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ABC MIÉRCOLES 1 3 2006 Nacional 21 El CGPJ hará un informe sobre las críticas del Supremo a la reforma del recurso de casación N. C. MADRID. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido remitir a la Comisión de Estudios el acuerdo en el que la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo expresa diversas críticas a la reforma del recurso de casación ante el alto Tribunal impulsada por el Gobierno. El acuerdo de la Sala de Gobierno se basa en un informe elaborado por el presidente de la Sala Penal del Supremo, Juan Saavedra, con el fin de que sea remitido al Congreso de los Diputados, ya que la reforma a la que se refiere- -en concreto la que afecta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal- -se encuentra en trámite de enmiendas. La misma decisión- -remisión a la Comisión de Estudios- -adoptó ayer la Comisión Permanente del CGPJ respecto de otro acuerdo de la Sala de Gobierno del Supremo, esta vez basado en un informe del presidente de la Sala Militar, Ángel Calderón. Este magistrado discrepa de otro punto de la reforma del Gobierno según el cual- -y cuando se cumplan determinadas circunstancias- -los magistrados de esa Sala podrán ser adscritos por el CGPJ, total o parcialmente, y sin que ello signifique incremento retributivo alguno, a otra Sala de diferente orden Calderón rechaza esta posibilidad porque en su opinión convierte a la Sala Militar en una sala de magistrados suplentes Además, duda de la eficacia de esta medida. El presidente de la Sala Penal critica que se limite el número de delitos sobre los que el alto Tribunal podrá ejercer su control casacional, reforma que, lejos de contribuir a la unificación de la doctrina agravará la situación de dispersión jurisprudencial actual en la mayor parte del orden jurídico penal Según los cálculos de Saavedra, si el Código Penal tipifica 333 delitos diferentes, quedarían fuera del control del Supremo 198. Otros 79 también podrían librarse del mismo. Entre esos delitos, figuran los de aborto, lesiones, amenazas a la esposa y difusión de pornografía, entre otros. El Defensor del Pueblo antes de su comparecencia en la Comisión sobre Seguridad Vial, junto al diputado de CiU Jordi Jané EFE Múgica pide en el Congreso que todos los vehículos lleven limitadores de velocidad Los reguladores han reducido los accidentes mortales en camiones y autocares favor de que se reforme el Código Penal, recuerda la indignación de las víctimas de tráfico porque las imprudencias graves sean faltas C. MORCILLO MADRID. El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, propuso ayer en el Congreso de los Diputados que se incorporen los limitadores de velocidad a todos los vehículos a motor, incluidos los coches, tal y como ahora se hace en el caso de los camiones y autocares, en virtud de una directiva europea de 1992. Este mecanismo ha contribuido a la reducción del número de accidentes mortales y a atenuar sus efectos en las carreteras y ya forma parte de nuestro derecho interno, argumentó Múgica, quien recordó que la velocidad es un factor determinante, tanto en la producción de accidentes como en la gravedad de los mismos En medio del debate sobre la necesidad de reformar el Código Penal en lo que se refiere a seguridad vial, Múgica recalcó que el objetivo de los limitadores no debe ser tanto sancionar las infracciones como impedirlas, pero precisó que este carácter preventivo no significa que esos dispositivos sirvan sólo para avisar al conductor sino que deben limitar de forma efectiva la velocidad. El Defensor del Pueblo no pasó por alto las dificultades que esa medida puede suscitar, casi todas de carácter económico -dijo- -pero, a su juicio, merecen la pena para salvar vidas. En este sentido, lanzó un mensaje b El Defensor del Pueblo, a Las propuestas a Justicia El Defensor del Pueblo remitió el pasado mes al Ministerio de Justicia una serie de recomendaciones tras una investigación sobre los accidentes y sus consecuencias. Algunas de esas propuestas son: Reforma legislativa. Múgica pide que se adecúe la legislación para que las sanciones se correspondan con el tipo de imprudencia cometida: muy grave, grave o leve. Actuación fiscal de oficio. Considera que todas las acciones delictivas en seguridad vial deben perseguirse de oficio, haya o no denuncia de la víctima. Parte de las multas para las víctimas. El Defensor del Pueblo solicitó asimismo que una parte de las multas por estas acciones penales se destinen a las víctimas de los accidentes o a sus familiares. Protocolo para los Cuerpos del Estado. Según Múgica, son necesarios protocolos o instrucciones destinados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que atienden el tráfico para que se elaboren atestados uniformes. Formación para trabajadores de Justicia. Precisa para conseguir una administración más ágil. claro a los fabricantes: ya hay empresas europeas del sector del automóvil que se están planteando la revisión de sus prácticas mercantiles y están introduciendo estos reguladores desde la fabricación del coche. La adjunta al Defensor, María Luisa Cava de Llano, indicó en su interven- ción ante la Comisión sobre seguridad vial que los ciudadanos no entienden cómo hay una limitación en las carreteras y a la vez se venden coches que pueden alcanzar los 300 kilómetros por hora Múgica volvió a referirse al malestar y la indignación extendida entre las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico por ciertas sentencias que consideran simple falta algunos comportamientos imprudentes, así como la mercantilización de casos en los que las compañías de seguros indemnizan a víctimas o familiares, y se tipifican como falta. Sentencias cuestionables Citó varios ejemplos, entre ellos, una sentencia dictada recientemente en Madrid que sancionó como falta de imprudencia el atropello de un peatón que cruzaba un paso de cebra. La víctima sufrió fracturas, parálisis, hemorragias y traumatismos con secuelas muy graves. El Defensor del Pueblo, firme partidario de que se reforme el Código Penal, se refirió a la ausencia de delimitación de lo que es imprudencia grave y afirmó con rotundidad que cualquier temeridad al volante tiene que merecer un reproche penal al margen de las indemnizaciones. De nuevo, igual que tras la comparecencia del director de Tráfico la semana pasada, todos los grupos parlamentarios se mostraron de acuerdo con Múgica. Victorino Mayoral (PSOE) defendió una reforma del Código Penal limitada mientras que el popular Federico Souvirón pidió medios para que la Fiscalía actúe de oficio. En manos del fiscal Saavedra apuesta por regular un recurso de casación que abarque todos los tipos delictivos y que sea impulsado por el Ministerio Fiscal, que estaría habilitado para plantear recurso de casación en todos los casos Se trataría de un recurso en interés de ley y, de resultar corregida la sentencia dictada en segunda instancia, no afectaría al caso concreto. Un sistema similar ya existe en Austria, Francia, Holanda y Polonia.