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24 Nacional VIERNES 3 3 2006 ABC Los españoles creen inconstitucional la política lingüística, según otro sondeo ocultado por CiU b El informe encargado por el El fiscal jefe de Canarias afirma que las Islas invitan a los casos de corrupción El alcalde de Telde abre una comisión para investigar el cobro de comisiones Gobierno en el Archipiélago, José Segura, niega que se esté produciendo una operación de manos limpias en las Islas Canarias ABC LAS PALMAS. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) Vicente Garrido, tildó ayer de lógico que en Canarias se produzcan casos mafiosos, de blanqueo de capitales, de narcotráfico, de tráfico humano y de corrupción política porque las Islas son un sitio complejo y complicado que da lugar a conflictos judiciales de todo tipo Garrido declaró que desde hace muchos años Canarias es un sitio complicado y complejo porque hay muchas mezclas, nos visitan muchos turistas y se ejerce mucha actividad comercial, lo que, lógicamente, da lugar a conflictos Respecto a los últimos escándalos de corrupción destapados en Canarias, la trama eólica -en la que podrían estar implicados políticos y empresarios que manejaban presuntamente la información del concurso antes de hacerse públicas las bases- -y al caso Faycán que afecta al Ayuntamiento de Telde, el fiscal jefe del TSJC se negó a desvelar si próximamente se producirán más detenciones. El que sí se refirió ayer al caso Faycán fue el alcalde de Telde, el popular Francisco Valido, quien aseguró que en los próximos días se pondrá en marcha una comisión de investigación en el Ayuntamiento para depurar posibles responsabilidades políticas tras la detención de la concejal de Obras Públicas, Contratación, Vivienda y Solidaridad, María Antonia Torres (PP) por estar implicada, supuestamente, en el cobro de comisiones ilegales para b El delegado del anterior gobierno de CiU desvela también que la política lingüística es la principal barrera entre Cataluña y el resto de España ÁNGEL MARÍN BARCELONA. Todo sigue igual. Las tensas relaciones entre el resto de España y Cataluña no han cambiado pese a la llegada del tripartito a la Generalitat después de 23 años de gobiernos nacionalistas. El conflicto lingüístico por la imposición del catalán y la marginación del castellano en la Comunidad catalana continúa levantando pasiones encontradas, y en algunos casos provoca reacciones viscerales, a uno y otro lado del Ebro. En uno de los 175 sondeos o estudios ocultados por los anteriores gobiernos de CiU, titulado Cataluña en la España actual y elaborado en el año 2000, se pone de manifiesto que la lengua es la principal diferencia y uno de los factores básicos de antagonismo entre los dos territorios. Los españoles, según este informe, consideran por unanimidad que la política lingüística de la Generalitat es inconstitucional porque vulnera la libertad de elección en la enseñanza y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos para acceder a un empleo en Cataluña. Felipe y Nicolás Ojeda Pérez Los seis detenidos pasarán hoy a disposición judicial acusados por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Telde de un presunto de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y estafa por el cobro irregular de comisiones para la adjudicación de obras y suministros. El delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, también se refirió ayer a estas detenciones al asegurar que considera que este caso es puntual y que no se puede mancillar al resto de administraciones públicas del Archipiélago. Por ello, negó de modo rotundo una posible operación de manos limpias en las Islas. El Gobierno de España no emite ningún juicio al respecto señaló Segura, que informó al alcalde de Telde y al presidente regional del Partido Popular, José Manuel Soria, antes de las detenciones. Alcalde y presidente de una naviera Vicente Garrido ABC la adjudicación de obras públicas. Además de esta concejal, el pasado miércoles fueron detenidos Enrique Orts, interventor municipal de fondos y marido de Torres; Francisco Gordillo, empleado y asesor de la Concejalía; el responsable en Gran Canaria de la empresa Cobra Antonio Nadal; Juan Francisco Gordillo, empleado de esta