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4 Opinión MARTES 21 3 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil EL INICIO DEL PRINCIPIO... DEL COMIENZO E MENOS ESTATUTO, MÁS GESTIÓN C ON la votación de hoy en la Comisión Constitucional se cierra un nuevo capítulo de la larga y compleja tramitación del Estatuto catalán en el Congreso de los Diputados. El Grupo Socialista, consciente del desgaste que supone para Rodríguez Zapatero el desguace del modelo territorial, pretende imponer un calendario acelerado, que choca sin embargo contra un procedimiento complejo y reiterativo que deja abiertas las puertas de la negociación hasta el último minuto. De hecho, nadie se toma muy en serio las escaramuzas en torno al control del aeropuerto del Prat y otros flecos pendientes, con la certeza de que se resolverán a última hora según las conveniencias de unos y otros. Tampoco el no de ERC puede considerarse firme. Irritados por el giro estratégico del Gobierno, los republicanos intentan un equilibrio imposible entre el deseo de permanecer a toda costa en el tripartito y su obsesión por la imagen de pureza nacionalista frente al supuesto entreguismo de CiU. Es una postura de cara a la galería, ya que es muy improbable que se traduzca a la hora de la verdad en un rechazo al texto cuando llegue la hora del referéndum en Cataluña. Es fácil apostar que sólo el PP optará por defender a ultranza el Estatuto vigente. El presidente del Gobierno afirma una y otra vez que el Estatuto es plenamente congruente con la Constitución, aunque ya no utiliza expresiones tan gráficas como dejarlo limpio como una patena Es verdad que se han eliminado algunos elementos inaceptables. Sin embargo, hay múltiples aspectos criticables desde el punto de vista político, que, además, comprometen seriamente la constitucionalidad del proyecto. Cataluña sigue apareciendo como nación en el preámbulo, a la vez que en el articulado se proclaman de forma solemne sus símbolos nacionales. La regulación de los derechos de los ciudadanos catalanes no es un simple complemento del Título I de la Constitución, sino una verdadera carta de derechos y libertades que vulnera el principio intangible de la igualdad entre todos los españoles. En particular, el régimen de la lengua catalana desborda las previsiones de los más alarmistas. Muchas de las competencias atribuidas a la Generalitat y otras que se han desviado oportunamente hacia otras leyes futuras deberán ser examinadas a fondo por el Tribunal Constitucional. En todo caso, el Gobierno no ha lo- grado tranquilizar a una opinión pública muy sensibilizada ante las exigencias permanentes del nacionalismo. Hay otro factor relevante. Ayer informaba ABC de la advertencia de importantes ayuntamientos catalanes gobernados por el PSC respecto del descontento ciudadano ante la pasividad en la gestión del tripartito. Obsesionados por el debate estatutario (cuyo interés para los electores es muy limitado, según encuestas reiteradas) parece que al Gobierno que preside Maragall se le olvida que su tarea principal consiste precisamente en gobernar. La gestión de los asuntos que realmente importan está delegada en los niveles administrativos, mientras los políticos se enzarzan en un debate infinito sobre definiciones identitarias y reparto de poderes futuros. La paradoja resulta llamativa: todos reclaman nuevas competencias y funciones y, en cambio, apenas ejercitan las que les corresponden. El caso del Carmelo ha sido el más llamativo, pero no el único. La clase política catalana se distancia día a día de las exigencias de una sociedad dinámica que reclama, como es lógico, máxima prioridad para los problemas que afectan a su vida cotidiana. No se olvide que las elecciones municipales y autonómicas van a reflejar el grado de satisfacción o descontento de los votantes con sus representantes electos, y no es descartable que se produzcan sorpresas. Por lo demás, el escenario político catalán se mueve en un contexto poco acorde con las reglas del sentido común. Ningún partido asume en su plenitud la paternidad del Estatuto, ni siquiera el PSC. Las relaciones entre Zapatero y Maragall no pasan por su mejor momento, aunque parece que los socialistas aceptan sin entusiasmo que no hay alternativa a la candidatura del presidente actual de cara a las próximas elecciones autonómicas. Montilla continúa haciendo un difícil ejercicio de equilibrismo entre sus altas responsabilidad en el Ejecutivo nacional y sus prioridades como hombre fuerte del socialismo catalán. En el colmo del despropósito, Esquerra rechaza un Estatuto que constituye el eje del programa del gobierno en el que se integra, mientras que CiU apoya un texto que era, en teoría, la baza principal de sus