ABC MADRID 08-03-2006 página 4

4 Opinión MIÉRCOLES 8 3 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil ISRAEL: DE MÁS A HAMÁS E ETA AFILA LA EXTORSIÓN A última remesa de amenazas de ETA contra empresas radicadas en el País Vasco demuestra que la presencia de los terroristas en la vida cotidiana de los ciudadanos vascos sigue siendo el único conflicto que éstos sufren y la única coerción al libre ejercicio de sus derechos y libertades. Los terroristas han afilado sus tácticas de extorsión incluyendo en las cartas remitidas a los empresarios- -incluidos algunos de los que han sido recientemente víctimas de atentados con explosivos- -fotografías de sus familiares, matrículas de sus coches e itinerarios habituales. La precisión y la actualidad de estas informaciones, muy elaboradas según los criterios que aplica la banda terrorista- -porque implican seguimientos personales continuados- confirman las valoraciones del consejero de Interior vasco, Javier Balza, sobre la reorganización de la banda terrorista y el funcionamiento de diversos comandos en el País Vasco. Guste o no, son los hechos conocidos los que conducen a estas conclusiones, y no las especulaciones ni conjeturas sobre las futuras intenciones de ETA. En este sentido, es un grave error pensar que los terroristas están haciendo caja para sufragar una posible tregua, como si la extorsión perpetrada en momentos anteriores hubiera respondido a otros propósitos, ahora supuestamente abandonados. Además, esta explicación es inútil- -y gravemente equívoca- -para los últimos robos de material explosivo que, por miles de kilos, tiene ETA en su poder. Tampoco sería acertado pensar que esta extorsión es, por el contrario, la demostración de que ETA ha cambiado de criterio y descarta el cese de la violencia, porque realmente los terroristas nunca han pensado en entregar las armas ni en disolverse. ETA hace lo que es ella misma: terrorismo. Y lo que no se puede eludir es el recrudecimiento de algunos frentes que parecían ya controlados, como el del chantaje a los empresarios, o el de la violencia callejera, claramente neutralizado tras las últimas reformas legales del Gobierno del PP. Aunque se puede decir que ETA sigue debilitada, su presión sobre la sociedad vasca está aumentando, al mismo tiempo que se recupera políticamente el entramado batasuno, de- L mostrándose nuevamente que todos forman una red de vasos comunicantes que les permite alimentarse recíprocamente. El panorama, por tanto, de la situación antiterrorista ofrece puntos de inflexión que dan por rota la superioridad operativa del Estado, al menos en estos dos frentes tan esenciales para la estrategia etarra, como son la extorsión y la violencia urbana. También cabe decir lo mismo en cuanto al frente político representado por Batasuna, en condiciones de convocar una huelga general por la muerte de dos etarras en prisión, y por el Partido Comunista de las Tierras Vascas, en cuyo historial se acumulan día tras día motivos suficientes- -tantos como atentados sin condenar- -para que el Gobierno y la Fiscalía General del Estado promuevan la correspondiente demanda de ilegalización, al amparo de la ley de Partidos Políticos, compatible con la investigación penal que mantiene abierta el juez Grande- Marlaska contra algunos dirigentes de esa formación. Insistir en que no hay víctimas mortales desde hace tres años es una forma temeraria de despojar a la continuidad terrorista de toda su gravedad, no sólo porque, como señaló Felipe González, antes hubo treinta años con muertos, sino también porque ETA, aunque no mate (en ocasiones, por puro azar) tampoco deja vivir. Éste fue el análisis del presidente de Confebask, José Guillermo Zubía, bien expresivo del clima de terror que los miembros de la banda quieren llevar a las familias de los empresarios y, por extensión, a todo ciudadano que no se pliegue a sus exigencias. La respuesta política a ETA debe ser tan contundente como la policial. No bastan las apelaciones rancias a Batasuna para que se aparte de los terroristas, ni advertir puerilmente a ETA de los peligros que cierne sobre la paz, pues nada de eso responde a un análisis realista de la situación. Lo único que entiende ETA es la pérdida absoluta de expectativas de que, en algún momento, pueda decir que su violencia sirvió para algo. Sólo la reacción policial y judicial y la unidad política del PP y el PSOE en torno al Pacto Antiterrorista permitirán recuperar el terreno perdido y arrebatar a ETA toda esperanza. L derecho de Israel a preservar su seguridad ante la desafiante amenaza terrorista se canaliza a través de los cauces legales previstos en su ordenamiento jurídico. Pero las razones de fondo que asisten al Ejecutivo hebreo para defenderse de la violencia corren el riesgo de desvirtuarse y de servir, incluso, a los intereses de los