ABC MADRID 04-03-2006 página 49

ABC SÁBADO 4 3 2006 Sociedad 49 En la riqueza natural de la sierra de Guadarrama destacan los robledales, pinares, fresnedas y encinares ABC Medio Ambiente otorga derecho de veto a algunos municipios sobre nuevos parques nacionales La Sierra de Guadarrama puede verse afectada por este requisito en su declaración b En el caso de que la superficie de un municipio a incluir en un parque nacional futuro sea superior al 50 del término municipal, el ayuntamiento podrá negarse ARACELI ACOSTA MADRID. El último borrador del anteproyecto de ley de la Red de Parques Nacionales, al que ha tenido acceso ABC, incluye entre los requisitos para que un espacio sea declarado como tal la aceptación expresa por parte del Ayuntamiento en el caso de que la superficie de un municipio a incluir en el parque nacional sea superior al 50 por ciento del término municipal. Esto significa que se otorga a estos ayuntamientos derecho de veto sobre la declaración de un parque nacional. Traducido a los proyectos de nuevos espacios que en estos momentos pretenden esta máxima figura de protección, implica que al menos tres pueblos de la sierra de Guadarrama podrían negarse a que parte de su territorio quede incluido en el futuro parque nacional. Así, a tenor de este nuevo requisito, Rascafría, Manzanares del Real y Alameda del Valle son tres de los municipios a los que se les otorga este poder. Una facultad cuanto menos curiosa si se tiene en cuenta que los parques nacionales son espacios naturales cuya conservación merece una atención preferente y se declara de interés general de la Nación tal y como dice la propia ley que prepara el departamento que dirige Cristina Narbona. Preguntado sobre esta cuestión, el coordinador de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, quien participa en las reuniones del Consejo Asesor de Medio Ambiente, afirma que no puede ser que algo que es de interés general para la Nación pueda ser decidido por un solo ayuntamiento Y apunta otra El Estado se reserva la gestión de futuros parques marinos Aún no hay ninguna reserva exclusivamente marina declarada parque nacional en nuestro país, pero por si en el futuro la hubiese, el Estado quiere reservarse la gestión de aquellos que estén en aguas exteriores y compartirla con la comunidad autónoma de que se trate en caso de que esa reserva estuviera formada por aguas interiores y exteriores. Así se recoge en el borrador de ley, si bien Narbona explicó que esta cuestión está siendo objeto de análisis por parte del Consejo de Estado. territorio- obligaría a dejar fuera, por ejemplo, zonas muy importantes del macizo de Peñalara, apunta Oberhuber. Otras zonas susceptibles de quedar fuera serían el Pinar de los Belgas y la cabecera del Valle del Lozoya, que son el meollo del parque explica Julio Vías. Este nuevo requisito contrasta con la flexibilización de otros. Así las cosas, otras fuentes consultadas, y a la vista de los últimos cambios introducidos en la ley, se plantean si la ley se está haciendo a la medida de Monfra- güe toda vez que Medio Ambiente rebajó de 20.000 a 15.000 hectáreas la superficie mínima que debía tener un parque nacional terrestre peninsular para que este paraje extremeño pudiera cumplir los requisitos, tal y como adelantó ABC. Con estas normas, Tablas de Daimiel no podría ser parque nacional pues ronda las 2.000 hectáreas y con el poder que se otorga ahora a los ayuntamientos La Caldera de Taburiente, en La Palma, podría haber sido vetado, pues todo su territorio pertenece a un único municipio. Mantener a raya la urbanización Asimismo, llama la atención que se haya eliminado la obligatoriedad de elaborar un Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) según apunta Oberhuber, sustituyéndolo por unos estudios que acompañarán a la propuesta de declaración pero sin especificar nada más. El Ministerio se basa en que los PORN son un proceso muy lento, lo cual es cierto, pero lo lógico en este caso sería buscar soluciones para que fuesen más rápidos, pero no eliminarlos Y es que estos planes permiten determinar los valores naturales de la zona, define cuáles son los usos compatibles, las políticas para favorecer la conservación, y además implica un proceso de información pública. Y lo más importante- -dice Oberhuber- -es que tienen una función preventiva, en el sentido de que cuando se anuncia el inicio de la elaboración de un PORN estás dando a la zona una protección preventiva hasta que éste se termina Es el caso de la sierra de Guadarrama, donde el proyecto del parque nacional mantendría a raya determinados proyectos urbanizadores en las zonas de influencia del espacio protegido. La sierra de Guadarrama alberga la ABC mayor colonia de buitre negro de Madrid cuestión: Es demasiado poder, pues incluso podría haber un cierto riesgo de chantaje Además, en el caso de la sierra de Guadarrama, es conocida la desconfianza con que algunos municipios ven la posible declaración como parque nacional, toda vez que esto limita los desarrollos urbanísticos. Una oposición que en el caso de Rascafría es total según apunta Julio Vías, escritor y profundo conocedor de la sierra de Guadarrama. Darle a los alcaldes la oportunidad de decir si quieren estar o no, es cargarte el parque añade. ¿Financiación compartida? Asimismo, la ley reserva al Gobierno la capacidad para revocar la declaración de parque nacional si se incumplieran reiteradamente los objetivos para los que se creó o se alteraran las características que le valieron tal protección. Ésta es una de las formas de intervención que el Estado mantiene después de que el Constitucional sentenciara que la gestión de estos espacios corresponde a las autonomías. Eso sí, en la ley no hay rastro de la financiación para los parques que se declaren a partir de ahora ni sobre la conveniencia de que las autonomías aporten una parte. Modificar los límites Además, aparte de las suspicacias que esta situación podría conllevar, lo cierto es que, en el caso de Rascafría, si el ayuntamiento no aceptara que se incluyera parte de su territorio en el espacio protegido- -en este momento pertenecería al futuro parque en torno al 95 por ciento de su La ley atribuye al Gobierno la capacidad de revocar la declaración de un territorio como parque nacional