Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
14 Nacional JUEVES 2 3 2006 ABC CONSENSO ROTO l menos, existen dos evidencias incontrovertibles. Una: Se ha roto el consenso en la lucha antiterrorista entre el PSOE y el PP. Dos: es necesario recomponerlo. Reina la más profunda discrepancia, y es natural, sobre el responsable principal de la ruptura. El Pacto incluye, mejor incluía, entre otros, dos principios: corresponde al Gobierno la dirección de la política antiterrorista; y las dos partes se comprometen (comprometían) a no utilizar el terrorismo como medio de lucha política. Es verdad que el PP discrepa radicalmente de la política antiterrorista del Gobierno y que critica, por ello, al Ejecutivo. Es verdad que, en ese sentido, incumple el Pacto. Pero es una verdad a medias y, por lo tanto, una falsedad. En realidad, la oposición popular IGNACIO SÁNCHEZ no incumple el Pacto porCÁMARA que previamente estaba roto. Y lo rompió, si no me equivoco, el Gobierno. Y lo rompió cuando aún estaba en la oposición. El PSOE (o dirigentes del partido, para no generalizar) utilizó los atentados del 11- M para derribar al Gobierno y ganar las elecciones. Ya entonces incumplió el Pacto. Más tarde, tomó decisiones graves sin contar con la oposición. Pongamos que no haya conversaciones con ETA, o que, si las hay, no vayan más allá de lo que es lícito según las leyes. Podemos juzgar al Gobierno no por sospechas y conjeturas, sino por hechos y decisiones. Cambió radicalmente la política del PSE. ¿Cambió el PP de estrategia? Adoptó una serie de medidas que han ofendido a la mayoría de las asociaciones de víctimas. ¿Lo hizo el PP? Elaboró un Estatuto catalán que no anda muy lejos de algunas de las más radicales reivindicaciones nacionalistas. ¿Contó para ello con el PP? Tomó medidas en materia de justicia, como la destitución del Fiscal Fungairiño y la interpretación, posible pero desmedidamente benigna, luego rectificada por el Tribunal Supremo, del cumplimiento simultáneo de las penas. ¿Contó con el PP? El presidente del Gobierno no condena los atentados de ETA y hace como si no existieran, aunque ciertamente los repruebe y combata. ¿Calla Mariano Rajoy? ¿Debería callar? Por lo demás, la asunción del principio de que compete al Gobierno la dirección de la lucha antiterrorista no consiste en una especie de patente de corso. ¿Habría que transigir en el caso de que vulnerara, como sucedió en el pasado, la legalidad? Quien tiene más poder, está obligado a mayor generosidad. Pero todo esto, con ser importantísimo, es síntoma de un mal más hondo. El Gobierno se comprometió a no pactar con el PP. ¿Puede, entonces, acusar con justicia a la oposición de haber roto el consenso? El Ejecutivo reconoce que ha negado información al PP que sí ha suministrado a otros partidos. ¿Puede acusar a la oposición de haber roto el consenso? La clave se encuentra en una decisión gravísima del Gobierno: romper el consenso de 1978 y promover una especie de segunda transición en la que el PP quede extramuros del sistema, acusado de inconstitucional y tildado de extrema derecha. Si ese es el problema, está claro a quien compete la solución. A JULIAN DE DOMINGO Zapatero recibe el dictamen del Consejo de Estado El presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio- Llo- rente, hizo ayer entrega oficial al presidente del Gobierno del texto del dictamen sobre las reformas de la Constitución aprobado el pasado día 16 por el pleno de aquel organismo. La reunión celebrada en el Palacio de la Moncloa, de una ho- ra, fue calificada de protocolaria por portavoces gubernamentales. José Luis Rodríguez Zapatero, que tomó la iniciativa de pedir ese informe sobre los cambios propuestos por el PSOE, ha reconocido que la oposición del PP hace que esas reformas sean prácticamente inviables en esta legislatura. El TC declara competencia del Estado la gestión de las cuentas judiciales Los intereses que generan también corresponden a la Administración b El Pleno del Tribunal Constitu- cional resuelve a favor del Estado dos pleitos mantenidos por el Gobierno que presidió Aznar con Andalucía y Cataluña NIEVES COLLI MADRID. El Tribunal Constitucional declara que es competencia exclusiva del Estado la designación de la entidad bancaria en la que se han de abrir las cuentas corrientes donde se depositan las consignaciones judiciales, y que a él corresponde percibir los intereses que generen. El TC resuelve de esta manera y en una única sentencia el conflicto de competencia planteado en 1997 por la Generalitat de Cataluña contra una resolución del Ministerio de Justicia, de un lado, y, de otro, dos recursos de inconstitucionalidad planteados ese mismo año por el Gobierno contra la ley de presupuesto de Andalucía y un conflicto de competencia formulado contra un decreto de la Junta de esa Comunidad Autónoma. La sentencia, dictada por el Pleno del TC, cuenta con el voto particular de los magistrados Pablo Pérez Tremps y Eugeni Gay. La reclamación sobre la competencia para determinar la entidad bancaria en la que se depositen las cuentas de todos los juzgados y tribunales así como sobre la adjudicación de los intereses que generen -muchos millones de euros- es una antigua aspiración que mantiene hoy la Generalitat de Cataluña. El texto del Estatuto aprobado en la ponencia del Congreso de los Diputados establece en su artículo 104 la participación del gobierno autonómico en la gestión de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales y en sus rendimientos Los criterios para cuantificar dicha participación se basarán en el volumen de la actividad judicial desarrollada en la Comunidad Autónoma y el coste efectivo de los servicios Es decir, una gestión compartida que se contemplará también en la LOPJ, que se encuentra en trámite de enmiendas en la Cámara Baja. Competencias vinculadas El Tribunal Constitucional señala que las dos competencias objeto de discusión están íntimamente relacionadas, de tal manera que la atribución de la principal arrastra la adjudicación de la secundaria. Es decir: Será la administración competente para disponer de los intereses derivados de las cuentas judiciales la única que pueda decidir acerca de las condiciones en las que las entidades prestan el servicio bancario de cuentas (es decir, la que, previa licitación pública, firme el contrato) La sentencia da la razón al abogado del Estado al asegurar que los intereses generados por las cuen- tas bancarias son rendimientos desvinculados de la capacidad normativa de las Comunidades Autónomas pues lo contrario no encuentra apoyo ni en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) ni en ningún otro precepto del bloque de la constitucionalidad En consecuencia, concluye el TC, corresponde a la Administración del Estado disponer de los rendimientos que produzcan las cuentas a disposición de los órganos judiciales por lo que, necesariamente ha de atribuírsele también la designación, previo concurso público, de la entidad bancaria. Para el TC es evidente que la designación de las entidades de crédito forma parte de las facultades de gestión y regulación de unas cantidades generadas en virtud de distintos tipos competenciales estatales, como son la Administración de Justicia o la legislación penal y procesal, que constituyen ingresos de la hacienda estatal Los magistrados discrepantes- -uno de los cuales, Pablo Pérez Tremps, ha sido el ponente de la sentencia mayoritaria- -entienden que las competencias objeto del litigio corresponden a las Comunidades Autónomas porque las cuentas tienen un carácter instrumental y sirven para que los juzgados y tribunales desarrollen de manera correcta y eficaz sus funciones