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4 Opinión MARTES 28 2 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil RTVE, REFORMA IMPRESCINDIBLE E ETA Y LA DOBLE MORAL NACIONALISTA E L último comunicado de la banda terrorista ETA sobre el balance de su tregua para Cataluña ha recibido muestras contundentes de rechazo por parte de los partidos catalanes. En general, todos han calificado el documento como una intromisión en la vida política de Cataluña. Alguno ha añadido el juicio- -un tanto infame- -de que estos gestos de ETA ayudan al Partido Popular, impidiendo así que se sepa si temen más las amenazas de los terroristas que el acertado diagnóstico del PP. En todo caso, hacen bien los partidos catalanes en protestar por esta nueva irrupción de los etarras en el actual escenario político de Cataluña, pero harían aún mejor si además asumieran las causas por las que ETA se considera legitimada para aplaudir el curso de los acontecimientos que se han producido en la comunidad catalana en los dos últimos años. Si ETA se entromete en la vida de los catalanes es porque hubo un partido, Esquerra Republicana de Cataluña, y un líder de ese partido, Carod- Rovira, que le dio carta de interlocutor para diseñar un futuro político, compartido o no, en el que las estrategias de unos y otros habrían de coincidir en algún punto del proceso. Carod- Rovira era entonces conseller en cap de la Generalitat y hoy es socio preferente del PSOE e invitado habitual de La Moncloa. La doble moral resulta especialmente rechazable cuando se aplica a ETA. Los mismos partidos que dicen que hay que negociar con los etarras, que Batasuna debe ser legalizada y que la solución del conflicto requiere la autodeterminación, se escandalizan de que ETA observe con satisfacción que eso es también lo que ella quiere y que haya un ambiente propicio para discutir sus reivindicaciones. Y ETA vincula esta coyuntura actual a las consecuencias de su tregua territorial para Cataluña. A los partidos nacionalistas y de izquierda catalanes les llena de indignación este planteamiento etarra, pero han consentido que la formación que se sentó con la cúpula etarra en Perpiñán- -para hablar con terroristas de un futuro político, no de su rendición- -sea socio de gobierno en la Generalitat y aliado del PSOE en Madrid. El problema para estos partidos es que en sus críticas subyace el deseo de que el PP no tenga la razón cuando denuncia las interferencias entre la estrategia de ETA, siempre pensada para beneficio propio de la organización terrorista, y del proceso estatutario que está en trámite. Ese deseo es comprensible y lo que cabe esperar es que realmente no exista relación entre una cosa y otra. Pero no es el PP el que se fue a Perpiñán a pactar con la cúpula de ETA, sino uno de los partidos promotores de un cambio estatutario con el que se pretende- -según se dice pública y oficialmente- -un cambio del sistema constitucional de relaciones entre Cataluña y el resto del Estado. No hay que olvidar que Esquerra Republicana y otros líderes del tripartito suelen replicar a los parones en la negociación del Estatuto advirtiendo, por un lado, que el PP se va a beneficiar del posible fracaso estatutario y, por otro, que tal fracaso supondría perder una oportunidad para el País Vasco. La insistencia en este argumento- -que no es de autoridad, sino meramente coactivo- -merece una explicación que aún está pendiente, pero que inevitablemente reconduce la duda sobre sus intenciones a una suerte de relación entre las posibilidades de un posible proceso de paz y el resultado final del proyecto estatutario. El terrorismo plantea dilemas morales a veces muy difíciles. La clase política catalana- -y también el PSOE- -tiene uno en su relación no con ETA, obviamente, a la que siempre ha condenado sin reservas, sino con Esquerra Republicana, que es el partido que ha comprometido el nombre de Cataluña en la verborrea seudopolítica de los terroristas. Y éstos aprovechan el favor del momento para dar al PSOE el abrazo del oso, felicitándose del daño que causan al Estado, subrayando cambios en algunas posturas políticas y recordando, en este inicio del principio del fin, que se reservan el derecho a matar a los enemigos significativos del pueblo vasco El problema que les debería preocupar es que el tiempo confirme no las denuncias del PP, sino las bravuconadas de los terroristas. GUERRA DE CIFRAS L A guerra de cifras en materia de asistencia a reuniones públicas y manifestaciones está alcanzando un nivel inaceptable de arbitrariedad y subjetivismo. Es notoria la dificultad para establecer criterios rigurosos, pero no hay justificación posible para sostener- -como hace la Delegación del Gobierno en Madrid- -que sólo 110.000 personas acudieron a la manifestación convocada el sábado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo. El interés partidista por minimizar el éxito de esta expresión multitudinaria ha llevado