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16 Nacional EL DESAFÍO DEL ESTATUTO CATALÁN EL FRENTE JURÍDICO JUEVES 16 3 2006 ABC EN LA MITAD DE LA LEGISLATURA D os años de mandato, el ecuador de la Legislatura, permiten un ensayo de balance. La anomalía de las circunstancias en que llegó al poder, el aprovechamiento de la tragedia terrorista y la vulneración de la jornada de reflexión empañan la limpieza pero no diluyen la legitimidad de origen del Gobierno. El ejercicio ha ahondado en la discordia entre los españoles y en la degradación de la convivencia política. Aunque su responsabilidad no es exclusiva, sí es principal. En general, parece que el Ejecutivo contenta a sus incondicionales: a la izquierda, especialmente a la más radical, y a los nacionalistas; aunque cabe apreciar una moderada pérdida de IGNACIO apoyo en los sectores osciSÁNCHEZ CÁMARA lantes, que el PP sólo limitadamente recupera. Dicen las encuestas, que existe un empate. La crítica política no tiene por qué limitarse al cumplimiento del programa, pues cabe censurar lo que, habiendo sido prometido, se revela inadecuado. Mas conviene distinguir entre las críticas ideológicas y las que, al margen del eventual desgaste electoral, afectan al núcleo fundamental de la convivencia. Unos aspectos pueden desagradar sólo a quienes se oponen; otros entrañan un mal para la Nación, aunque aplaudan los incondicionales. No son los errores de cálculo electoralista los que más me preocupan, sino otros que acaso apenas entrañen desgaste a corto plazo. Si no me equivoco, entre los principales errores destacan el extravío de la política exterior, el cambio en la lucha antiterrorista, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y los ensayos de ingeniería social que aspiran a imponer desde el Estado una determinada concepción de la sociedad y de la moralidad. Es cierto que todo Gobierno hace su política y que no es sensato que espere el aplauso de la oposición. Pero hay niveles y grados en el malestar. Pongamos un ejemplo de la Legislatura pasada. Es cierto que la política de Aznar sobre la guerra de Irak irritó a la oposición y, aunque no entrañó la participación de España en la guerra, posiblemente contó con la desaprobación de la mayoría de los ciudadanos. Pero en ningún caso entrañó una ruptura de la convivencia ni un cambio radical en la política exterior: entre los aliados, unos apoyaron a la coalición y otros no. Los demás aspectos criticados afectaban a la gestión o a la comunicación, pero no a un intento de llevar a cabo una ruptura de la concordia ni una nueva transición. Esto es lo nuevo y lo más grave. El Gobierno ha emprendido una estrategia y un sistema de alianzas para constituir un frente que aísle al PP e impida su presencia normal en la vida pública y el regreso al poder. Todos los errores políticos poseen una misma raíz: la ruptura de la concordia y del espíritu de la transición. Se trata de una grave irresponsabilidad que aún puede ser rectificada. Si no se hace por el bien de la Nación, acaso quepa hacerlo, aunque no sea a corto plazo, por interés electoral. Mientras se discute si el PP ha abandonado o no la moderación, quien realmente la ha abandonado es, me parece, el Gobierno. La mayoría del Pleno del TC decide no admitir a trámite el amparo del PP contra el Estatuto catalán Cinco magistrados anuncian votos particulares discrepantes adelantó su opinión sobre la demanda del PP al señalar en una providencia del pasado febrero su carencia de contenido constitucional ABC MADRID. Con los votos a favor de siete magistrados y los votos particulares en contra de otros cinco, el Pleno del Tribunal Constitucional decidió ayer inadmitir a trámite el recurso de amparo planteado por el Grupo parlamentario Popular contra la tramitación del Estatuto de Cataluña. El PP sostiene que la propuesta no debió tratarse por la Mesa del Congreso como reforma estatutaria sino como presentación de un nuevo texto en el que, además, los populares ven una reforma encubierta de la Constitución. La diferencia es muy importante, pues de haber prosperado la tesis del PP, la aprobación del Estatuto catalán habría requerido una mayoría reforzada de las Cámaras y el voto de los diputados populares habría resultado imprescindible. De ahí que el Partido Popular considere vulnerado el derecho de participación, que la Constitución recoge en su artículo 23, pues entiende que al tramitar la propuesta de Estatuto como reforma se priva a sus parlamentarios- -y también a los ciudadanos