empresa; y Felipe Ojeda, empresario de Sentirse extranjero Opinan también que las autoridades catalanas quieren cerrar Cataluña a los ciudadanos del resto de España y poner barreras a la movilidad de las personas dentro del territorio español. También critican la ausencia de escuelas públicas bilingües y o que enseñen en castellano porque vulnera el derecho de los padres a elegir el idioma de formación de sus hijos, especialmente si su lengua materna es el castellano, y porque comporta una mayor dificultad de aprendizaje a los menores que vienen de otros lugares de España. Entre los encuestados existía la percepción de que las autoridades autonómicas están imponiendo el uso del catalán y arriconando el castellano pese a que las dos lenguas son oficiales en Cataluña. Los ciudadanos del resto de comunidades españolas, según el sondeo, ya advertían que la sensación de los castellanohablantes de sentirse extranjeros en Cataluña iba en aumento. La Mayoría de los encuestados proponía un bilingüismo total en todos los niveles e incluido en la totalidad de los documentos oficiales y en la rotulación informativa en calles, carreteras o autopistas, que en la actualidad están rotuladas sólo en catalán. Los socialistas acusan ahora a un alcalde de CC en La Gomera de no justificar ayudas a una línea marítima Mientras tanto, el PSOE de la localidad de Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera, denunció ayer otro posible escándalo político. Así, los socialistas acusaron al Ayuntamiento, gobernado por Coalición Canaria, de no justificar la financiación y gestión de la línea marítima Garajonay Exprés, y criticaron que el alcalde, Esteban Bethencourt, ejerza de presidente de la naviera. El PSOE asegura que, después de más de tres años de funcionamiento, los ciudadanos del municipio siguen sin conocer en qué medida participa el Ayuntamiento y qué costos y cargas supone para la corporación municipal Además, afirman que se han realizado operaciones que superan los cuatro millones de euros, pero no han sido fiscalizadas por el secretario- interventor municipal ni autorizadas por el pleno El PP de La Rioja exige al PSOE que retire el apoyo al alcalde inhabilitado hace un año y que no deja el cargo SONIA BARRADO LOGROÑO. El PP de La Rioja mostró ayer su estupor y sorpresa por la decisión del alcalde de Arrúbal, el socialista Antonio Fernández, de pedir indulto al Gobierno central y amparo al Tribunal Constitucional, porque ningún cargo público puede pretender que el ejercicio de la política le exima del cumplimiento de la Ley y de las sentencias judiciales El alcalde ha pedido el indulto al Constitucional mientras sigue ejerciendo su cargo al frente del Ayuntamiento de Arrúbal, a pesar de que fue condenado en abril del pasado año a siete años de inhabilitación especial para empleo y cargo público por un delito de prevaricación, según el artículo 404 del Código Penal, al impedir la toma de posesión del Secretario Municipal para favorecer a un familiar de la actual secretaria de Estado de Cooperación Territorial, la socialista Ana Leiva dice el PP. La sentencia condenatoria al alcalde sostuvo en su momento que quedaban probabas sus actuaciones encaminadas a impedir la toma de posesión del secretario nombrado por el Ministerio y a la perpetuación en el cargo de la entonces interina en ese puesto El PP exigió también ayer al PSOE riojano que tome medidas de forma inmediata contra este alcalde y le retire su apoyo lo que afirman que debiera haber hecho desde que se dictó la sentencia de la Audiencia Provincial, en diciembre de 2005, que confirmaba la del Juzgado de lo Penal Número 2 de Logroño Para los populares, no es suficiente que el PSOE diga que no comparte la decisión del alcalde, ya que un partido político no puede pretender desmarcarse tan sencillamente en una cuestión tan grave, que le afecta directamente y que durante meses ha permitido Por su parte, el PSOE ha dicho no compartir la decisión de Fernández de solicitar el indulto. El PSOE ha pedido al regidor que deje su cargo cuando se agote la vía judicial según el secretario regional del partido, Francisco Martínez- Aldama, para quien concluirá dicha vía cuando el Constitucional se pronuncie sobre el recurso de amparo, se conceda o no el indulto.