Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 Opinión VIERNES 24 3 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil MUERTOS SIN PIEDAD N EL ESTADO DE DERECHO NO ESTÁ EN TREGUA E E los jueces valoren la nueva situación constituyen un L segundo comunicado remitido por ETA al diario muy grave error de percepción sobre el papel del Estado Gara facilita un análisis más preciso de las intende Derecho en estas circunstancias. Conde- Pumpido ha ciones de esta organización terrorista con la concecomprometido innecesariamente al Gobierno, a cuya sión de un alto el fuego permanente Dicho comunicado confianza en su persona ha apelado en más de una ocaha ratificado el propósito político que reflejaron los etarras sión para hacer frente a las críticas de la oposición, y ha en el primer mensaje: impulsar un proceso político que percomprometido también a los fiscales- -cuyas asociaciomita la superación del actual marco de negación, partines se han desmarcado del fiscal general- -y a los jueces ción e imposición Se reitera que el cambio de marco polítide la Audiencia Nacional, envueltos en la responsabilico deberá reconocer los derechos que como pueblo corresdad de valorar unas primeras contrapartidas al anuncio ponden a los vascos y se emplaza nuevamente a los Estados del alto el fuego permanente Compromiso impertinenespañol y francés a acatar las dos condiciones de viabilidad te, porque, si los jueces, que son ajenos al principio jerárdel proceso: que cese la represión y que, al final, se respequico de la fiscalía, no alteran los criterios de enjuiciate sin injerencias ni limitaciones la voluntad de los vasmiento aplicados hasta el momento, corren el riesgo de cos. Por tanto, los dos comunicados de ETA suman una notiser tenidos por obstáculos para la paz; y si resuelven discia y un mensaje. Una noticia, en sí misma positiva, de cese crecionalmente en sentido distinto al esperado, no faltatemporal de la violencia. Y un mensaje previsible, pero inrán quienes les reprochen un seguidismo político. coherente con las perspectivas políticas suscitadas en los últimos meses, porque lo que ofrece ETA, en medio de variaDEMÁS, las palabras del fiscal general son dobleciones literarias acomodadas a la situación, es un proceso mente erróneas, porque van en contra de una elede autodeterminación y no de paz. Es decir, la misma vimental estrategia de firmeza ante una posible negociasión petrificada de la legitimación esencial de su violencia ción, anticipando a una fase preliminar meramente dey de la finalidad irrenunciable de la misma, que es la consclarativa (sin hechos concretos que detrucción nacional de Euskal Herría. muestren la clara voluntad como diNo obstante, mientras el Gobierno, No se puede sustituir el ce la resolución del Congreso, de abanlas instituciones y los partidos polítiprincipio de legalidad donar la violencia) gestos de concecos nacionales tengan claras las ideas sión que, en otros procesos foráneos y bien asentados los principios sobre por el principio de (Colombia, Irlanda del Norte) se han cómo afrontar este nuevo- -pero no reservado sólo para los presos ya conoriginal- -período del terrorismo etaoportunidad: el denados, mediante la aprobación de lerra, lo que digan los terroristas tendrá yes a tal efecto y tras la verificación un valor relativo. Es más importante Estado de Derecho no del cese definitivo del terrorismo. Si el la firmeza del Estado que la locuacipuede descomponerse Gobierno, en su momento, evaluara dad de los terroristas. Por eso, aunque los comunicados de ETA como la conETA se mantenga en su programa porque una banda dición suficiente para iniciar el diálomáximo, el Gobierno debe seguir recigo, lo que en ningún caso aportaría bebiendo el margen de confianza que, en terrorista anuncie su neficio alguno a su posición es hacer lo una situación como ésta, merece tener. La respuesta del líder del PP, Maenésimo cese temporal que ayer proponía Conde- Pumpido. La aplicación firme de la ley, incluso en la riano Rajoy, no sólo ha estado a la altuadopción de medidas cautelares (Batara de las circunstancias, sino que ha de la violencia suna, por ejemplo, está suspendida introducido un factor de seguridad en cautelarmente) ha sido un instrumenla opinión pública, algo imprescindito decisivo del debilitamiento de ETA y es la principal, ble para evitar que la astucia terrorista confunda la intelipor no decir única, baza del Gobierno para que el fin del gencia del Estado y de sus instituciones. terrorismo no tenga precio político alguno. N este sentido, resulta fundamental para mantener O se puede sustituir el principio de legalidad por el un posición sólida y firme ante el terrorismo que el principio de oportunidad. El Estado de Derecho no Estado de Derecho no se vea afectado