adversarios. Visto el panorama, resulta lógico el desconcierto de los ciudadanos, incapaces de comprender tantas maniobras de salón. TA sigue sin mostrar el más mínimo síntoma de cambio. En su último comunicado, enviado ayer al diario Gara la banda se responsabiliza de nueve atentados (en Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Burgos, Cantabria y Zaragoza) al tiempo que lamenta la muerte de Igor Angulo y Roberto Sainz, reclusos etarras que fallecieron en prisión. Nada nuevo, por lo tanto; o quizás sí, pues en la parte final del escrito los terroristas afirman que todas las oportunidades para Euskal Herria llegarán de recorrer los caminos de lucha y de la firmeza de los ciudadanos, así como de las aportaciones de los gudaris que, en la cárcel, en el exilio o en la clandestinidad lo están dando todo por la independencia en su lucha diaria No es que la banda omita alusiones a una posible tregua, sino que directamente reivindica la vía de la lucha, que al parecer es el único camino que los terroristas están dispuestos a transitar hasta llegar a la independencia. Cada comunicado etarra pone una nueva cautela al famoso inicio del principio del fin de ETA anunciado pomposamente a principios de febrero por el presidente del Gobierno, sin que hasta el momento los españoles perciban el más leve síntoma de que el vaticinio de Rodríguez Zapatero vaya a ser algo más que un pleonasmo. CIENTÍFICOS AL BORDE DEL PARO C ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE? A Guardia Civil conocía desde el pasado diciembre que cientos de inmigrantes sin papeles estaban muriendo frente a las costas de Canarias en un viaje imposible desde Mauritania y entre olas de aguas heladas. Así lo revela la existencia de un informe, con el título Inmigración: Fallecimiento masivo de inmigrantes que al parecer fue enviado el día 19 de ese mes al subdirector general de Operaciones de la Benemérita, José Manuel García Varela, a la sazón número dos del Cuerpo que dirige el general Gómez Arruche. Además de la alerta, el documento contenía recomendaciones de las autoridades de Mauritania para atajar el problema y reducir, en la medida de lo posible, las dimensiones de la tragedia que se ponía en marcha desde su territorio. Nada se hizo entonces y han tenido que pasar tres meses para que el Gobierno que preside Rodríguez Zapatero haya reaccionado, después de que se verificara una nueva catástrofe con decenas de muertos. El Gobierno insistía ayer en que ese informe nunca L llegó a dependencias del Ministerio del Interior, como si la Guardia Civil no estuviera integrada en el departamento. Es probable que en los próximos días asistamos a una colosal acumulación de excusas y de culpas lanzadas de una a otra dependencia ministerial. Vano intento de distraer la atención. Porque el Ejecutivo está obligado a ofrecer alguna explicación convincente ante la inacción y la demora que han ralentizado la respuesta de España, su deber de auxilio, ante un gravísimo problema, con vidas de por medio, que quizá podrían haberse salvado si entonces se hubiera atendido al informe y a sus recomendaciones. Ya es bastante casualidad que las medidas anunciadas el pasado viernes fueran un calco de las propuestas en aquel documento de diciembre por el Gobierno mauritano. Por eso, porque quizás nos hallemos ante un ineficaz funcionamiento de los resortes del Estado en materia de seguridad, el Ejecutivo debe aclarar el asunto con prontitud y depurar todas las responsabilidades. INCO años después, decenas de investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se disponen a demandar al Ministerio de Educación y Ciencia por fraude de ley en su contratación. Se trata de profesionales de reconocido prestigio que forman parte del programa Ramón y Cajal un proyecto puesto en marcha en 2001 con el objetivo de reactivar la carrera española en I+ D. Entonces, el plan ofrecía contratos de cinco años de duración, costeados por el Estado, previa aprobación de un proyecto de investigación. Han pasado los años y para muchos de los científicos incorporados al sistema de la ciencia- -a través de un contrato en prácticas- -el tiempo ha expirado, por lo que su horizonte no es otro que el paro. Los investigadores pretenden que se asuma que hubo fraude de ley al aplicárseles una modalidad laboral que está contemplada sólo para la formación del trabajador. Si así fuera, la consecuencia más normal podría ser que los contratos pasaran a ser indefinidos y que el CSIC se viera obligado a elegir entre readmitirlos o despedirlos, con una indemnización económica equivalente a 45 días por año trabajado. Empleo en precario para profesionales de primera línea internacional que ahora comprueban, en sus propias carnes, lo que va del dicho al hecho.