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4 Opinión JUEVES 16 3 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil INTERNADA A SU FAVOR A Audiencia Provincial de Barcelona ha autorizado el internamiento no voluntario de una joven de veinte años, Rocío S. a la que los médicos han diagnosticado anorexia. Los jueces han aceptado el recurso de la familia, que alegaba la incapacidad de Rocío para decidir por sí misma. Un juzgado de Badalona rechazó la medida de internamiento, pero la Audiencia ha tomado la decisión de autorizarla, algo nada fácil, sin duda, porque no sólo dispensa a la anorexia el tratamiento de una enfermedad psíquica, sino que, además, decide el ingreso contra la voluntad de Rocío S. lo que implica atribuir a esta enfermedad, en este caso concreto, un efecto incapacitante sobre la persona. Las leyes encomiendan a los jueces responsabilidades muy complejas sobre la vida de las personas, teniendo que resolver, en muchas ocasiones, dilemas graves, como el caso de Rocío S. mayor de edad, pero, según la Audiencia, incapacitada para su autogobierno. La decisión judicial es revisable según evolucione la enfermedad. Por eso el internamiento es provisional. Los médicos tendrán un criterio decisivo sobre el futuro de Rocío S. como lo han tenido hasta ahora. En todo caso, el interés superior de la salud física y mental justifica la intervención de los tribunales, aun cuando su criterio deba imponerse a la voluntad del afectado. L EMERGENCIA MIGRATORIA A avalancha de inmigrantes que está sufriendo Canarias ha sido calificada por el delegado del Gobierno en dicha comunidad como una emergencia nacional Y, sin duda, se trata de una situación que merece esa calificación y como tal debe ser abordada por el Gobierno. Sin embargo, y a pesar de que ayer por la mañana se reunió un comité de urgencia para analizar las medidas que frenen la llegada masiva de pateras procedentes de Mauritania, el Ejecutivo se ha visto sorprendido por un cambio de ruta de las mafias de la inmigración que era fácilmente previsible desde que Marruecos controla con más intensidad sus fronteras. No sólo se está generando en las Islas Canarias un problema insuperable de atención a los inmigrantes (más de 2.000 este año) sino también una tragedia continua. Ayer mismo fueron recuperados a cuatrocientas millas de la costa canaria los cadáveres de, al menos, veinticuatro subsaharianos. Cabe preguntarse, y al Ejecutivo le corresponde dar explicaciones, por qué Mauritania no estaba incluida en la gira africana del ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, gira que le impidió asistir a importantes citas internacionales en Europa a finales del pasado año. Mauritania tiene frontera con Marruecos y es el siguiente país más cercano a las costas canarias. Su litoral es muy extenso y el país carece de medios suficientes para controlarlo. No es exagerado considerar que el Gobierno ha incurrido en una clara imprevisión sobre el desarrollo de la situación y, nuevamente, como sucedió en 2005 con Ceuta y Melilla, llega tarde a proponer soluciones, y las que propone son de dudosa eficacia. El comité de crisis acordó ofrecer patrulleras españolas a Mauritania y reforzar las infraestructuras para acogida de inmigrantes en Canarias. Sin embargo, lo más sorprendente es que el Gobierno anuncie ahora- -siguiendo el mismo patrón que el pasado año con Marruecos- -que va a reactivar el Acuerdo Bilateral de Readmisión firmado en julio de 2003 con Mauritania. La pregunta evidente es por qué no fue reactivado desde que se constató que Mauritania era la nueva lanzadera de la inmigración ilegal. Hay, por tanto, una crisis migratoria que el Gobierno L debe resolver cuanto antes, pero el problema es mucho más grave. La política de inmigración del Ejecutivo no sólo no es eficaz, sino que está agravando la situación. El proceso de regularización masiva que finalizó en 2005 no acabó con la inmigración ilegal en España, como anunciaban, con optimismo digno de mejor causa, los responsables del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Sería importante para el debate político social conocer por boca del Gobierno cuántos inmigrantes ilegales hay en España en este momento, dato que podrá facilitar sin problema, pues los calculó con precisión para justificar su regularización masiva, orientada principalmente a mejorar las cifras de contratación y afiliación a la Seguridad Social. Por el contrario, se ha producido un claro efecto llamada desde que se anunció aquel proceso (animado por el fraude consentido de los empadronamientos por omisión) que algunos de los principales Estados miembros de la Unión Europea denunciaron en su momento con toda contundencia y ahora