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20 Nacional MARTES 14 3 2006 ABC EL DISPARATE DE LA PAZ odríguez Zapatero es un presidente que acompaña su acusado desconocimiento del terrorismo con una autosuficiencia y una vanidad que le están llevando a lo que es y será sin duda el peor error de su Gobierno, el de la política antiterrorista. En contra de la imagen dialogante que cultiva de cara a los medios de comunicación, es más que evidente a estas alturas que ni ha escuchado ni atendido a ningún experto en terrorismo etarra y País Vasco y que ha arrastrado al PSOE a un imprudente y desorientado plan de paz fruto de su propia cosecha y en el que no creen nadie más que él y un reducido grupo dentro de su partido. EDURNE Los intelectuales afiURIARTE nes esperan algún milagro para prolongar un silencio incómodo y sofocante y los afiliados socialistas se esfuerzan cada día en creer que un líder que han elegido ellos mismos, todo un presidente del Gobierno de la nación, no puede ser capaz de pergeñar lo que a todas luces parece un disparate. El disparate de la paz. En realidad, la inmensa mayoría de ellos no tiene un solo argumento consistente para estar en desacuerdo con lo que dijo hace unos días José María Cuevas sobre el disparate del proceso de paz Porque saben perfectamente lo que quiso decir con esa expresión brutal y poco sofisticada, que esto no es un proceso de reconciliación entre dos grupos violentos ni un diálogo entre legitimidades comparables. Y que el presidente, por el momento, lo único que ha logrado con su lenguaje y estrategia equivocadas es que así lo parezca. Entre otras cosas, porque ha puesto de nuevo el discurso y la iniciativa sobre terrorismo en manos de los nacionalistas, y, lo que es peor, de los propios terroristas. En manos de las fanfarronerías de Otegi, sea la bronquitis, la huelga general o su reivindicación desafiante de la representación de ETA, en manos de Ibarretxe y su enésimo cuestionamiento de la acción judicial contra el terrorismo, o en manos de nacionalistas como Josu Erkoreka, Iñigo Urkullu o José Elorrieta para los que la decisión de Grande- Marlaska es la reacción de la extrema derecha para impedir la paz. En su osado desconocimiento, Zapatero pensaba que hay un punto intermedio entre los firmantes del Pacto de Lizarra y el juez Grande- Marlaska. Que, en contra de toda la evidencia acumulada en los últimos treinta años, él sería capaz de descubrirlo. Y con lo que se ha topado es con lo mismo que se encontraron sus antecesores, González o Aznar, con un terrorismo desafiante que ni está dispuesto a rendirse ni a renunciar al precio político. La gran diferencia es que aquellos tantearon a ETA en circunstancias históricas completamente diferentes o con iniciativas previas de los etarras que hicieron de sus intentos de negociación acciones legítimas, aunque fracasadas, del Estado. Lo de Zapatero jamás alcanzará esa categoría. Pasará a la historia, simplemente, como un incomprensible error. Y no del Estado. Tan sólo de él mismo. R El Gobierno da marcha atrás y aumenta el papel de las diputaciones y provincias en la ley de régimen local El nuevo borrador del Ministerio de Administraciones Públicas enumera más competencias para estas instituciones b Los expertos consultados por ABC mantienen sus críticas y señalan que el texto provisional continúa sin reconocer la naturaleza política de la provincia J. L. L. MADRID. El Gobierno ha decidido dar marcha atrás y aumentar el papel de las provincias en el futura ley de régimen local. El borrador que hasta ahora manejaba el Ministerio de Administraciones Públicas- -cuyo texto fue adelantado en su día por ABC- -sólo otorgaba a las provincias e islas las competencias de asistencia y cooperación a los municipios. El nuevo texto del Gobierno- -avanzado ahora también por este periódico- -desarrolla esa función de asesoramiento a los ayuntamientos y, además, establece la potestad de la ejecución de obras y equipaciones y la prestación de servicios públicos de carácter municipal e intermunicipal, así como el apoyo a las políticas locales de su territorio El anteproyecto de ley del Gobierno y la Administración Local- -actualmente, en fase de elaboración- -había cosechado duras críticas por parte de los entes locales gobernados tanto por el PP como por el PSOE (ver ABC del pasado 27 de febrero) Según los expertos en materia local consultados por este periódico, el anterior borrador desnaturalizaba el carácter político y representativo de la provincia, ya que ésta pasa a ser una agrupación de municipios y esa consideración reducía su autonomía. El ministro Sevilla, en una sesión en el Senado EFE El Ejecutivo ha decidido rectificar después de consultar a decenas de organizaciones, partidos y entes locales cas explica que ha recogido las inquietudes manifestadas por algunos expertos y representantes locales, especialmente la Fundación Democracia y Gobierno Local, que dirige el presidente de la Diputación de Barcelona, Celestino Corbacho, y de la que forman parte las diputaciones de Alicante, Orense, Coruña, Badajoz, Cáceres, Huesca, Sevilla, Lugo y Toledo, entre otras. Pese a todo, los expertos en materia local consultados por ABC mantienen sus críticas a este nuevo borrador, ya que el artículo 1.3 sigue sosteniendo que la provincia es una entidad local territorial determinada por su condición de agrupación de municipios El último texto del Ministerio de Administraciones Públicas añade a ese artículo 1.3 el siguiente párrafo: (la provincia) garantiza la efectividad de las Proceso de consultas El Ministerio de Administraciones Públicas sostiene ahora que la nueva redacción que ha introducido en la futura ley incorpora una garantía y una enumeración de las competencias de las diputaciones provinciales Se trata de aumentar la relevancia y su papel, sin interferir ni perjudicar las posibilidades de actuación de municipios y comunidades autónomas señalan fuentes del departamento ministerial que dirige Jordi Sevilla. El Gobierno quiere dejar claro que la nueva redacción ha surgido del proceso de consultas y sugerencias realizadas por decenas de organizaciones, grupos políticos y las propias corporaciones locales y provinciales para la elaboración del texto definitivo. En este caso, el Ministerio de Administraciones Públi- competencias y los servicios municipales y la aplicación del principio de subsidiariedad Los expertos consideran que el nuevo borrador de la ley de régimen local continúa sin reconocer la naturaleza política y representativa de la provincia, aunque sea de segundo grado ni su condición de entidad local básica en el modelo territorial español. No le da, pues, el reconocimiento constitucional que tiene ni le concede ninguna garantía institucional frente al desarrollo que pueda hacer cualquier reforma estatutaria afirman las mismas fuentes. En este sentido, los expertos aprecian la influencia del nuevo Estatuto catalán, empeñado en desfigurar la provincia y suprimer su órgano de gobierno- -la diputación- -para poder configurar esa comunidad autónoma en veguerías y consejos de veguerías Como consecuencia de la falta de reconocimiento institucional, las competencias de las provincias, según las fuentes consultadas, son fundamentalmente de carácter funcional, de manera que no hay ninguna que pueda ser calificada de competencia propia, como sería, por ejemplo, la de fomentar el desarrollo económico y social junto con el resto de las administraciones.