a los que representan- -del derecho a influir con su voto en el resultado final de la votación. La falta de una posición unánime en el seno del Tribunal Constitucional provocó que el Pleno decidiera recabar la opinión de la Fiscalía, y b El TC lo hizo con una providencia en la que ya adelantaba que la demanda de amparo presentaba una carencia manifiesta de contenido constitucional Para la Fiscalía, la admisión o no a trámite del recurso del PP tampoco resultó un asunto pacífico. Seis de los nueve fiscales ante el TC se mostraron partidarios de admitir a trámite el recurso, lo que habría supuesto un pronunciamiento de fondo sobre la tramitación dada por la Cámara a la propuesta de Estatuto catalán y habría propiciado una inevitable valoración sobre el encaje constitucional del texto. Los otros tres fiscales votaron en contra. La tesis mayoritaria, sin embargo, no prosperó. El fiscal general del Estado, Cándido Conde- Pumpido, sometió el asunto a la Junta de Fiscales de Sala- -la cúpula de la carrera- -y 15 de sus 19 miembros se mostraron partidarios de inadmitir el recurso del PP con el argumento, entre otros, de que éste escondía un fraude de ley. La Junta consideró correcta la actuación de la Mesa del Congreso, que no podía ir más allá del control formal de la propuesta de reforma de Estatuto pues lo contrario- -un análisis del fondo- -habría supuesto usurpar funciones que corresponden al Pleno del Congreso de los Diputados. El PSOE insiste en citar a Hernando y Acebes lo tacha de persecución La Mesa y Portavoces de la Comisión de Justicia del Congreso acordó ayer, con la oposición del PP, citar de nuevo al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Francisco José Hernando, por sus cinco comparecencias incumplidas, tanto la relativa a las penas por delitos de terrorismo como las que hacen referencia a sus declaraciones contra el Estatuto. Pese a ello, lejos de plantear su reprobación, los grupos dijeron que rebajarán el tono de sus críticas para facilitar que venga Los representantes de PSOE, CiU, ERC y PNV adoptaron este acuerdo después de que ayer Hernando plantara a la Cámara por segunda vez en ocho días con el argumento de que las citaciones buscan un control político Todos los portavoces de la Comisión apoyaron el nuevo requerimiento- -salvo el PP, que se opuso- adoptado tras una reunión en la que el presidente de este órgano. Mientras el socialista Álvaro Cuesta justificaba que el presidente del Supremo volviera a ser llamado oficialmente, el secretario general del PP, Ángel Acebes, arremetió contra el PSOE y el resto de grupos por lo que calificó de persecución intolerable Para los populares, todo obedece al control político del poder judicial que pretenden los socialistas. El Gobierno catalán se gasta en sólo dos años 73 millones de euros en informes MARÍA JESÚS CAÑIZARES BARCELONA. Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) pidió ayer la dimisión del primer consejero de la Generalitat, Josep Bargalló (ERC) para acabar con la extrordinaria hipocresía y la demagogia permamente del tripartito, que según recuerda esta formación, ha hecho bandera de la transparencia y de la austeridad, cuando en dos años, ha gastado ya 73 millones de euros (más de 11.000 millones de pesetas) en informes irrelevantes Uno de los estudios fue encargado a la esposa de Bargalló, por un valor de 1.620 euros, y sirvió para asesorar al Instituto Catalán de la Mujer, órgano dependiente del departamento de Presidencia. Buena parte de los informes están dedicados a tantear la imagen del tripartito, pero también hay un gran listado relacionado con el nuevo Estatuto. El departamento de Relaciones Institucionales ha gastado en dos años unos 375.000 euros en estudios sobre la reforma estatutaria, la mi- tad del gasto total de esa consejería. Entre esos estudios figuran títulos tan singulares como El grado de hibridación entre la codornix común y la codorniz japonesa al que se destinaron 11.872 euros. El portavoz de CDC, David Madí, se refirió a los informes encargados al despacho privado del presidente del Consejo Consultivo de la Generalitat, Joaquín Tornos, algo muy grave, porque los miembros del Consultivo no pueden tener ningún tipo de asesoramiento, ni contrato con el gobierno, debido al carácter de independencia que tienen Tornos sostiene que los contratos son legales. El secretario de organización del PSOE, José Blanco, cuestionó todo esos gastos. Los abusos no forman parte de nuestra forma de entender la política dijo.