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4 Opinión MARTES 7 3 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil DE BRUSELAS A MONCLOA: FUEGO CRUZADO E EL GUIÓN DEL ESTATUTO L proyecto del nuevo Estatuto para Cataluña superó ayer su primer trámite en la ponencia de la Comisión Constitucional. Ahora será ésta la que vuelva a debatir el texto y, en particular, los aspectos sobre los que el PSOE mantiene ciertas diferencias con sus socios nacionalistas. Sin embargo, visto el balance que se acumula desde la primera reunión entre Rodríguez Zapatero y Artur Mas, en septiembre del pasado año, cabe considerar tales diferencias más como un problema de tácticas de partido que como síntomas de posiciones inamovibles. El proyecto de Estatuto está sirviendo para varios fines, no sólo para la suplantación del modelo constitucional del Estado autonómico por otro casi confederal, sino también para ensamblar los equilibrios de poder que el PSOE desea amarrar con los nacionalismos. Por un lado, con la intención de consagrar a toda costa el aislamiento político del Partido Popular, objetivo que actúa como un banderín de enganche entre el PSOE y sus socios minoritarios. Por otro, con la pretensión de plasmar en un nuevo régimen de autogobierno el mapa del reparto del poder político entre uno y otros. Lógicamente, es en el proyecto de autogobierno donde han de entablarse las negociaciones entre quienes quieren avanzar en el proyecto nacionalista y quienes quieren afianzar una estrategia a largo plazo de conservación del poder a nivel nacional. Sin estas directrices, no es posible entender la irrupción del socialismo español como abanderado de un proyecto centrífugo que, en lo que debería interesar a los principios de su ideología, va a menguar la capacidad del Estado, tanto política como económica, para dotar a España de iniciativas de cohesión, además de establecer, y esto es muy grave, un escalafón entre ciudadanos españoles. No en vano el portavoz socialista en la ponencia, López Garrido, atribuyó, por lapsus o a conciencia, al texto convenido el mérito de reconocer más derechos a los catalanes, algo que hasta entonces se había negado sistemáticamente. Y es cierto: los españoles no van a ser iguales en derechos. El empeño de los portavoces de la coalición parlamentaria que apoya al Gobierno en subrayar la posición aislada del PP, acabó descubriéndose ayer como la táctica de velar la trascendencia de lo ya pactado, como el Preámbulo del futuro Estatuto. Artur Mas lo valoró sin rodeos: reconoce la exis- E tencia de la nación catalana. Así es, y además por doble vía: la voluntad de los catalanes- -pese a que nunca se les ha preguntado directamente sobre esta cuestión- -y la decisión del Parlamento catalán. A estos efectos, tanto da que ese reconocimiento se encuentre en el Preámbulo y no en un artículo: todo es ley, que, además, habrá de ser aprobada por las Cortes Generales. No obstante, la trascendencia de ese reconocimiento no se mide únicamente por su presencia en la parte expositiva de la futura Ley, sino también porque tiene una continuidad en los capítulos de derechos, competencias, financiación e instituciones, que realmente confieren al Estatuto un sesgo constitucional, al avanzar en la línea del nacionalismo posmoderno que aboga por la soberanía sin Estado, con fórmulas de cooperación bilateral propias de un sistema confederal. Tanto es así que, a pesar de las advertencias en contra de los constitucionalistas que asesoraron al PSOE, el nuevo Estatuto establece una doble legitimación del autogobierno catalán, en la Constitución y en unos derechos históricos preexistentes y resistentes a la inauguración constitucional de 1978. El potencial secesionista que acumulan el reconocimiento de Cataluña como nación y la coexistencia de la Constitución con derechos históricos no se mostrará a largo plazo: ya es bien visible en el optimismo de un nacionalismo que ve cómo, nuevamente, en aras del desarrollo constitucional del Estado, hay menos Estado y con menos sentido nacional, lo que augura aún mejores posibilidades para futuras reclamaciones, porque las instituciones nacionales serán más débiles. Por tanto, las discrepancias entre PSOE y sus socios del cuatripartito ERC en concreto, son tácticas, y responden más al deseo de dosificar la generación de acuerdos y propiciar la imagen de que ninguno está rendido al otro, al mismo tiempo que se procura remarcar el supuesto aislamiento del PP. Al día siguiente de que Mariano Rajoy se ofreciera al Ejecutivo para alcanzar un acuerdo nacional sobre los asuntos de Estado, el PP ya tiene una respuesta con la forma de una futura ley orgánica que reconocerá, por primera vez, la existencia en España de una