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4 Opinión MARTES 14 3 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil EL JUEZ MARLASKA Y EL PESO DE LA LEY I POR LA LEGITIMIDAD DEL ESTADO E L juez instructor del sumario por los atentados del 11 de marzo de 2004 tomó ayer la acertada decisión de levantar parcialmente el secreto que ampara los trámites de la investigación para diluir las dudas que pudieran existir acerca de una supuesta manipulación de las pruebas. Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional emitió un comunicado en el que se afirma textualmente que dichas pruebas- -en concreto una mochila con explosivos y un teléfono móvil a partir de la cual se han obtenido evidencias consistentes para la dilucidación de este caso- -fueron custodiadas de forma permanente por la policía judicial añadiendo que el funcionario de policía encargado de coordinar la recogida y custodia de los efectos afirmó (ante el juez instructor) que no observó ninguna manipulación de los objetos recogidos La Dirección General de la Policía, en una comunicación pública sin precedentes- -además de tachar de falsas determinadas afirmaciones aparecidas en un medio de comunicación, de las que se han hecho eco algunos dirigentes del PP abunda en la tesis de la Fiscalía, sosteniendo rotundamente que bajo ningún concepto han podido ser objeto de manipulación dichas pruebas. La Dirección General considera inaceptable que dirigentes políticos siembren de sospechas y dudas la honradez y profesionalidad de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en vez de proteger su inestimable función en el Estado de Derecho Los atentados del 11- M han provocado una profunda y dolorosa fisura en la convivencia nacional, que en las últimas semanas se ha ido ahondando con supuestas informaciones solventes y un cúmulo de sospechas y afirmaciones infundadas. Pareciera que existe un propósito deliberado de sabotear la labor de la instrucción judicial, desacreditar a los agentes policiales que han intervenido en ella y deslegitimar la muy próxima resolución del juez que, casi con seguridad, procederá al procesamiento de más de una treintena de personas, tres de las cuales estarían consideradas como autores materiales de la matanza del 11- M. La consecuencia de esta endemoniada espiral no sería otra que la deslegitimación del resultado de las elecciones generales celebradas tres días después de la masacre y en un clima de máxima crispación, la demostración de que el sistema judicial no es capaz de depurar responsabilidades y la probabilidad de que una parte de las Fuerzas y Cuer- pos de Seguridad del Estado mantuvieran connivencias inconfesables y propósitos antidemocráticos. La decisión de levantar parcialmente el secreto del sumario y las comunicaciones públicas de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de la Dirección General de la Policía arroja luz sobre un juicio paralelo extraordinariamente frívolo e irresponsable. Y lo más importante: esta transparencia permite que desde estas páginas podamos reiterar- -y así lo hacemos- -la legitimidad de los resultados de las últimas elecciones generales- -celebradas tras una supuesta jornada de reflexión en la que objetivamente acontecimientos muy graves condicionaron el desarrollo de la consulta electoral- la confianza en el Poder Judicial y el apoyo a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Podría parecer que estas declaraciones son, por obvias, innecesarias. No es así. Es preciso, justamente cuando se ponen en cuestión distintas instancias del Estado, insistir en su plena legitimidad y reclamar de todos la solidaridad con los mecanismos del sistema democrático- -judiciales, policiales, gubernativos, representativos- -no sólo para hacer justicia, sino también para amparar todos los intereses sociales, bajo el principio de legalidad. De la misma manera, cabría pedir a quienes apresuradamente han dado por cerrado el 11- M- -fiscal general del Estado y destacados miembros del Gobierno- -que no ejerzan con sus comentarios presión añadida sobre los jueces encargados del caso. Las graves acusaciones que se han formulado en las últimas semanas, en especial a determinados sectores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se remiten a un momento temporal en el que gobernaba el PP. Fue bajo su mandato cuando se planificaron y perpetraron los atentados terroristas y bajo su Gobierno cuando se produjeron detenciones y acumulación de pruebas a la postre definitivas para el buen fin del sumario que se instruye. Y ese comportamiento forma parte de su patrimonio democrático. Resulta paradójico, por eso, que desde algunos sectores del primer partido de la oposición no se observen también desde esa perspectiva los acontecimientos producidos en torno a la investigación judicial del 11- M. En aquella fecha, 192 vidas quedaron segadas. Sería un perverso efecto diferido que, a propósito de su esclarecimiento judicial, algunos pretendan deslegitimar el Estado contra el que también atentaron los terroristas. MPECABLE actuación la del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande- Marlaska, que al mismo tiempo que suspendió la declaración del dirigente proetarra Arnaldo Otegi- -tras confirmar que éste padece bronquitis- ordenó a la Erzaintza que vigile su domicilio al considerar que existe riesgo de fuga. El magistrado dictó un auto en el que no se fija fecha para una nueva comparecencia, pero se ordena que Otegi sea examinado cada doce horas hasta que esté recuperado. El rigor profesional del juez Grande- Marlaska estrecha el círculo y el margen de maniobra del portavoz de la ilegalizada Batasuna, al que responsabiliza de los actos violentos que se produjeron el pasado jueves durante la jornada de huelga y movilizaciones convocadas por la izquierda abertzale, situación que podría modificar la situación de libertad provisional de Otegi. En el auto dictado ayer, el juez Grande- Marlaska agota todas las medidas de aseguramiento del sospechoso, ya que- -como se señala en el mismo- desde el pasado viernes Otegi ha intentado por todos los medios que no se produjera su comparecencia, por lo que la suspensión de ésta acrecienta el riesgo de fuga En suma, todo el peso de la ley para evitar una hipotética huida. RADIOGRAFÍA DE LA SANIDAD PÚBLICA O más revelador del Barómetro Sanitario correspondiente al año 2005 y presentado ayer por la ministra de Sanidad, Elena Salgado, es el dato que pone de manifiesto que una mayoría de españoles (el 50 por ciento) considera que las listas de espera no han mejorado, si bien el 46 por ciento estima que se han producido avances. De la misma manera, hay un dato que bien merecería una reflexión: el 41,4 por ciento de los encuestados cree que la eficacia y los servicios que presta el Sistema Nacional de Salud varían en función de la ciudad en que se viva o la comunidad en que se resida (28,9) lo que pone de manifiesto que la transferencia de la Sanidad a las Autonomías provoca visiones diferentes en función de los distintos territorios. En lo que parece haber una notable coincidencia (76 por ciento) es en el hecho de que los españoles entienden que la forma más justa de financiar la sanidad pública es mediante los impuestos, aunque el 45,3 cree que el dinero que el Estado le dedica es poco. En medio de este cruce de cifras y datos que permiten obtener una radiografía bastante precisa de la opinión que se tiene del Sistema Nacional de Salud, la ministra aprovechó para subrayar que la sanidad sigue siendo el servicio público mejor valorado por los españoles L EL PSOE Y LA JUSTICIA DE TAIFAS A Comisión Constitucional del Congreso aprobó ayer el título que dedica el proyecto de Estatuto catalán al Poder Judicial, previa introducción de una serie de enmiendas cuyo efecto político y normativo es trasladar el modelo nacionalista de Justicia a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Esta revisión ha obedecido únicamente a que la reserva constitucional a favor de ambas leyes hacía inviable lo aprobado por el Parlamento catalán, pero lo decidido ayer en la Congreso representa principalmente un cambio de táctica del socialismo. Quien ha cambiado de criterio ha sido el PSOE, no los nacionalistas, que ayer celebraron la aprobación del título estatutario sobre Poder Judicial como el reconocimiento de sus pretensiones históricas sobre la Justicia. Sin embargo, también en este apartado la reacción socialista ha vuelto a consistir en reducir la importancia de lo que es un cambio sustancial del sistema judicial previsto en la Constitución. Ésta fue la tesis defendida por el PP, que subrayó la trascendencia que tiene para el proyecto nacionalista haber abierto brecha en el Poder Judicial. Que la regulación estatutaria sobre Justicia introduzca L remisiones a las Leyes del Poder Judicial o del Ministerio Fiscal no supone ninguna garantía de continuidad para los principios de unidad de la jurisdicción y de la Fiscalía. Por el contrario, tales reformas vienen adoctrinadas por el propósito del cuatripartito más el PSOE de establecer un nuevo modelo de Justicia, al endosar a las leyes estatales la cobertura de un sistema de organización judicial de carácter fragmentado. Así, lo que querían los promotores estatutarios para Cataluña se convertirá en la regla general para todas las autonomías, dando carta de naturaleza al diseño federal (o confederal, si se desarrolla en todo su extensión) que se ha previsto para el Poder Judicial. En todo caso, los nacionalistas catalanes reconocen su éxito. Y no es para menos: tendrán un Consejo de Justicia desvinculado en buena parte del CGPJ, configuran su Tribunal Superior de Justicia como una alternativa al Supremo, imponen el conocimiento del catalán como condición para trabajar en Cataluña como juez o fiscal... Esto no es descentralizar lo que ya era el poder público más descentralizado de todos, sino cambiar el modelo constitucional de Justicia por el modelo nacionalista.