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34 JUEVES 23 2 2006 ABC Madrid La Eurocámara deja sin fecha el envío de una delegación para supervisar la reforma de la M- 30 La Comisión de Peticiones escuchó todas las versiones sobre la obra b La Comisión Europea entregará Tres posturas de un conflicto Las polémicas obras de soterramientos de la M- 30 han suscitado diversas opiniones por parte de los tres principales grupos municipales en el Consistorio madrileño: Ayuntamiento (PP) Defendió ayer ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que las obras de reforma de la M- 30 se ajustan a la normativa europea de estudios de impacto medioambiental. Javier Ruiz- Tomás, funcionario de la Dirección General de Medio Ambiente, señaló que el Consejo de Estado apuntó en abril de 2004 que las actuaciones municipales no están sujetas a evaluación de impacto medioambiental PSOE. Trinidad Jiménez se mostró esperanzada con que el alcalde sea sensible al clamor que ha llegado a Bruselas Explicó que la Comisión de Peticiones del Parlamento ha sido la única vía que han tenido para defender el interés de los ciudadanos que sufren el deterioro ambiental de la ciudad por un proyecto que no tiene las garantías de una Declaración de Impacto Ambiental IU. La portavoz municipal, Inés Sabanés, criticó la actuación del regidor madrileño Alberto Ruiz- Gallardón. Ha buscado- -dijo- -evasiones formales, como calificar de calle lo que era y es una autovía urbana, y fragmentar el proyecto en un intento claro de burlar los principios claves a favor de las evaluaciones de impacto ambiental el próximo mes de marzo su dictamen sobre el cumplimiento de la normativa europea de impacto medioambiental L. VILLENA. SERVICIO ESPECIAL BRUSELAS. La Comisión de peticiones del Parlamento Europeo escuchó ayer a todas las partes enfrentadas por las obras de cobertura de la M- 30 y su respeto a la normativa europea de impacto medioambiental. El debate tuvo lugar en la Eurocámara y dio como resultado la ratificación de que una Delegación de miembros de dicha Comi- obras y que fue quien intervino el año pasado para pedir a la Comisión Europea que iniciase un expediente informativo sobre la M- 30. Inés Sabanés intervino en nombre de Izquierda Unida, y Belén Gómez lo hizo como representación de los Afectados Nudo Sur. Dictamen de la CE La Comisión Europea había sido citada precisamente como parte, puesto que está realizando este informe que suscitó Carnero en febrero de 2004. Su representante aprovechó su intervención para informar de que el próximo mes de marzo entregará su dictamen sobre dicho proyecto, después de que haya sido aprobado en la reunión del Colegio de Comisarios. Se trata de un expediente informativo por el que Carnero solicitó al Ejecutivo europeo que estudiase la conformidad de las obras con las reglas de impacto ecológico, y por el que un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) al Ayuntamiento ha quedado congelado hasta que se sepa cuál es el dictamen de la Comisión Europea. Así, el próximo mes de marzo, si hubiese una respuesta positiva de la parte de la Comisión Europea el préstamo podría quedar descongelado. Sintomáticamente, en la documentación del BEI se identifica el proyecto al que se propone financiación ventajosa como Madrid. Calle 30 El reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Madrid de que esos fondos no se han utilizado aún es una clara prueba que nos induce a pensar que saben que las obras no cumplen con los requisitos medioambientales de la UE afirmó Carlos Carnero en la Eurocámara. Sin embargo, el eurodiputado popular, Carlos Iturgaiz, entendía que la iniciativa del Ejecutivo comunitario de hacer público su dictamen en mar- sión viajará a Madrid en los próximos meses para estudiar sobre el terreno las polémicas obras. No obstante, y contrariamente a lo que se esperaba de este debate, no se fijó la fecha en que los diputados europeos se trasladarán a la capital española. José María Ortega, director de Gestión de Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, fue respaldado por los eurodiputados populares Carlos Iturgaiz e Ignacio Salafranca, en defensa de la tramitación de las obras, que a su juicio cumple todas las reglas de impacto medioambiental. Al otro lado del banquillo se sentaron Alberto Toramina, representante de la Asociación de Afectados, apoyado por el eurodiputado socialista Carlos Carnero, que se considera personalmente damnificado por las CONFORME A LA LEGALIDAD JOSE MARIA ORTEGA ANTÓN Director General de Desarrollo zo, haría inútil el viaje de los parlamentarios a Madrid, por lo que sugirió suspenderlo. El presidente de la Comisión de peticiones, el polaco Martin Libicki, respondió con un rotundo no alegando que la visita a Madrid era un acuerdo en firme de los miembros de la comisión y que por tanto procederá a pedir la autorización correspondiente de la conferencia de presidentes del PE para llevar a cabo el desplazamiento. L a reforma de la M- 30 que lleva a cabo el Ayuntamiento de Madrid es un proyecto que se ajusta escrupulosamente a la legislación aplicable en España. Además es un proyecto que ha estado sometido desde antes de su inicio a todo tipo de autorizaciones y supervisiones por parte de las autoridades competentes tanto estatales como regionales, que han impuesto numerosas condiciones con objeto de que el proyecto se ejecute con las máximas garantías jurídicas y medioambientales. Muchos ciudadanos se pregunta- rán por qué motivo el proyecto de reforma de la M- 30 no se sometió a evaluación de impacto ambiental. En este sentido, hay que señalar que el Ayuntamiento ha seguido rigurosamente la legislación aplicable al caso y se ha sometido como cualquier ciudadano a la decisión de las autoridades competentes de la Comunidad de Madrid. Ésta quiso contar con todas las garantías jurídicas antes de pronunciarse sobre el asunto y por ello solicitó un dictamen al Consejo de Estado, el cual dictaminó que, conforme a legislación aplicable, las actuaciones no están sujetas a evaluación de impacto ambiental. En esta misma línea se han pronunciado con posterioridad los tribunales de justicia en diversas ocasiones. Ahora bien, esto no significa que se descuidaran los aspectos ambientales de la reforma de la M- 30. Impacto ambiental En representación del Ayuntamiento de Madrid, José María Ortega alegó la ya conocida tesis según la cual el dictamen del Consejo de Estado- -en respuesta a una pregunta del Gobierno de la Comunidad de Madrid en abril de 2004- declaró que conforme a la legislación aplicable, las actuaciones municipales en vías urbanas no están sujetas a evaluación de impacto ambiental Carnero respondió acusando de falta de coraje al alcalde Alberto Ruiz- Gallardón, por no haber acudido personalmente a Bruselas a comparecer ante la Eurocámara en defensa de la ejecución de una obra que considera que ha de ser un emblema de su mandato. El concejal socialista Félix Arias, que sí se desplazó a Bruselas, reiteró ante la prensa las irregularidades El PP esgrimió que las actuaciones en vías urbanas no están sujetas a evaluación de impacto El PSOE acusó al alcalde Ruiz- Gallardón de falta de coraje por no haber acudido en persona a Bruselas