se ve que con acierto. Hace falta ayuda europea y no se ha conseguido. Si Bruselas tiene razón en quejarse de la irresponsable política de regularización masiva implantada por el Gobierno socialista, también debe asumir la corresponsabilidad en proteger su frontera más vulnerable. Lo que no se sabe es qué ha hecho el Ejecutivo socialista para conseguirla, más allá de las partidas prometidas para Ceuta y Melilla en las perspectivas financieras aprobadas en 2005, bajo la presidencia británica. En la mitad de la legislatura, la inmigración ilegal es para España un problema agravado y más extendido que en 2004. Hace falta una política de Estado apoyada en el acuerdo entre Gobierno y oposición, liberada de prejuicios ideológicos, que implique activamente a las instituciones europeas, que integre a los Estados de origen y que no ofrezca duda alguna de que la ley se cumple y de que sólo puede residir y trabajar en España quien entre con los papeles en regla. Éste va a ser uno de los retos principales, a corto plazo, de la sociedad española, porque están en juego sus límites de asimilación social, cultural y laboral. EL TRIPARTITO DESPILFARRA EN INFORMES E EUROPA EN ORIENTE PRÓXIMO OS graves incidentes que se han producido en Jericó, con ataques directos contra ciudadanos e instalaciones diplomáticas europeas, deberían iluminar la reflexión sobre la necesidad de un cambio fundamental en nuestra visión de un infortunado conflicto y en el análisis de las posibilidades de influir en su improbable resolución. Es cierto que, como sociedades civilizadas, debemos aspirar a ayudar a los demás seres humanos a alcanzar una vida más satisfactoria, que el espectáculo cotidiano de la violencia hiere nuestras conciencias y que, aunque no fuera más que por simple egoísmo, a Europa le conviene contribuir a detener un conflicto que tiene lugar en la esfera inmediata de nuestros intereses. Pero algo no funciona cuando decimos por un lado que Europa es con diferencia la mayor fuente de asistencia financiera al pueblo palestino y al mismo tiempo nos lamentamos de que nuestra influencia real en el desarrollo de los acontecimientos sea tan irrelevante. No siempre los fríos términos contables sirven para medir la rentabilidad de una determinada política, y, sin embargo, en este caso se puede decir claramen- L te que los ingentes esfuerzos diplomáticos y el dinero que invierte Europa en el conflicto de Oriente Próximo no han dado hasta ahora frutos relevantes. En estos momentos, no sería consecuente con las tradiciones europeas que se aplicase una especie de represalia, cortando toda ayuda como castigo colectivo contra todos los palestinos por los desórdenes que han cometido unos pocos, pero tampoco lo es que siguiéramos actuando como si no pasara nada. Lo único que cabe es una profunda revisión de nuestras posiciones en este conflicto, que se alejen de tanto voluntarismo bienintencionado y empiecen a cimentarse sobre los hechos reales, que son los que con una terquedad inclemente se acaban imponiendo. Si a estas alturas ciertos responsables israelíes creen que obtendrán más votos mostrándose inflexibles y agresivos contra los palestinos, y del otro lado hay dirigentes palestinos que ganan las elecciones con la promesa de una guerra eterna contra Israel con argumentos político- religiosos, es lícito preguntarse de qué ha servido esta política de apaciguamiento bienintencionado que Europa ha estado financiando hasta ahora. L despilfarro de la Generalitat de Cataluña a la hora de encargar estudios ha alcanzado cifras desorbitadas. En dos años, el tripartito ha gastado más de 73 millones de euros en informes que van desde los símbolos del catalanismo a asuntos tan trascendentales para el bienestar de los catalanes como el grado de hibridación entre la codorniz común y la codorniz japonesa por el que se pagó 12.000 euros. Dos datos contribuyen a incrementar las sombras que presenta el asunto: primero, la extraordinaria producción externa contratada por la Administración catalana, donde deben de escasear los especialistas, habida cuenta de que los informes han de hacerlos personas ajenas a la Generalitat; y segundo, que entre los autores se encuentren familiares o amigos de miembros del Ejecutivo que preside Maragall, como la mujer del primer consejero, el independentista Josep Bargalló. Urge una investigación exhaustiva del Parlamento catalán que aclare las cuentas y aporte explicaciones convincentes (si es que las hay) de una cuestión que presenta muy mala cara y pone, de nuevo, en solfa la competencia de un Gobierno que ha perdido toda una legislatura obcecado en la reforma estatutaria y que ha gobernado de espaldas a los problemas reales de los catalanes.