futuro candidato presidencial del centro- derecha. Así se lo ha recordado el propio Nicolas Sarkozy, que ha abierto una grave fractura en las filas de la UMP al desmarcarse de la tesis del Gobierno y reclamar la suspensión del programa de reforma laboral con el fin de que pueda negociarse con los sindicatos. De este modo, el llamado Contrato de Primer Empleo (CPE) descubre un trasfondo de gran calado en el que la sociedad francesa exterioriza no sólo su incapacidad para atajar los graves problemas que la aquejan- -en este caso, el alto índice de paro juvenil- sino también el complejo perfil de una clase política que es capaz de enredarse en querellas de protagonismo y ambición que, en el fondo, lastran la capacidad de Francia para eludir lo que parece ya su destino: la inevitable decadencia. S ZAPATERO- RAJOY, EXPECTATIVAS CUMPLIDAS ANTO José Luis Rodríguez Zapatero como Mariano Rajoy demostraron ayer que sabían bien lo que estaba en juego con su reunión en La Moncloa. Ninguno defraudó las expectativas depositadas en un encuentro del que no se podía esperar más, pero tampoco menos, que un primer paso para restaurar la relación entre el Gobierno y el PP sobre política antiterrorista, a partir de unas nuevas premisas de confianza y colaboración. En este sentido, la predisposición favorable de Rodríguez Zapatero y Rajoy para que el encuentro se celebrara libre de condiciones previas se reflejó en el resultado del mismo. Ambos líderes apostaron por el reconocimiento recíproco ante un proceso- -el posible fin del terrorismo- -que trasciende a ambos partidos para consolidarse como una cuestión de Estado, después de dos años en que no ha sido tratado de esta manera. La transacción inicial de este encuentro quedó resumida por cada uno de sus protagonistas. Rajoy asumió la palabra de Rodríguez Zapatero de que no hay compromiso alguno con ETA, y el presidente del Gobierno, no sin cierta condescendencia, constató la recuperación de confianza hacia el líder popular. El ambiente creado por la reunión fue, por tanto, claramente favorable. Pero de las palabras hay que pasar a los hechos, porque los dos últimos años de discordia sobre la política antiterrorista pesan lo suficiente para exigir concreción y lealtad a las expectativas creadas en La Moncloa. Rajoy acudió a la reunión para fijar prioridades, no para pasar facturas, lo que se ajusta al sentido de Estado que está aplicando en esta coyuntura. Y lo hizo en un doble sentido, siempre reclamando protagonismo para las víctimas del terror: por un lado, dando al Gobierno un apoyo para derrotar a ETA; y por otro, pidiendo a Rodríguez Zapatero que únicamente se ocupe ahora de constatar que la intención de los terroristas es que cese definitivamente el uso de la violencia. No cabe duda de que las apreciaciones del PP sobre el curso que debe tomar la acción de Gobierno- -que no son otra cosa que los principios del Acuerdo por las Libertades y contra el Terroris- T mo- -son compartidas por la mayoría de los españoles y, desde luego, por las víctimas. El respeto a la legalidad estatutaria del País Vasco y de Navarra; la vigencia del Estado de Derecho y el respaldo a jueces, fiscales y policías; y el rechazo a todo precio político por el cese del terror constituyen los denominadores comunes que la sociedad española quiere ver reflejados en el fin de ETA. El Gobierno ya sabe en qué condiciones puede contar con el PP. De Rodríguez Zapatero dependerá principalmente que no se defrauden las expectativas abiertas por la reunión de ayer en La Moncloa. Como presidente del Gobierno tiene la iniciativa política, los recursos operativos y los medios institucionales necesarios para evaluar las intenciones de los terroristas. Y si realmente cree que con el PP será más fácil y llegará antes el fin del terrorismo, debe asumir las obligaciones de esta afirmación y compartir con Rajoy todos- -absolutamente todos- -los análisis y las decisiones que vaya tomando el Ejecutivo. Por lo pronto, la comparecencia personal del presidente del Gobierno ante la prensa, para dar cuenta de la reunión, fue un gesto claramente orientado a poner en valor su compromiso de cooperación con el PP. El encuentro de ayer es un buen punto de partida. Mejor de lo que cabía esperar hace sólo unos días y de lo que algunos deseaban. Quienes han denigrado a Rajoy por acudir a la cita de La Moncloa prejuzgaron maliciosamente que el líder del PP había sobreseído el daño sufrido por su partido en estos últimos años y condonado la ocultación reiterada de los contactos previos al alto el fuego Lo que ha hecho Rajoy es, sencillamente, fijar el guión del PP en una situación que algunos que se dicen afines quieren transformar en una encrucijada dramática para su partido, cuando el PP es el único que no tiene nada que demostrar. No se habría entendido que el líder del PP hubiera acudido ayer a La Moncloa con una actitud distinta a la que mantuvo, como tampoco nadie entenderá que el PP silencie el desbordamiento de cualquiera de los límites que ayer fijó Rajoy ante el presidente del Gobierno. LA HERENCIA DE SHARÓN AS elecciones legislativas celebradas ayer en Israel constituyen la consolidación de la herencia política de Ariel Sharón. Su partido Kadima no sólo ha logrado sobrevivir al destino trágico de su fundador- -que sigue postrado en un hospital, en coma profundo e irreversible desde el pasado mes de enero- -sino que ha obtenido un resultado ajustado pero suficiente para interpretar que la sociedad israelí respalda su política de retirada de Gaza y de trazado también unilateral de la frontera con los palestinos en Cisjordania. A pesar de que se trata del más importante cambio en el panorama parlamentario israelí de las últimas décadas, y que éste se produce después de la victoria de los extremistas de Hamás en las elecciones palestinas, la falta de entusiasmo de los electores podría interpretarse como un síntoma de la extenuación de la sociedad judía frente a un conflicto que hace tiempo que ha adquirido proporciones bíblicas. Por otro lado, y aunque no dialogen directamente con ellos, los palestinos enviaron ayer un claro mensaje a los L israelíes, al aprobar el mismo día de las elecciones la composición de su nuevo Gobierno, encabezado por Hamás, en un gesto destinado a subrayar que cualquiera que sea el resultado de la votación y de las posteriores combinaciones necesarias para formar Gobierno en Israel, no tienen intención de cambiar sus posiciones radicales. Una vez conocido el resultado electoral en Israel y la composición del Gobierno palestino, todas las cartas están prácticamente sobre la mesa. Pasado ya el periodo de espera, a partir de ahora empieza el tiempo de las decisiones: del líder de Kadima, Ehud Olmert, para poner en marcha sus planes de una oferta de territorios a los palestinos; de los dirigentes de Hamás, para decidir si les conviene o no reconocer a Israel a cambio de que el mundo les reconozca a ellos; y de los dos grandes actores externos de las negociaciones de paz, Estados Unidos y la Unión Europea, para que consideren si ha llegado el momento de presionar de verdad a unos y a otros en esta nueva etapa política en Oriente Próximo que hoy comienza, para bien o para mal.