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22 Nacional AUTONOMÍAS JUEVES 2 3 2006 ABC Matas pide que el Estado garantice a Baleares un 3 de las inversiones que realice en España b El presidente balear quiere in- Detenida una concejal del PP canario en Telde acusada de cobrar comisiones por la adjudicación de obras Arrestados también su marido, que es el interventor municipal, y otras cuatro personas María Antonia Torres b El Partido Popular canario mues- cluir en su Estatuto de Autonomía esta reivindicación, muy próxima al PSOE, asegura el líder de la oposición, Francesc Antich ABC PALMA DE MALLORCA. El presidente balear, Jaume Matas, anunció ayer, durante su discurso con motivo del Día de Baleares, que propondrá que el Estatuto de Autonomía de las Islas recoja la obligación del Gobierno central de invertir en la Comunidad como mínimo un tres por ciento de la inversión que realice en toda España. En un acto celebrado en el recinto ferial de Ibiza, donde unas 250 personas se manifestaron contra las autopistas proyectadas en la isla por el Gobierno autonómico, Matas concretó que el Ejecutivo balear presentará una enmienda para que el Estatuto recoja una disposición adicional con la reivindicación citada. Según el presidente, esa inversión debería mantenerse durante un periodo de entre 5 y 10 años, y supondría una media de inversión adicional de unos 3.000 millones de euros que podrían corregir el déficit de infraestructuras que sufre la Comunidad por el incremento de la población. tra su sorpresa por este caso y suspende de militancia a María Antonia Torres, mientras el alcalde cesa a la edil de sus funciones PABLO ALCALÁ LAS PALMAS. Tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y estafa al Ayuntamiento de Telde (Las Palmas) son los delitos que, ayer por la mañana, provocaron la detención de María Antonia Torres González, concejal de Obras Públicas, Contratación, Vivienda y Solidaridad; Enrique Orts Herrera, marido de Torres e interventor municipal de fondos; Francisco Gordillo Suárez, empleado y asesor de la Concejalía; Antonio Nadal Moreno, responsable en Gran Canaria de la empresa Cobra Juan Francisco Gordillo Chamorro, empleado de esta empresa; y Felipe Ojeda Pérez, empresario de Felipe y Nicolás Ojeda Pérez Según la Dirección General de la Policía, en torno a los detenidos se han detectado irregularidades, en las que, presuntamente, habría participado la concejal y personas de su confianza que prestan sus servicios en la Concejalía de Obras Públicas Estas anomalías estarían relacionadas con el cobro de comisiones a empresas por la adjudicación de obras públicas. Junto a las detenciones, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Telde ordenó, en el marco de la operación Faycan, el registro de catorce domicilios particulares, despachos oficiales y oficinas de varias empresas. En este sentido, la Policía intervino documentación y material informático en la Concejalía de Obras Públicas. Conocida como la edil del 20 por ciento Las investigaciones se iniciaron en julio de 2005 tras la denuncia del representante legal de una empresa de Telde, quien declaró que la Concejalía le exigió una comisión del 20 por ciento del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba. Las investigaciones revelaron irregularidades relacionadas con el cobro de comisiones en las que participaban la concejal detenida- -conocida popularmente como la edil del 20 por ciento (la comisión que, supuestamente, exigía) según fuentes municipales- y personas de su confianza. Posteriores pesquisas determinaron que varias empresas fueron favorecidas en la adjudicación de contratos de obras y suministro de materiales al Consistorio. actuación de la dirección regional. En declaraciones a ACN, el secretario general del PP, Ángel Acebes, aseguró que la dirección regional del partido en Canarias ha reaccionado con celeridad y ha actuado correctamente al suspender de militancia a la concejal. Suspensión de militancia Nada más conocer la detención de la concejal, el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, ordenó que se aplicara el reglamento interno y Torres fue suspendida cautelarmente de militancia en el partido. Asimismo, el alcalde de Telde, el popular Francisco Valido, cesó a la