a facilitar una cifra muy inferior a cualquier valoración de sentido común. Es lamentable que se pretenda minusvalorar el apoyo social a las víctimas, a las que la gran mayoría social sitúa muy por encima de las coyunturas o del contexto político. La solidaridad colectiva es fiel reflejo de la deuda moral que la España constitucional ha contraído con quienes sufren más que nadie las consecuencias del fanatismo totalitario. Las víctimas merecen el afecto y el respeto de todos, muy en especial de las instituciones. Por ello, es inaceptable que el Gobierno reduzca a términos casi ridículos esta respuesta concluyente de la sociedad española. Por lo demás, como es natural, muchos ciudadanos acudieron también para hacer presente la exigencia al Ejecutivo de que la política antiterrorista no vulnere los principios básicos de la dignidad moral frente a quienes pretenden resolver la cuestión sin vencedores ni vencidos. Los medios de comunicación deben, por su parte, extremar el cuidado a la hora de ofrecer datos sobre esta delicada materia. Aunque el presidente del Gobierno asista a un acto en un recinto cerrado, no es posible materialmente que la capacidad del local llegue a multiplicarse por seis o por siete, vulnerando así las leyes más elementales de la física, sobre todo cuando el día anterior las leyes de esa misma física se aplicaban para menguar el número de asistentes a la manifestación de la AVT. Tal vez sería más adecuado valorar la concurrencia con criterios cualitativos, porque el éxito o el fracaso en términos políticos depende muchas veces de las expectativas previas o de las circunstancias particulares del caso. Es evidente, por ejemplo, que el mal tiempo generalizado en todo el país hacía más difícil asistir a la concentración del sábado; resultaba, de este modo, más meritorio reunir a tan enorme cantidad de manifestantes. Así pues, cabe exigir la máxima objetividad a los poderes públicos y una exquisita prudencia a quienes tienen el deber de informar a los ciudadanos, que se muestran cada día más perplejos ante las cifras contradictorias que transmiten las diferentes fuentes de información. L Gobierno está comprometido- -figuraba en su programa electoral- -a una reforma a fondo de la radiotelevisión pública que resulta tan urgente como inexcusable. Han pasado dos años de legislatura y poco se ha avanzado en esa dirección. Por eso, aunque sólo sea un primer paso que habrá que concretar en el futuro, resulta positivo que la SEPI, responsable de la gestión del ente, y la propia dirección de RTVE empiecen a poner sobre la mesa medidas concretas. Cierto es que lo deseable hubiera sido que ayer se presentara un plan amplio y definido de reestructuración y saneamiento, con cuantificación de costes y concreción de objetivos y calendarios. De momento, se van a reformar los centros territoriales, una decisión que parece tan urgente como necesaria, aunque reformar no quiere decir liquidar: la televisión pública estatal no debe desaparecer del territorio nacional, pero sí prestar ese servicio con costes razonables y proporcionados en función de sus medios y objetivos. La supresión de Radio 4, la emisora en catalán con menos audiencia de espectro, no es cuestionable. Igualmente lógica parece la revisión de Radio 5, aunque bajo la premisa inexcusable de que una radio nacional subsidiada debe incorporar a su programación un servicio permanente de noticias solvente y apreciado por la audiencia. Y otro tanto para Radio Exterior. Que se empiece a mover una reforma en profundidad de RTVE es saludable, porque el coste es insostenible y la competencia desleal que despliega contra los demás medios privados es impropia de un mercado abierto. Los medios públicos copan la mitad del espectro, y sus costes suponen la mitad de los del sector, pero sus audiencias no llegan, ni de lejos, al 50 por ciento del total. La reestructuración del sector publico audiovisual- -no sólo del estatal- -obliga a un severo recorte de costes y a la necesidad de replantearse en profundidad la conveniencia de ceder activos poco productivos, a fin de completar las redes y las posibilidades de otros actores del sector, en aras a mejorar la competencia y en beneficio final de los ciudadanos. El Gobierno ha reiterado que quiere más pluralismo y más concurrencia en el sector audiovisual. Ahora tiene una oportunidad de poner en práctica un discurso que no debe quedarse en una mera expresión de voluntades, sino hacerse realidad valorando seriamente la posibilidad de encontrar vías alternativas que hagan más llevadera la supervivencia del ente y alivien el coste del plan de regulación de empleo anunciado en su día por los responsables de la emisora. Sólo redimensionando en su justa medida la capacidad real de RTVE será posible mantener un equilibrio razonable entre la calidad del producto que se le debe exigir a un servicio público y las ayudas que recibe del Estado en razón de su propia concepción.