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4 Opinión VIERNES 3 3 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil LA DIMISIÓN NECESARIA DE MARTÍNEZ DE AGUILAR E IGUALDAD CON RESERVAS E L proyecto de ley de Igualdad que aprobará hoy el Consejo de Ministros obliga a las empresas de más de 250 trabajadores a incluir en los convenios colectivos planes específicos de igualdad. Las empresas con menos de 250 empleados tendrán que introducir en sus convenios respectivos medidas conducentes al mismo fin. He aquí la conclusión del acuerdo alcanzado entre el ministro de Trabajo y los representantes de UGT y CC. OO. en contra del criterio de la CEOE sobre este punto concreto. Otros acuerdos hacen referencia a los permisos de maternidad, a la reducción de la jornada laboral para el cuidado de hijos o a la excedencia para atender a familiares. Hay también elementos novedosos en lo que atañe al permiso de paternidad, puesto que a los dos días actuales reconocidos por el Estatuto de los Trabajadores se sumarán ocho días más, distribuidos de forma flexible en cualquier momento de la baja de dieciséis semanas que corresponde a la madre. El Gobierno se niega por ahora a la ampliación de este permiso paterno, aunque los sindicatos se muestran optimistas sobre una negociación al respecto durante el trámite parlamentario, dando ya por adquirido el derecho de los trabajadores autónomos a disponer de este permiso y la equiparación a tales efectos del hecho biológico del nacimiento con la adopción o el acogimiento. Las centrales sindicales han impuesto buena parte de sus exigencias a un Gobierno necesitado de éxitos en política social para frenar el deterioro que deriva del debate territorial. También al ministro Caldera le conviene ofrecer una imagen abierta y dialogante para la futura ley sobre las Personas Dependientes, proyecto estrella para la segunda mitad de la legislatura. En este contexto, le importan menos las reticencias de la patronal, aunque, para calmar el malestar de los empresarios, la Seguridad Social se compromete a asumir el coste (unos 400 millones de euros) de la ampliación del permiso de paternidad y se han suprimido determinadas propuestas intervencionistas, como el acceso de los organismos de igualdad al seguimiento de los planes o las menciones a comisiones paritarias y delegados especializados en igualdad. La igualdad ante la ley es un principio nuclear del Estado democrático, reconocido como tal en los artículos 1 y 14 de la Constitución, que alcanza hoy día la naturaleza de requisito sustancial en toda sociedad civilizada. Nada que objetar, por tanto, en el terreno de los principios. Parece, sin embargo, que el empeño en las políticas basadas en cuotas o en criterios de discriminación positiva conduce a resultados contrarios a la justicia y la eficiencia. Los puestos deben ser siempre para los mejores y más adecuados, con independencia del sexo o de cualquier otra circunstancia personal o social. En el ámbito laboral, la libertad de contratación requiere asimismo el respeto de las facultades del empleador a la hora de determinar qué personas acceden al contrato de trabajo, ya que de su cualificación, eficacia y sentido de la responsabilidad va a depender decisivamente el éxito o fracaso de la empresa. La rigidez resulta siempre indeseable en el mercado de trabajo, como denunciaban hace poco las Cámaras de Comercio. En este sentido, expertos solventes expresan su preocupación acerca del régimen previsto en relación con el mobbing o acoso en el trabajo. Es inaceptable, por supuesto, que una persona se vea sometida a tratos degradantes o a presiones psicológicas que pueden convertir en un infierno su vida cotidiana. Sin embargo, la denuncia del trabajador afectado por sí sola no debería trasladar la carga de la prueba del acoso a la empresa, porque ello sitúa a ésta ante la obligación de acreditar que no existe tal acoso. La prueba negativa de los hechos ha sido desterrada de los ordenamientos jurídicos modernos en favor del principio general según el cual dicha prueba incumbe a quien alega su existencia. De lo contrario, se rompe la presunción de inocencia, criterio elemental del derecho sancionador en todas sus vertientes y no sólo en el ámbito penal. Estas y otras cuestiones han de quedar bien definidas durante el trámite parlamentario de un proyecto de ley que requiere todavía un amplio esfuerzo de diálogo y negociación política. L Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía emitió ayer una patética nota de prensa en la que, con la torpeza que distingue a la directora de ese centro, se confirman punto por punto las informaciones de ABC sobre el lamentable almacenaje de obras de arte del museo. La comunicación, que pretende puntualizar