violentos por culpa de los excesos verbales de quienes están obligados, en función de su cargo, a obrar con cautela y mesura. El ministro de Defensa, Shaul Mofaz, advirtió ayer de que hasta el mismísimo primer ministro de Hamás, el recién designado Ismail Haniyeh, es objetivo de la política de asesinatos selectivos de Israel. Mofaz fue extremadamente locuaz a la hora de concretar el alcance de la respuesta militar, lo que fue aprovechado por la organización terrorista para subrayar el carácter sangriento e inhumano del enemigo sionista En la legítima defensa del Estado de Israel, la forma en la que se expresa su Gobierno se convierte en un instrumento prioritario para plantar cara al terror. A veces, unas palabras de más consiguen que el fondo del escenario se nuble hasta el punto de que los terroristas aprovechen la situación para permitirse denunciar el carácter sangriento del enemigo MUJERES Y HOMBRES EN ESPAÑA 2006 E EL PODER JUDICIAL SE PLANTA L presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco Hernando, tomó ayer la decisión correcta al no acudir a la comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Su presencia fue requerida por el PSOE para explicar la aplicación judicial de las normas sobre el cumplimiento de las condenas impuestas a los terroristas. La decisión de Hernando había sido avalada previamente por la mayoría de los vocales del CGPJ y de forma unánime por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. Por tanto, Hernando cuenta con un amplio respaldo institucional que hace aún más inaceptables las críticas personales que se le han lanzado desde el PSOE. Pero es esta obsesión socialista hacia Hernando la que explica la temeridad de su citación, orientada a convertir la comparecencia del presidente del CGPJ y del Supremo en un nuevo auto de fe que nada tiene que ver con la cooperación institucional en la que el PSOE escuda su iniciativa. El trato institucional dispensado a Hernando no es admisible en un régimen de separación de poderes que consagra la independencia de los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional. Hernando se habrá hecho acreedor de reproches por otro motivos, pero, en este caso, representa a un poder del Estado y como tal representante tenía que preser- E var la integridad constitucional del Poder Judicial ante lo que iba a desembocar en una discordia partidista. El control parlamentario es de carácter político y se ejerce sólo sobre el Gobierno, no sobre los jueces. Si el PSOE quiere conocer cómo se aplican judicialmente el Código penal y la ley de Vigilancia Penitenciaria puede encargar un dictamen técnico que le aclare las dudas, pero el presidente del Tribunal Supremo no está para tareas de esta naturaleza y, menos aún, para servir de instrumento a la réplica política que el PSOE quería oponer a las acusaciones del PP sobre la actitud del Gobierno ante las posibles excarcelaciones anticipadas de etarras. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, debería ser consciente del cariz que está tomando la relación del Gobierno con el Poder Judicial y actuar en consecuencia, pues no le faltaban en su momento credenciales de político conciliador. La descalificación continua de Hernando, las acusaciones reiteradas contra la mayoría del Consejo y la puesta bajo sospecha de toda decisión judicial- -aparte del reequilibrio ideológico de la Fiscalía- -que no acompañe los propósitos del Gobierno están generando una crisis institucional con la Justicia de la que el responsable principal es el Ejecutivo socialista. L dibujo de la realidad social que conforma el informe Mujeres y Hombres en España 2006 presenta matices para el análisis y la serena reflexión, claroscuros que merecen detenerse en las cifras del último estudio elaborado por el INE. La mujer, a tenor del informe, sigue sin estar adecuadamente representada en muchos ámbitos sociales, laborales y políticos en relación con su peso demográfico: sólo el 36 por ciento de los diputados, el 35 por ciento del profesorado universitario, el 31 por ciento de los altos cargos de la Administración o el 29 por ciento del empresariado son mujeres. Sin embargo, es mucho lo que se ha mejorado en apenas dos décadas: la representación femenina en el Congreso de los Diputados ha pasado del 4,57 de la legislatura 1982- 1986 hasta ese 36 por ciento actual, y en ocho cámaras autonómicas el porcentaje es mayor que el que hoy se registra en la Cámara Baja. Esperanzador incremento que, no obstante, obliga a perseverar en las políticas de igualdad, siempre que se lleven a cabo con criterios de eficacia y no como meros instrumentos formales al servicio de intereses políticos concretos. En el Día de la Mujer, los datos del Instituto Nacional de Estadística invitan, con todas las cautelas, al optimismo, aunque todavía quede mucho camino por recorrer.