concejal de sus funciones y convocó una reunión de su grupo de gobierno, en la que se decidió firmar los decretos para sustituir a las tres personas detenidas. También convocó una junta de portavoces que acordó ser el organismo que realice el seguimiento de la situación. Soria fue informado de las detenciones por el propio delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, gesto que agradeció el dirigente popular, quien se mostró absolutamente sorprendido por los hechos. El partido ha actuado tal y como el reglamento del partido predispone en estos casos es decir, ordenando la suspensión cautelar de militancia de la principal detenida. Desde la sede nacional del PP en Madrid se mostró ayer el respaldo a la Reconocimiento de la insularidad Matas explicó que en el cálculo del porcentaje que ha hecho su Gabinete para pedir ese tres por ciento como mínimo intervienen diversos factores demográficos y económicos, si bien el resultado final está ligado principalmente al reconocimiento de la insularidad y la problemática que por ella sufren las Islas. El que fuera ministro de Medio Ambiente confió en que todos los partidos apoyen su sugerencia y aseguró que el PP nacional la respaldará cuando la reforma del texto estatutario llegue al Congreso de los Diputados. Por su parte, el secretario general del PSOE balear, Francesc Antich, aseguró ayer que la propuesta de Matas de que el nuevo sistema de financiación garantice a las islas el tres por ciento de las inversiones estatales está muy próxima a la de su partido y opuesta a la que defiende el PP. Estamos sorprendidos y contentos afirmó el líder socialista balear, para quien la propuesta del presidente de las Islas demuestra su capacidad para pasar del blanco al negro sin ningún tipo de matiz Antich reprochó a Matas la necesidad de desviar la atención de problemas políticos graves Los forestales acusan a la Junta de incumplir las promesas que realizó tras el incendio de Guadalajara ABC TOLEDO. La Federación de Servicios y Administraciones Públicas de Comisiones Obreras denunció ayer el incumplimiento por parte de la Junta de Castilla- La Mancha de los acuerdos y compromisos adquiridos en mayo de 2005 con los agentes medioambientales, quienes de cara a la próxima oferta pública de empleo reclaman la convocatoria de al menos 100 plazas que la administración regional prometió acelerar el pasado mes de julio tras el incendio de Guadalajara, informa Efe. Así lo manifestaron el secretario regional de Servicios y Empleo Público de FSAP, Ángel Aguas; el coordinador estatal de Agentes Medio Ambientales de esta federación, Francisco Cabezos, y su homólogo a nivel regional, Juan Carlos Ranz. Los tres dirigentes denunciaron el incumplimiento por parte de la Junta de los acuerdos con los agentes medioambientales de la región en materia de plantillas, medios materiales y evaluación de riesgos e hicieron un llamamiento al Gobierno regional para que se siente a negociar ante el próximo inicio de una campaña a la que nos enfrentamos- -afirmó Ranz- -muy desanimados Aguas recordó que, según el acuerdo alcanzado el pasado mayo, en el plazo de seis años la región debería contar con 695 nuevos agentes medioambientales, y que tras el incendio de julio en Guadalajara, la Junta se comprometió a acelerar esta contratación. Sin em- bargo, denunció Aguas, no ha habido ninguna contratación y nos tememos que la oferta pública de empleo de este año sea bastante inferior a cien plazas por lo que hacemos un llamamiento al consejero de Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro, para que se cumplan los compromisos en este terreno, ya que la plantilla es fundamental en la preservación, mejora y protección de nuestro medio natural A este respecto, Francisco Cabezos denunció que hay 480 agentes medioambientales públicos en Castilla- La Mancha, 130 menos que en 1984, en una región con 69.500 hectáreas, por lo que a cada trabajador le corresponde vigilar 16.000 hectáreas- -una superficie superior a las 13.000 que ardieron en el Alto Tajo- y que cada vez cuenta con más espacios protegidos. Otra reivindicación a la que, según los agentes medioambientales, la Junta debe dar respuesta es el reconocimiento expreso del carácter de policía judicial genérica para este colectivo.