la información de este periódico y que en realidad la ratifica de principio a fin, implica el uso de una supuesta carta de los conservadores del museo en la que se expresa la repulsa por la utilización ilícita y delictiva de nuestros trabajos en alusión a los informes publicados por ABC. Frente a tamaña imputación, que deberá depurarse ante los tribunales de Justicia, la señora Martínez de Aguilar ha demostrado que, sobre incompetente, es prepotente y utiliza en su defensa a los empleados del museo, eludiendo sus responsabilidades en la conservación y mantenimiento del centro que con tan poca fortuna dirige. La cuestión rebasa el nivel de la insolvencia, para adentrarse en el de la manipulación torticera de una información absoluta y totalmente contrastada. La señora Martínez de Aguilar tenía acreditada su incapacidad para la responsabilidad que le otorgó confundidamente la ministra de Cultura, pero no sabíamos que además disponía de unas mañas para la manipulación de sus propios empleados que harían enrojecer a cualquier cargo público. Por el desastre en el que está sumido el museo y por la prepotencia manipuladora de la señora Martínez de Aguilar, no tiene otra alternativa que la dimisión. EL SUPREMO ENMIENDA AL PSOE A sala de gobierno del Tribunal Supremo acordó ayer por unanimidad la improcedencia de que el presidente del Tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Francisco José Hernando, comparezcaen el Congreso paraexplicar resoluciones judiciales. El Alto Tribunal deja así en evidencia al ministro de Justicia, Juan Fernándo López Aguilar, que pretendía que Hernando diera cuenta de la aplicación de la ley para el cumplimiento de las penas por delitos de terrorismo pretensión carente de fundamento constitucional que alteraba gravemente la relación entre los poderes del Estado. Afortunadamente, el Tribunal Supremo deja claro que un poder político, como es el Congreso de los Diputados, no tiene facultad constitucional para pedir explicaciones de cómo aplican los tribunales las normas penitenciarias o cualesquiera otras leyes del ordenamiento jurídico. Error de bulto- -más aún por partir del propio Ministerio de Justicia- -que se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno de convertir al presidentedel CGPJ y del Supremo en objetivo preferente de una campaña de acoso que pretende neutralizar las críticas del Poder Judicial al Ejecutivo. L DINERO MÁS CARO C OMO estaba previsto, casi anunciado, el Banco Central Europeo (BCE) ha elevado el tipo de interés de referencia otro cuarto de punto, hasta el 2,5 por ciento. Su presidente, el francés Jean Claude Trichet, ha advertido que persisten riesgos inflacionistas y que el efecto de la subida del petróleo, además de su impacto directo en los precios, ha contagiado la fiebre inflacionista a la formación de costes. Aunque no haya quedado claro, hay razones para pensar que ésta no va a ser la última revisión alcista y que durante el año habrá dos subidas adicionales, hasta alcanzar la cota del 3 por ciento que prevén la mayoría de los expertos. La tendencia puede generar inquietud, pero unos intereses de hasta el 3 por ciento en economías con inflación por encima del 2 por ciento (del 4 en el caso español) y en crecimiento- -aunque sea modesto- -revelan condiciones favorables para el desenvolvimiento de los negocios. Los efectos de la subida lo sufren especialmente quienes tienen contratadas hipotecas (el euribor, cerca ya del 3 por ciento, había anticipado el alza del precio del dinero) por lo que el impacto en las referencias hipotecarias del incre- mento decidido ayer por el BCE está descontado, lo que no significa que el mibor no vaya a seguir creciendo en los próximos meses. En seis meses, este índice de referencia ha pasado del 2,2 al 2,9 por ciento, siete décimas adicionales, muy por encima del medio punto que ha subido el tipo básico del BCE. Lo realmente preocupante es que la capacidad de endeudamiento de las familias españolas es tan alta y está tan al límite que cualquier subida, por pequeña que sea, tiene efectos evidentes sobre la economía doméstica. Aquellos que vayan a revisar sus hipotecas las próximas semanas verán incrementadas sus cuotas: cada punto de subida en el euribor supone 60 euros de media al mes en préstamos de 120.000 euros a veinte años. Son los efectos perversos de una subida del dinero que, sin embargo, no parece que vaya a incrementar las carteras de morosidad, que hoy están por muy debajo del 1 por ciento de riesgo. Lo peor es que en un escenario tan inestable como el actual, y en el que los riesgos inflacionistas dependen en buena parte del precio del petróleo, resulta prácticamente imposible determinar la evolución a medio y largo plazo de los tipos de interés.