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4 Opinión LUNES 27 2 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil ALERTA SOBRE EL NUEVO RÉGIMEN LOCAL L DECISIÓN DISCUTIBLE C ÉLULAS madre de la Infanta Leonor, primogénita de los Príncipes de Asturias, procedentes del cordón umbilical de la recién nacida, fueron trasladadas para su congelación durante quince años al Cord Blood Registry, un banco de células en Tucson (Arizona) en los Estados Unidos. Según la versión ofrecida ayer por la Casa de S. M. el Rey, el servicio fue ofrecido a los progenitores de la futura heredera de la Corona por el propio centro clínico en el que se produjo el alumbramiento de la Infanta, limitándose Don Felipe y Doña Letizia a aceptarlo. Antes, sin embargo, y como hoy informa ABC, por lo menos otra empresa- -española- -había ofertado la congelación de las células madre, si obtenían el correspondiente permiso de las autoridades españolas. Es enteramente lógico y entendible que los padres traten de disponer de todas las posibilidades terapéuticas ante posibles enfermedades futuras de sus hijos. Y a esa lógica no se han sustraído los Príncipes de Asturias. Sin embargo, determinadas reflexiones debieron ser valoradas en su momento para evitar tomar una decisión que puede juzgarse como discutible. La primera se remite al hecho de que en España un vacío legal no permite los bancos privados de células madre, aunque sí los públicos y anónimos emplazados en Málaga, Madrid, Barcelona, Galicia, Valencia y Tenerife; y aunque los privados estén autorizados en terceros países, parecería razonable que los Príncipes se hubieran atenido a los criterios normativos internos que se establecerán de manera inmediata. Los motivos por los que en nuestro país los bancos privados para la congelación de células madre no están autorizados- -tampoco expresamente prohibidos, aunque pronto una normativa los impedirá- -resultan de mucho calado. El principio del exitoso modelo de trasplantes de órganos en España se basa en su disponibilidad pública y en su anonimato, de tal forma que, en el sistema público de salud, cualquier ciudadano puede acceder a una potencial curación mediante un trasplante; por otra parte, la comunidad científica ha mostrado las muchas incertidumbres sobre la información genética que proporcionan esas células a los efectos curativos de determinadas enfermedades cuyas promesas terapéuticas están aún por determinar. Estas razones- -basadas en un principio de solidaridad muy arraigado en el sistema público de salud en España- -son suficientes para entender que los Príncipes de Asturias pudieron estar mal informados y no suficientemente asesorados sobre el alcance de la decisión que adoptaron. A todas estas reflexiones se añade otra adicional pero sustantiva: la seguridad. El perfil genético de la futura heredera y el ADN de la Familia Real se encuentran depositados en un banco de células en el extranjero sin garantías de confidencialidad absoluta. La filtración de la noticia acerca del transporte- -en mensajería privada, por cierto, otra temeridad- -de las células madre de la Infanta Leonor ilustra sobre la precariedad en la que se encuentra una información genética extremadamente sensible, susceptible de engrosar hipótesis sumamente inquietantes y que la Casa de S. M. el Rey y los mismos Príncipes de Asturias han de solventar con transparencia. En este contexto parece oportuno igualmente seguir apostando por la política que viene manteniendo la Organización Nacional de Trasplantes, esto es, por la universalización de su servicio mediante el carácter público de los bancos de células madre y el anonimato solidario de los depositantes. Así, ni a la primogénita de los Príncipes de Asturias ni a los demás ciudadanos les habrá de faltar la asistencia terapéutica que pueda deducirse de la investigación con células madre. Y si esto es así, parece razonable que siendo discutible la decisión del traslado y congelación en Estados Unidos de las de la heredera de Don Felipe y de Doña Letizia, se vuelva sobre ella y se adopte otra en consonancia con los criterios, casi unánimes, que desde la comunidad científica, la política, la normativa y la social se mantienen en España. MONTJUIC, OTRO PULSO NACIONALISTA pesar de que el Gobierno socialista aprobó el pasado viernes un proyecto de ley para la cesión al Ayuntamiento de Barcelona del Castillo de Montjuic, la reacción del alcalde Clos- -del PSC- -y de los partidos nacionalistas ha consistido en un rechazo a las condiciones previstas por el texto del Ejecutivo. En definitiva, piden que esta cesión tiene que ser incondicional, que es como suelen plantear los nacionalistas y asociados la satisfacción de su exigencias. El proyecto prevé que el Castillo de Montjuic mantendrá las antenas que el Ministerio de Defensa tiene en la actualidad y contará con una dotación militar para su