nación que no es la española. La estrategia del Gobierno hace imposible el acuerdo con la oposición. N el cruce de mensajes, a veces diáfanos, otros encriptados, entre el Gobierno de Rodríguez Zapatero y la Comisión Europea, ayer le tocó el turno a Bruselas. El portavoz comunitario de Mercado Interior y Servicios, Oliver Drewes, anunció que la Comisión ha enviado una carta al Ejecutivo español en la que le pide explicaciones, con carácter de urgencia, sobre el decreto aprobado el pasado 24 de febrero que aumenta los poderes de la Comisión Nacional de la Energía con el fin expreso de dificultar la opa de la eléctrica alemana E. ON sobre Endesa. El Gobierno tiene diez días laborables- -hasta el 17 de marzo- -para dar cumplida respuesta a las autoridades comunitarias. En función de los argumentos del Ejecutivo, Bruselas decidirá si es necesario abrir un procedimiento de infracción contra España, medida ésta que colocaría al Gabinete socialista en una delicada situación. Mientras, el Gobierno alemán de Angela Merkel presiona y defiende una operación financiera que se ha convertido ya en una batalla de intereses políticos con amplia proyección exterior. En el punto de mira de Europa, entre opas y contraopas la disputa ya no es velada, sino ruidosa. Sonido ambiente para una guerra sin cuartel. EVO MORALES Y EL 51 POR CIENTO E LUJO Y TERCER MUNDO EN CHINA A Asamblea Nacional Popular de China, el órgano legislativo del régimen comunista que se reúne estos días en Pekín, se ha marcado como objetivo acabar con las profundas desigualdades entre el campo y la ciudad generadas por el desenfrenado crecimiento económico del país. No en vano, y tras un cuarto de siglo de reformas capitalistas, la renta media urbana, cercana a los 1.100 euros al año, triplica a la rural, cifrada en 340 euros. Pero, más allá de esta brecha que se agranda año tras año, subyace una realidad mucho más profunda y peligrosa: la insostenibilidad y la injusticia del espectacular desarrollo del gigante asiático. En este sentido, el 10 por ciento más adinerado de la población posee el 45 por ciento de la riqueza, mientras que el 10 por ciento más pobre apenas disfruta del 1,4 por ciento de ese bienestar y sólo un 12 por ciento de los 1.300 millones de habitantes de China se encuadraría en la clase media. Tal disparidad resulta aún más escandalosa en un Estado que todavía se define como socialista, pero que ha abrazado el capitalismo salvaje. Su progreso, además, se ha ba- L sado en la explotación laboral de las clases más humildes: los campesinos que, paradójicamente, siempre apoyaron al comunismo confiando en que éste construiría una sociedad igualitaria. Nada más lejos de la realidad, pues en el coloso oriental coexisten grandes urbes que no tienen nada que envidiarle a las capitales más punteras de Occidente- -y donde se aprecia una grosera ostentación de la nueva riqueza- -con una miseria propia del Tercer Mundo. Por eso, y a pesar de la represión que ejerce este régimen totalitario, no es de extrañar que haya cundido un gran descontento social que, el año pasado, estalló en las 87.000 revueltas populares motivadas, sobre todo, por la corrupción, los abusos de poder y las adquisiciones irregulares de las tierras agrícolas. Ante esta alarmante situación que amenaza su propia estabilidad política, Pekín anuncia ahora una lluvia de millones para sofocar el polvorín en que se ha convertido el campo chino. La única duda consiste en saber si lo ha hecho a tiempo. L Gobierno boliviano del inefable Evo Morales maneja los tiempos con la sutileza propia de quien tiene demasiada prisa y no se preocupa en exceso de guardar las formas, aunque a veces haga esfuerzos puntuales por transmitir tranquilidad a los mercados. El ministro de Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas, sugirió ayer que el Ejecutivo tiene la intención expresa de tomar el control de una decena de empresas privatizadas, ya sea a través de la compra de acciones o de decisiones políticas Sin duda, esta segunda posibilidad es la que preocupa y genera mayor inquietud entre las empresas con intereses en la nación iberoamericana, entre las que se encuentran Repsol y Red Eléctrica de España. Aunque con algunos rodeos, por aquello de guardar las apariencias, Villegas fue claro: el 51 por ciento será para el Estado y la parte que reste se negociará con las empresas, lo que significa que el Estado boliviano tendrá la última palabra en inversión, salarios y nombramientos de ejecutivos. La situación, como reconocen algunas de las empresas afectadas, es muy delicada porque entre el consenso y la imposición hay una delgada línea que el Gobierno de Evo Morales puede caer en la tentación de traspasar sin demasiados miramientos.