por exégesis apresupuede descomponerse porque una organización terrorisradas de los comunicados de ETA. El presidente del Gota anuncie su enésimo cese temporal de la violencia. Bien bierno, con buen criterio, anunció que se tomaba tiempo está que se respalde al Gobierno, que se le conceda el marpara valorar el comunicado de los etarras. Y hace bien, gen de maniobra a que tiene derecho, pero nada tiene que porque ninguno de los dos comunicados satisface, en abver con esto la propuesta de inhibición, aun en fase sumasoluto, las condiciones establecidas en el apartado 2 de rial, de la ley ante quienes hoy, como hace dos días, sila resolución del Congreso de los Diputados, aprobada en guen siendo terroristas o cooperadores necesarios del temayo del año pasado, que autorizaba al Gobierno a inirrorismo, por más que se les endose la etiqueta de interlociar contactos para el final dialogado de la violencia cutores. La historia, como la tierra, acumula estratos, y También Rajoy contuvo su primera valoración al reiteen los que ha dejado ETA en la sociedad durante los últirar que apoyará al Gobierno para poner fin a la violencia mos treinta años hay suficientes desengaños, frustraciosin precio político alguno, adhiriéndose así al sentimiennes y dolor como para mantener el máximo nivel de exito mayoritario de la sociedad española en este momento. gencia en el cumplimiento del único destino admisible Por eso, resulta preocupante que la única autoridad para esta organización criminal, que es la disolución, el del Estado que no se ha guardado de observar la debida desarme y la justicia. ETA no se merece el premio de la prudencia haya sido el fiscal general, Cándido Condedesmemoria. Pumpido. Sus declaraciones sobre la necesidad de que A N O debe pasar desapercibida en el fragor del debate político actual la confirmación de que el Gobierno conocía desde diciembre el informe del Centro Nacional de Inteligencia acerca de la tragedia de los inmigrantes en las costas de Canarias. El ministro de Defensa ha reconocido que presidencia del Gobierno y el Ministerio del Interior tuvieron conocimiento en plena Navidad de que entre 1.200 y 1.700 ilegales habían muerto ahogados. Poco después, el secretario de Estado de Seguridad declaraba que el problema de Mauritania era ya conocido desde al menos hace un año. Pérez Rubalcaba admite que se ha metido en un lío al negar taxativamente que el informe de la Guardia Civil estuviera en manos del Gobierno. Precisamente la Guardia Civil (que fue la única en reaccionar con la nota del 23 de diciembre, que ordenaba intensificar la vigilancia) alerta ahora de que las mafias están dispuestas a fletar más barcos chatarra. Lo único indiscutible es que el Ejecutivo tardó tres meses en activar un plan urgente de cooperación con Mauritania después de recibir la información sobre la muerte masiva de los sin papeles y que ahora todos los departamentos implicados pretenden eludir su responsabilidad. La crisis de los cayucos salpica ya a varios ministerios, comenzando por Interior y terminando por Asuntos Exteriores, cuyo titular manifestaba en el Senado, un día después de conocerse la última tragedia, en la que fallecieron 24 personas, que la situación era seria, pero no alarmante Es lógico por todo ello que tanto la oposición en el Congreso de los Diputados como el Gobierno de Canarias exijan que el Gobierno ofrezca explicaciones rigurosas. La política de inmigración del Ejecutivo socialista trae consigo consecuencias graves. La regularización extraordinaria ha provocado un efecto llamada y la actuación a espaldas de la Unión Europea hace que nuestro país sea todavía más vulnerable, como bien se percibe en Canarias, cuyos centros de internamiento y de acogida se encuentran literalmente desbordados. No es extraño si se tiene en cuenta que casi 3.800 extranjeros en situación irregular han desembarcado en el archipiélago desde que comenzó el año, incluido un número creciente de menores de edad. Falla también la eficacia administrativa, puesto que la división de la política inmigratoria entre Interior y Trabajo afecta a la coordinación imprescindible en una materia tan conflictiva. Ahora se pretende poner en marcha a toda prisa los mecanismos de cooperación con Mauritania, que llevaban varios años aprobados pero sin funcionar. Las cosas no se resuelven recordando la indiscutible eficacia de las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra redes organizadas, ni echando la culpa a supuestos errores del Gobierno anterior. Hay que investigar a fondo para determinar quién y cuándo conoció el informe de la Guardia Civil, sin aceptar la falsa ecuación establecida por Rubalcaba, según la cual si el Gobierno lo hubiera sabido, habría actuado de otra manera. Es evidente que no ha sido así.