custodia. También prevé, como exigió el ministro de Defensa, José Bono, que la bandera española ondee de forma permanente, junto con la de Cataluña y la de la ciudad de Barcelona. A pesar de que el ordenamiento jurídico prevé que la bandera nacional ondeará en todos los edificios públicos y de que la cláusula de reserva de un mínimo uso militar, para la defensa nacional, es absolutamente razonable, el tripartito ha mostrado la veta intolerante que caracteriza, de forma esencial, su relación con el Estado. Y es así, rechazando un uso militar restringido A y la presencia de la bandera nacional, como se pretende que el Castillo de Montjuic sea la sede de una centro por la paz en el que se recupere la memoria histórica. A la concordia por la imposición. Una vez más, el nacionalismo, y la izquierda que se le ha asociado, ejercen un pretendido derecho de dominio sobre la historia, transformando lo que únicamente habría de ser una cesión graciosa del Estado en una especie de reparación de un agravio secular. Que en el Castillo de Montjuic fuera fusilado Lluis Companys, presidente de la Generalitat al estallar la Guerra Civil, por el bando franquista debería merecer en esta polémica la misma eficacia conciliadora que el recuerdo de todos aquellos que fueron fusilados en el mismo sitio por el bando republicano. Nadie puede, por tanto, apropiarse de una parte de la Historia para construir sobre ella un sentimiento patrimonial que, además, sólo se puede satisfacer a costa de mutilar el pasado común. Pese a todo, no hay margen a la sorpresa. Este es el nacionalismo que el PSOE se ha buscado de socio y al que secunda- -e incluso supera- -el socialismo catalán. Montjuic resume el método nacionalista: cesión sin condiciones. AS comunidades autónomas no son el único elemento de la organización territorial del Estado, la cual- -de acuerdo con el artículo 137 de la Constitución- -incluye también a las provincias y a los municipios. Las diputaciones provinciales cuentan con una larga tradición como garantía para la prestación de servicios públicos. A su vez, los más de 8.000 municipios españoles se debaten entre la actitud exigente de los ciudadanos hacia la autoridad más cercana y la sempiterna carencia de recursos financieros. Resulta por ello más que preocupante el contenido del anteproyecto de ley básica de Gobierno y Administración Local, del que informa hoy ABC. Cediendo a las presiones nacionalistas, el Gobierno parece dispuesto a entregar una nueva presa a la voracidad de determinadas comunidades autónomas. Éstas, por su parte, utilizan sin disimular dos varas diferentes de medir: frente al Estado, la reivindicación permanente y el desplazamiento de los órganos de la administración periférica. Frente a los entes locales, una enérgica política de control jurídico y económico y un amplio despliegue de funcionarios autonómicos sobre el territorio. Parece, pues, que la regla de mayor proximidad al ciudadano, criterio razonable para medir la eficacia administrativa, sólo se aplica cuando conviene, dando lugar así a un curioso fenómeno al que cabe denominar neocentralismo autonómico. Según el anteproyecto, crece en proporciones alarmantes la dependencia de los municipios y provincias respecto de la correspondiente autonomía. El Estado renuncia a ejercer buena parte de su facultades en materia de legislación básica sobre régimen local, abriendo así el paso a 17 modelos heterogéneos, con el peligro evidente de suscitar agravios comparativos. El texto apenas afronta las cuestiones fundamentales, entre ellas las competencias municipales y provinciales y, sobre todo, la financiación. Sin embargo, ahora ni siquiera se menciona el principio de suficiencia financiera y, al convertir en propios los servicios que hoy día se califican de impropios se coloca en situación de desamparo a una gran cantidad de ayuntamientos, que ya no podrá reclamar las compensaciones correspondientes. Por lo demás, la subordinación a los nuevos centralismos puede abrir las puertas al clientelismo y a ciertas prácticas poco recomendables. Sustituir a las provincias por las comarcas es una vieja reivindicación de los nacionalistas catalanes. A pesar de los límites impuestos por una temprana sentencia del Constitucional de 1981, que consagró la garantía institucional de las provincias, parece que se busca desnaturalizar a una institución casi bicentenaria, a la que se califica de ente local no básico lo que permitiría a las comunidades autónomas legislar ampliamente al respecto. De este modo, se confirma la peligrosa tendencia a utilizar fórmulas indirectas para hacer operativas determinadas concesiones que por razones de imagen se excluyen del Estatuto catalán. Cada nivel territorial (Estado, comunidad autónoma, ente local) debe asumir su propia responsabilidad sin pretender ejercer una especie de imperialismo administrativo sobre los demás.