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ABC VIERNES 24 3 2006 Nacional 35 EL DESAFÍO DEL ESTATUTO CATALÁN Jueces, fiscales y secretarios ven en la obligatoriedad de la lengua una cesión política a los nacionalistas Aseguran que la medida es inconstitucional y provocará un problema de vacantes b Cuatro asociaciones profesiona- les ofrecieron ayer en Madrid una rueda de prensa conjunta para denunciar que se sienten engañadas por el Ministerio de Justicia N. C. MADRID. Jueces, fiscales y secretarios judiciales acusan al Gobierno de haber hecho una concesión política a los nacionalistas catalanes al aceptar que el Estatuto de Cataluña considere el conocimiento de las lenguas cooficiales como mérito determinante para acceder a una plaza en esa Comunidad Autónoma. Esa es la opinión unánime expresada ayer en rueda de prensa por los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Foro Judicial Independiente (FJI) Asociación de Fiscales (AF) y Colegio Nacional de Secretarios Judiciales. Las cuatro asociaciones aseguran que detrás de la expresión mérito determinante se esconde la obligatoriedad de tener un conocimiento suficiente de la lengua, por lo que en realidad se trata de un requisito Por ello, el colectivo profesional al que representan- -no suscribieron la iniciativa Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Unión Progresista Secretarios Judiciales (estos últimos llegaron a contribuir en la redacción del comunicado leído ayer) -se siente engañado por el Ministerio de Justicia, desde donde se les garantizó que el idioma sólo tendría valor como mérito. Para los convocantes de la rueda de prensa, la redacción final dada al Estatuto de autonomía en este aspecto es claramente inconstitucional, pues provoca desigualdades al otorgar absoluta prioridad, al margen de cualquier otra consideración profesional, a quienes conozcan la lengua autonómica. Las cuatro asociaciones se muestran partidarias de fomentar la racional y progresiva implantación de las lenguas cooficiales en la Administración, pero se oponen al absurdo de convertir su conocimiento en inmediatamente obligatorio Lo importante es el servicio Antonio García, de la APM, aseguró que lo que el ciudadano quiere es que los servicios públicos resuelvan con eficacia y rapidez sus problemas Guillermo García- Panasco, de la AF, advirtió que la medida provocará serios problemas de vacantes. El constructor catalán que denunció el cobro de comisiones declara que pagó 108.000 euros ABC BARCELONA. El constructor José Antonio Salguero, que denunció el cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos de CiU, declaró ayer que pagó 108.000 euros en este concepto por la reforma de 18 viviendas porque así se lo exigió el intermediario José María Penín. Salguero matizó que Penín- -pariente lejano del entonces consejero Felip Puig- -no le aclaró el destino de ese dinero, si bien le dijo que no era para él. El constructor declaró ayer como imputado ante el juez que investiga el caso sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales, que afloró tras el hundimiento del túnel del Carmel y que provocó una crisis sin precedentes- -la del 3 -entre los partidos catalanes. Además de Salguero, en la querella por malversación de caudales pú- blicos que presentó la Fiscalía están imputados el ex presidente de Adigsa, Ferran Falcó, y otros seis funcionarios, intermediarios y constructores acusados de conformar una trama para el cobro de comisiones en obras de reforma de viviendas de segunda mano de protección pública. Según relató Salguero, el intermediario Penín le obligó a pagar un 20 en comisiones por las obras realizadas para Adigsa bajo la amenaza de no adjudicarle ni abonarles más proyectos. José Antonio Salguero ha cobrado recientemente de la empresa pública Adigsa 120.000 euros por unas obras de reforma de viviendas de Artesa de Segre (Lleida) que realizó en el año 2003 y que no se le habían abonado porque, según explicó el constructor, no constaba ningún documento de contratación de esos trabajos.