Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
ABC MARTES 21 3 2006 Opinión 3 LA TERCERA DE ABC DE VALENCIA A JAPÓN, O LOS DISPARATES QUE NO CESAN Por lo visto, en el siglo XXI los japoneses se han convertido en el modelo a imitar por los ciudadanos de Cataluña que deseen que sus hijos estudien en castellano... L 15 de junio del año 2005 advertí en esta misma página, la Tercera de ABC, que era preocupante la proposición de ley orgánica que el PP y el PSOE habían presentado con el fin de reformar el Estatuto de la Comunidad Valenciana. Debíamos mostrarnos satisfechos de la unidad de acción de los dos grandes partidos nacionales. De la conveniencia de un buen entendimiento entre socialistas y populares, en los asuntos de gran importancia, me he ocupado también aquí. Pero en el texto aprobado en Les Corts valencianas se incluía una relación de derechos y deberes para los ciudadanos de aquella comunidad autónoma que era una especie de Carta que debía completar la enumeración que figura en la Constitución de 1978. Se había tomado, a mi entender, un camino peligroso. En los estatutos de las comunidades autónomas no deben aparecer unos derechos ni unos deberes propios de cada una de las zonas de España. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado se afirma en el artículo 139.1 de la Constitución. Y en el artículo 149.1.1 se atribuye al Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales E lán, o para los valencianos en la proposición de ley para la reforma del Estatuto de Valencia. En todos los documentos se comete el mismo pecado original: olvidarse de que es la Constitución la que tiene que completar la Carta de 1978, si la Nación Española, como titular de la soberanía, lo considera oportuno y necesario. Por el momento, los españoles tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. L caso se quiso en Valencia frenar a los partidos catalanes oponiendo a sus pretensiones otras de parecido calado. Pero era, insisto, un juego peligroso. Ahora comprobamos que no sólo el proyecto de Estatuto de Cataluña, sino el elaborado en el Parlamento andaluz, contiene derechos y obligaciones para los ciudadanos de las correspondientes comunidades. Si no se detiene el proceso ya en marcha, dentro de poco los españoles disfrutaremos (o padeceremos) de un estatuto jurídico variable en función del territorio en que residamos. Más protección (o menos protección) de los andaluces respecto a los murcianos en el ejercicio de un derecho; más protección (o menos protección) de los catalanes respecto a los aragoneses en el ejercicio de otros derechos; y así hasta el final de la serie, que en este caso sería el caos. Me referiré hoy al último proyecto que ha llegado a mis manos: el de reforma del Estatuto de Andalucía. Lo he estudiado con el cariño especial que he de tener, y tengo, por las cosas de la tierra donde nací. Todo lo bueno de Andalucía lo considero óptimo, y lo regular, bueno. Pues bien, sorprende que quieran concedernos a los andaluces unos derechos propios de nosotros. Por ejemplo, el derecho a no padecer discriminación (art. 14) o el derecho de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (art. 15) o el derecho a morir dignamente (art. 20) ¿Es que, acaso, los españoles que no sean andaluces carecen de tales derechos? La enumeración de la supuesta singularidad jurídica de los andaluces es larga. Como lo es la reseñada para los catalanes en el proyecto de estatuto cata- A as primeras consecuencias perversas del mal enfoque iniciado en Valencia se registran ya en Cataluña. De forma sorprendente (e inadmisible) alguien que ha asumido la dirección de uno de los partidos allí implantados, apoyándose en lo que el futuro estatuto debe regular sobre la educación, ha declarado que el bilingüismo hay que entenderlo con una marginación absoluta del castellano en la enseñanza pública. Los residentes en Cataluña que deseen que sus hijos estudien en castellano tienen a su alcance la solución: Que se monte un colegio privado en castellano para quien lo quiera pagar, exactamente igual que se montó uno de japonés en su momento He leído y releído varias veces estas declaraciones. No podía creer que nadie, y menos un político en declaraciones públicas, otorgase al idioma castellano y al idioma japonés la misma consideración en Cataluña. ¿Afecta esta posición, tal vez, al honor de alguien? Formulo esta pregunta porque hace unos tres años, siendo yo presidente del Tribunal Constitucional, el mismo personaje político de las declaraciones japonesas movilizó a su partido en una campaña contra mí por haber dicho que la calidad de vida en Granada, diez siglos atrás, era superior a la de otras zonas de España. No mencioné a Cataluña, pero allí algunos se dieron por aludidos. Y no resistieron la invocación de la oda Oriental de Zorrilla, aquella que comienza: Corriendo van por la vega a las puertas de Granada... y en la que se recuerdan las fuentes con más de cien surtidores Con la absurda pretensión de que yo había ofendido el honor de Cataluña, llegaron con una demanda ante el Tribunal Supremo. Pero, en los siglos X y XI, ¿dónde estarían nuestros antepasados? ¿Gozarían ellos de la indiscutible calidad superior de vida de Córdoba y Granada, o harían su vida en las malas condiciones higiénicas de otras zonas de España? La Sala Primera del Tribunal Supremo, el 5 de junio de 2003, rechazó por unanimidad de sus magistrados que yo hubiese ofendido a Cataluña. Ni a Cataluña ni a nadie, salvo a los que son unos ignorantes, esos que no tienen conocimiento de la historia de España. (Además de ignorancia supina, quienes iniciaron o alentaron aquella campaña contra mí fueron mal orientados en la batalla judicial. El propósito era apartarme de los casos en los que la Generalitat fuese parte, alegando pleito pendiente Si el que se presentó voluntario para demandarme hubiese sabido su oficio, una vez que el Juzgado de Primera Instancia, al que inicialmente acudió, se declaró incompetente, dada mi condición de aforado, debió recurrir en apelación, con lo que habría ganado un par de años de abstenciones mías, por tener pleito pendiente Cometió el error de ir rápido y directo al Tribunal Supremo, que en unas semanas le dictó la sentencia contraria a sus pretensiones. Malintencionados e ignorantes: una amalgama perniciosa) L os promotores de los disparates siguen coleando en Cataluña. Una de sus últimas hazañas ha sido equiparar a los castellanoparlantes con los japoneses. Por lo visto, en el siglo XXI los japoneses se han convertido en el modelo a imitar por los ciudadanos de Cataluña que deseen que sus hijos estudien en castellano. Y ya que hablamos de disparates, hay que anotar que en estos días se está presentando a la opinión pública un simple auto de inadmisión de un amparo ante el Tribunal Constitucional como si fuese una sentencia que se hubiere pronunciado sobre el fondo de un asunto de inconstitucionalidad. Yo sigo considerando anticonstitucional el proyecto de Estatuto de Cataluña. A pesar de los retoques introducidos en su actual tramitación. No sólo es inconstitucional, sino que resulta anticonstitucional. La Nación Española, como titular de la soberanía, se halla en la base del edificio constitucional. Si se destroza uno de los cimientos, el edificio cae. No hemos de oponernos a una revisión del texto de 1978. En todas las democracias del mundo se reforman ciertas normas para actualizar y mejorar el conjunto del ordenamiento. Pero no hemos de consentir, con el silencio de los tibios, que se destroce la Constitución Española. MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas