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4 Opinión SÁBADO 11 3 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil SÍMBOLOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES L debate en la Comisión Constitucional del Congreso sobre el Estatuto catalán confirma la buena disposición del PSOE para complacer como sea a sus socios nacionalistas. Reforzado día a día el pacto con CiU, se adivina el comienzo de una cadena de gestos para recuperar la aquiescencia de ERC. Se trata ahora de admitir el carácter nacional de los símbolos de Cataluña, en concreto, del himno, la bandera y la fiesta. La mínima resistencia de los socialistas ante las firmes exigencias del nacionalismo destruye de un plumazo el discurso gubernamental según el cual el hecho de que el término nación figure sólo en el preámbulo le priva de validez jurídica en la práctica. Aquí está la prueba en contrario. La sedicente nación tiene ahora los símbolos que le corresponden como tal y- -como es fácil suponer- -exigirá más pronto que tarde la plenitud de sus derechos políticos. La bandera cuatribarrada, el 11 de septiembre y Els Segadors símbolos de la Comunidad Autónoma según el Estatuto vigente, se verán ahora privilegiados como expresiones de una nación que hace gala de sus señas de identidad en forma obsesiva. La lectura del artículo 8 del proyecto, donde se incluye la referencia a los símbolos, es bien significativa: en cada uno de los seis apartados que lo integran figura expresamente una mención a Cataluña. La retórica presidencial sobre un texto limpio como una patena no se tiene en pie por mucho esfuerzo dialéctico que practiquen los portavoces del PSOE. Lo mismo cabe decir del título I que contiene una regulación completa de los derechos de los ciudadanos de Cataluña, con un esquema muy similar al de la propia Constitución, incluido un régimen propio de garantías y la previsión de una futura Carta de derechos y deberes que deberá aprobar el Parlamento autonómico. A mayor abundamiento, el capítulo tercero de este título I hace referencia a los derechos y deberes lingüísticos, uno de los asuntos más controvertidos. No se trata, pues, de una adaptación a circunstancias específicas de las libertades públicas que proclama la Constitución sino de un verdadero sistema propio de derechos fundamentales, que choca frontalmente con la igualdad ante la ley. Son, en efecto, libertades privilegiadas y su incorporación a una norma con rango estatutario hace imposible que el Estado cumpla con su deber (artículo 149.1.1 de garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles en cualquier parte del territorio. Queda claro, por tanto, que el proyecto que se dispone a aprobar el Congreso está muy lejos de ser acorde con la norma fundamental, aunque se hayan eliminado determinados aspectos de inconstitucionalidad flagrante. La opinión generalizada de que estamos en presencia de una reforma constitucional encubierta sale reforzada en estos primeros pasos del debate en la Comisión Constitucional. E DOS AÑOS DESPUÉS E L segundo aniversario de los atentados cometidos por el terrorismo integrista islámico en Madrid aún mantiene abiertas muchas heridas físicas y morales entre las víctimas, que esperan con ansiedad la celebración del juicio a los responsables de la matanza y no quieren que su tragedia caiga en el olvido. La solidaridad con las víctimas del terrorismo se ha convertido, no sólo en España, en una prueba para la calidad ética de las sociedades democráticas y de sus instituciones políticas. Lejos de suponer una carga, como dicen algunos teóricos, para el derecho de los gobiernos a dirigir libremente los asuntos internos, la presencia activa de las víctimas en el debate sobre la lucha antiterrorista evita que ésta se convierta en un asunto meramente especulativo de la clase política. El respeto a ellas debido no consiste en sacralizarlas ni en entregarles el visado de las decisiones políticas, sino en que los poderes públicos no abandonen el sentido de la justicia y del resarcimiento como prioridad en toda estrategia antiterrorista. Las víctimas del 11- M, como todas las del terrorismo, son acreedoras de esa actitud ética de la sociedad y del Estado, porque su sufrimiento personal es, en definitiva, la concreción de la gran amenaza que se cierne constantemente sobre la libertad de todos los ciudadanos. Cualquiera puede ser víctima como ellas. Los aniversarios que provoca el terrorismo deben servir, por tanto, para renovar esos imperativos morales y no ceder a la tentación de que el paso del tiempo relaje las exigencias de justicia y amparo. Ciertamente, la sociedad española mantuvo una actitud encomiable en aquella terrible fecha, especialmente los ciudadanos madrileños, así como los servicios públicos de las administraciones que fueron movilizados para una ingente tarea de rescate de cientos de heridos, muchos de ellos extremadamente graves. La generosidad de los ciudadanos madrileños (taxistas que trasladaban heridos, pacientes que abandonaban sus camas en los hospitales para dejarlas libres, vecinos que bajaban mantas para cubrir cadáveres) debe permanecer vivo en el recuerdo como muestra de que la más extrema maldad de los terroristas no es capaz de doblegar los mejores sentimientos de una sociedad que siempre se ha mantenido firme frente a toda clase de terrorismo. Lamentablemente, aquella tragedia no impulsó un movimiento de agregación política en torno a las instituciones del Estado. Dividieron más los políticos que los terroristas. Las consecuencias aún se están pagando, porque el 11- M se ha convertido en una contraseña de discordia entre los dos grandes partidos y en sinónimo de desconfianza hacia instituciones básicas del Estado, puestas en precario por mensajes y discursos que han ido más allá de los datos objetivos conocidos. La burla de la Comisión de investigación parlamentaria fue decisiva para instalar el escepticismo en la mente de los españoles. El Parlamento quedó convertido en una pasarela de prejuicios condenatorios contra el Gobierno de Aznar, mientras se rechazaba abrir la investigación a los testimonios de los populares. El 11- M sigue siendo el espantajo que el PSOE echa al PP en cara cada vez que éste ejerce su oposición, mientras aún está pendiente una condena explícita de los socialistas por las coactivas manifestaciones frente a las sedes populares durante la jornada electoral. Frente a este torpe uso del recuerdo de aquella tragedia, Mariano Rajoy ha tenido el acierto de soltar el lastre que el 11- M suponía para el relanzamiento del PP de cara a la segunda vuelta de esta legislatura. Este criterio de Rajoy no es incompatible con exigir que se conozca la verdad, en los Tribunales de Justicia y en el Parlamento, y con rechazar nuevas manipulaciones políticas que sigan alimentando la idea de que, en última instancia, los atentados fueron consecuencia de la política del PP. Ahora bien, el gesto de Rajoy contribuirá a la superación política del trauma del 11- M en la medida en que sea correspondido por el PSOE y el Gobierno de forma equivalente. La sociedad española también fue víctima del terrorismo y tiene derecho a que una tragedia de semejante magnitud sea, como en Nueva York y en Londres, una convocatoria ineludible a la unidad. UNA REESTRUCTURACIÓN IMPRESCINDIBLE E L Gobierno ha anunciado su plan de reestructuración de RTVE, uno de los compromisos pendientes de su programa de gobierno, que ha merecido un inicial rechazo frontal de los sindicatos del ente. El plan es tan imprescindible como atrasado. Desde hace muchos años debería haberse adoptado un plan semejante, sobre todo desde que decayó el monopolio público de la televisión y los canales privados conquistaron tasas crecientes de audiencia y de ingresos publicitarios. Con el perverso mecanismo de la deuda avalada por el Estado, que ha acumulado un déficit crónico hasta una monumental cifra billonaria en pesetas, RTVE ha vivido por encima de sus posibilidades y en un mundo irreal al que parece que los sindicatos internos no quieren renunciar. El plan del Gobierno no es todo lo drástico que debería, aunque llega más lejos que nunca. Mantener casi 5.000 empleos (casi tantos como todas las radios y televisiones privadas de ámbito nacional) supondrá un coste presupuestario apreciable y una responsabilidad importante para el nuevo órgano de gobierno que salga de la nueva ley de RTVE que ultima su trámite parlamentario. La Radio Televisión Pública Estatal (otra cuestión pendiente son las autonómicas y las locales, que siguen los malos pasos de la RTVE actual) tendrá que plantearse de nuevo, refundarse cuando cumple cincuenta años, para encontrar su sitio en un panorama tan competitivo y plural como el de los medios audiovisuales. Para merecer los subsidios que le van a otorgar los presupuestos del Estado, la nueva RTVE tendrá que ofrecer una programación de calidad, de servicio público bien entendido. Y además sus nuevos órganos de gobierno tendrán que demostrar independencia y buen hacer, devolver el prestigio y la autoestima a una casa sin norte ni horizonte. No es pequeña la tarea que van a tener, pero para disponer de la más mínima posibilidad de éxito antes hay que materializar la reestructuración que hoy se ha anunciado y que requiere firmeza y tesón. Las bajas laborales deben producirse con indemnizaciones generosas, pero éste debe ser el último plan, la última oportunidad para una empresa pública que no ha sabido ganarse su propio futuro. Portugal, Dinamarca, Francia e incluso la prestigiosa BBC afrontaron con éxito planes semejantes años atrás.