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14 Nacional LUNES 27 2 2006 ABC La reforma permite que no exista un régimen local homogéneo y común para todos los ayuntamientos, sino diecisiete distintos ción de los servicios, la legislación básica del Estado configurará compartimentos estancos, aislados entre sí, que generarán posibles agravios comparativos entre poblaciones. ¿A quién quiere beneficiar el Gobierno renunciando a regular una parte importante de las bases del régimen local? se preguntan representantes municipales tanto del PSOE como del PP. Los expertos hacen hincapié en que el anteproyecto- -entregado a la FEMP para su estudio- -se detiene excesivamente en el detalle de cuestiones como el padrón, el estatuto del vecino o la función pública local y no profundiza en otros elementos básicos como las competencias, la organización y, sobre todo, la financiación. A pesar de ser el mayor problema que tienen los ayuntamientos en su funcionamiento diario, en el texto del Gobierno no existe ni un título ni un capítulo ni siquiera un artículo dedicado a garantizar la suficiencia financiera de las haciendas locales. 30 por ciento de recursos Según las fuentes consultadas por ABC, los servicios impropios que prestan los entes locales pasan a ser propios pero siguen sin financiación y sin derecho a reclamación. Los ayuntamientos vienen exigiendo desde hace tiempo compensaciones por una serie de servicios que prestan por sustitución o dejación de otras administraciones y que les supone el 30 por ciento de sus recursos (sanidad, educación, servicios sociales, inmigración... Con la nueva legislación, estos servicios dejarían de ser impropios y, en consecuencia, los alcaldes ya no podrían reclamar compensaciones económicas, puesto que pasarían a formar parte de sus responsabilidades. Además, la ley convierte los servicios obligatorios en una exigencia para todos los municipios sin ninguna excepción (antes la había en razón de la población) Esto- -según los expertos- -dejará en desamparo a los medianos ayuntamientos (con pocos medios y sin saber a qué administración pedir ayuda) y convertirá en clientes políticos a los alcaldes de los pequeños, que quedarán en manos de las demás administraciones, de las que dependerán en función del color político dominante Otra novedad de la futura ley es la regulación relativa a las provincias e islas. Según los expertos, el anteproyecto desnaturaliza su carácter político y representativo, ya que la provincia isla pasa a ser una agrupación de municipios y esta consideración reduce su autonomía. No le reconoce su naturaleza política representativa (aunque sea de segundo grado) ni su condición de entidad local básica. Sólo pasa a ser un ente local necesario Si tenemos en cuenta que las bases del régimen local son competencia del Estado y éste no considera básica a la pro- El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, junto a Jordi Sevilla el día que fue elegido presidente de la FEMP EFE La nueva ley de régimen local que prepara el Gobierno rebaja el poder de los ayuntamientos Pretende aumentar la dependencia autonómica de los entes locales y disminuir su relación con el Estado b Se desnaturaliza el carácter re- presentativo de la provincia, que será una agrupación de municipios y desaparece la regulación actual de las grandes ciudades J. L. LORENTE MADRID. El Ejecutivo prepara una ley básica del Gobierno y la Administración Local con la que pretende dar más poder a las autonomías sobre los ayuntamientos y las diputaciones. El anteproyecto del Ministerio de Administraciones Públicas- -a cuyo texto ha tenido acceso ABC- -deja un amplio margen de la legislación básica en manos de las comunidades, con lo que aumenta la dependencia autonómica de los entes locales y disminuye su relación con el Estado, según fuentes municipales conocedoras del borrador que ha redactado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Las mismas fuentes interpretan que, con este anteproyecto, el Ejecutivo cede a las pretensiones de sus socios nacionalistas, ya que la norma servirá- -junto a otros proyectos ya aprobados por el Consejo de Ministros en materia de Justicia y Administración Pública- -para allanar el camino al futuro Estatuto catalán que pactaron Zapatero y Mas el pasado 21 de enero en el Palacio de la Moncloa. Lo que más ha llamado la atención a los expertos consultados por este perió- dico es que el Estado renuncia a regular una parte importante de las bases del régimen local, que deja en manos de las comunidades, algo que se traduce en una negación o no reconocimiento de la condición de administración estatal que también tienen los ayuntamientos y las diputaciones. Diecisiete modelos distintos En este sentido, los expertos conocedores del texto alertan sobre la posibilidad de que no exista un régimen local común y homogéneo para todos los municipios, sino diecisiete modelos distintos, uno por cada comunidad autónoma. Según las mismas fuentes, en lugar de servir de correa de transmisión entre todos ellos para la mejor presta-