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80 LUNES 27 3 2006 ABC Economía El TDC denuncia el intervencionismo del Gobierno en la nueva ley de Competencia En sus observaciones considera excesiva su participación en concentraciones empresariales b Rechaza que el consejo de minis- tros nombre al director de investigación, responsable del área de instrucción del procedimiento, en vez del consejo PALOMA CERVILLA A. LASO D LOM MADRID. Las observaciones realizadas por los nueve miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) a las que ha tenido acceso ABC, sobre el anteproyecto de ley de Defensa de Competencia, elaborado por el Gobierno, pone en cuestión algunos de los aspectos del mismo, fundamentalmente en lo que se refiere al control de las concentraciones empresariales y a la nueva estructura de la futura Comisión Nacional de Competencia. La futura ley, actualmente en fase de tramitación, fundirá el TDC y el Servicio de Competencia, que depende de Economía y Hacienda, en un único organismo, la Comisión Nacional de Competencia, integrada por una dirección de investigación, cuyo responsable nombra el Gobierno, y un consejo. Junto a la posición del TDC frente a la nueva legislación, también hay que destacar la actitud contraria de comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco y, en menor medida, Galicia, y la absoluta oposición de cuatro representantes del TDC: Emilio Conde, Fernando Torremocha, Javier Huerta y Antonio Cacho según reconoce el Ministerio de Economía. Estas son las principales críticas de las observaciones remitidas por el TDC a Economía, con fecha 21 de noviembre de 2005, en las que subraya que el borrador del anteproyecto adolece de debilidades globales importantes La dirección de investigación, bajo sospecha Las razones que han empujado al Gobierno a elaborar una ley de defensa de la competencia, ante la necesidad de adaptar la legislación española a la europea es uno de los aspectos mejor valorados por expertos jurídicos consultados por ABC. En este sentido, destacan la necesidad de modificar una estructura obsoleta y antigua Sin embargo, uno de los aspectos más cuestionados es el nombramiento del director del área de investigación y las propias competencias de este organismo instructor. En este sentido, según el despacho de abogados CBS Albiñana y Suárez de Lezo se le atribuyen competencias que le configuran como un órgano autónomo dentro de la propia comisión Estos expertos jurídicos consideran raro que la dirección de investigación, que es un cargo que depende de la nueva Comisión Nacional de Competencia, no sea designado por el consejo. Este consejo está integrado por cuatro miembros y el presidente, nombrado por el consejo de ministros. El presidente del TDC, Luis Berenguer, a la izquierda, y el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes modificar la decisión adoptada por la autoridad, ésta sea de carácter muy tasado para limitar al máximo la discrecionalidad del poder ejecutivo en esta materia Sobre esta cuestión, subraya que los términos en los que el anteproyecto admite la intervención del Gobierno son excesivos y podrían llevar a dejar sin valor el protagonismo otorgado al órgano de competencia en esta materia y, por ende, a reducir el nivel de independencia del sistema DANIEL G. LÓPEZ ción y graduación de infracciones no es adecuada a los objetivos generales de la ley ya que la propuesta no introduce ninguna graduación entre las infracciones que conforman el mayor número de procedimientos sancionadores resueltos en materia de competencia Distribución de competencias No hay justificación El tribunal considera que no existen argumentos que justifiquen la reducción del número de miembros del órgano colegiado de resolución de los nueve actuales a los cinco (cuatro vocales y un presidente) previstos en el anteproyecto Los miembros del TDC afirman que en primer lugar, la reducción implica un ahorro de costes insignificante; en segundo lugar, frente al previsible incremento de la carga de trabajo, no parece congruente reducir el número de miembros del órgano de resolución; y, en tercer lugar, esta reducción también conlleva efectos negativos respecto a la diversidad de formaciones y experiencias profesionales En el capítulo de competencias, señala que la distribución entre los distintos órganos de la autoridad no responde adecuadamente al objetivo de dotar al sistema de mayores niveles de eficacia y eficiencia, ni recoge el criterio de los programas electorales de los principales partidos políticos, que preveían la integración del Servicio de Defensa de la Competencia en el Tribunal. Régimen sancionador No cumple el objetivo Sobre el régimen sancionador de la nueva legislación, el TDC considera que la tipificación y graduación de infracciones que introduce el anteproyecto no cumple con el objetivo de avanzar hacia una mayor seguridad jurídica por ello, propone la división en dos tipos de conductas: infracciones de las normas sustantivas de competencia y de las normas de procedimiento. Asimismo, pone en cuestión uno de los objetivos del texto en relación a la extensión de la aplicación directa de las normas de defensa de la competencia a los jueces subrayando que este reconocimiento de competencias no está exento de riesgos como, por ejemplo, la inseguridad jurídica derivada de decisiones conflictivas entre las autoridades administrativas y las judiciales El Tribunal señala que la tipifica- Esquema institucional Innecesario EL TDC entiende que en un esquema de autoridad única encargada de la instrucción y la resolución es necesario garantizar la adecuada separación de cada una de las fases del procedimiento En este sentido, apunta que no tiene razón de ser el equilibrio de poder que contiene el anteproyecto entre las fases de instrucción y de resolución Igualmente, considera innecesario el método de nombramiento previsto para el director de investigación ya que entiende que debería hacerse por el consejo, y critica la duración de los mandatos, de cinco años renovables una vez, estimando que el modelo que mejor garantiza la independencia es el de un mandato largo (siete u ocho años) sin posibilidad de renovación Concentraciones empresariales Limitar al poder ejecutivo El TDC cuestiona la cláusula que permite al Gobierno pronunciarse sobre concentraciones empresariales. Así, afirma que si bien el tribunal comparte que la nueva autoridad tenga un mayor protagonismo en la adopción de la decisión final en este tipo de expedientes, es necesario que si se mantiene una cláusula que permita al Gobierno