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ABC MIÉRCOLES 22 2 2006 Internacional 35 La ejecución de una pena de muerte en California se aplaza por motivos éticos Dos anestesistas se niegan a participar por problemas de conciencia que ha obligado la negativa hará que la ejecución de la pena de muerte de Morales se alargue a más 45 minutos en lugar los 11 habituales PEDRO RODRÍGUEZ. CORRESPONSAL WASHINGTON. La esperada ejecución de Michael Morales- -un hispano de California condenado por el brutal asesinato, robo y violación de una joven de 17 años perpetrado hace un cuarto de siglo- -se ha visto retrasada un día porque dos médicos anestesistas se han negado a participar para cumplir la orden judicial obtenida por los abogados del reo en un intento de reducir al mínimo el sufrimiento físico de su cliente durante el previsto ajusticiamiento en la prisión de San Quintín. Los dos especialistas médicos, cuya identidad no ha sido revelada, han argumentado que prestar sus conocimientos para participar activamente en una ejecución constituye una violación de sus responsabilidades éticas, en clara contradicción con sus obligaciones bajo el juramento hipocrático. Posición deontológica respaldada por la Asociación Médica Americana, la Sociedad América de Anestesiólogos y la Asociación Médica de California. El juez federal Jeremy Fogel, persuadido de que la triple inyección letal puede violar la octava enmienda constitucional que explícitamente prohíbe castigos crueles e inusuales había dado al Estado de California la opción de emplear los servicios de dos anestesistas para asegurarse que el preso estuviera completamente inconsciente durante su ejecución. b Los cambios a los Tormenta política en EE. UU. por la gestión árabe de seis puertos b Washington ha otorgado permisos para que una empresa pública de los Emiratos Árabes Unidos gestione importantes instalaciones portuarias norteamericanas P. RODRÍGUEZ. CORRESPONSAL WASHINGTON. A los múltiples frentes abiertos que acumula la Administración Bush se ha sumado esta semana una llamativa sobredosis de reproches por el permiso otorgado por el gobierno federal para que una empresa pública de los Emiratos Árabes Unidos gestione instalaciones portuarias en Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, Baltimore, Miami y Nueva Orleáns. El visto bueno de la Casa Blanca, blanco de críticas bipartidistas, está siendo cuestionado como un riesgo inaceptable y contradictorio con las medidas de seguridad forzadas por el 11- S. El quebradero adicional para la Administración Bush se ha producido después de que este mes los accionistas de la compañía británica P O- -que venía operando los seis puertos en cuestión- -aprobasen la multimillonaria oferta de compra formulada por la firma Thender FZE, subsidiaria de la empresa pública Dubai Ports World (DPW) de los Emiratos Árabes Unidos. Aunque la Casa Blanca insiste en que ese país es un aliado clave en la lucha contra el terror, los criticos de este traspaso insisten en las múltiples implicaciones de Dubai en la trama del 11- S. Como parte de la tormenta política desatada por esta operación, destacados correligionarios del presidente Bush se han sumado a las peticiones de revisar el visto bueno de la Casa Blanca. Entre ellos figuran tanto gobernadores republicanos de jurisdicciones afectadas por la transacción como líderes parlamentarios que exigen la inmediata congelación de este contrato y una investigación a fondo, además de proponer una prohibición permanente a cualquier venta de operaciones portuarias a gobiernos extranjeros. El fiscal general Alberto Gonzáles ha defendido la aprobación de este polémico trato, insistiendo en que no se ha tomado esta decisión a la ligera sino tras un cuidadoso proceso de aprobación. Además de insisten en que esta operación de venta no interfiere con todas las responsabilidades de seguridad encomendadas a la Guardia Costera y los funcionarios del Departamento de Seguridad Interior. No obstante, ante el furor desatado, la Casa Blanca se ha desmarcado un tanto al indicar que el presidente Bush no había tenido noticia de este asunto hasta empezar a recibir las quejas del Congreso. 1983 a la máxima pena. El gran problema es que ese magistrado, Charles R. se ha unido a las solicitudes de clemencia rechazadas este mes por el gobernador republicano Arnold Schwarzenegger para Morales, la quinta negativa en sus dos años de mandato. El juez cree ahora en la falsedad de una parte de los testimonios utilizados contra Morales, problemas sumariales que han atraído también el respaldo de juristas como Kenneth Starr, el ex fiscal independiente encargado de investigar escándalos de la Administración Clinton. Quejas de la familia de la víctima Michael Morales AFP Ante este comentado boicot médico, los responsables de San Quintín han decidido proceder con la ejecución pero con una técnica diferente que garantice las instrucciones emitidas por el juez Fogel: administrar una sobredosis fatal de cinco gramos de sodio pentotal al reo en lugar del triple procedimiento habitual que consiste en empezar con una dosis menor de ese barbitúrico. Para después, utilizar el paralizante bromuro de pancuronio que colapsa el diafragma y los pulmones. Y finalmente, cloruro de potasio para detener el corazón. Como consecuencia de estos cambios, la ejecución de Morales se alargará a 45 minutos en lugar de los 11 minutos habituales. De no ser ajusticiado antes de la medianoche de ayer, madrugada de España, las autoridades de California tendrán que solicitar una nueva orden de ejecución al juez estatal que originalmente sentenció a Michael Morales en La familia de la víctima mortal en este caso, Terri Winchell, se ha quejado amargamente de todas estas maniobras legales que considera un martirio adicional a su pérdida. La madre, Bárbara, ha indicado que todas estas noticias y notoriedad solo me hacen sentir que el asesinato de mi hija ha ocurrido ayer mismo Otros familiares han recalcado que el sufrimiento de Terri durante su brutal asalto justifica de sobra que su asesino fuese ajusticiado en la horca o la silla eléctrica De no producirse alguna adicional intervención judicial, la ejecución de Michael Morales- -de 46 años y que ha admitido su crimen bajo la influencia del alcohol y las drogas- -será la número 14 completada en California desde que por votación popular se reinstaurará la pena de muerte en 1978. Además de convertirse en el primer hispano ejecutado en la era moderna de la pena de muerte californiana. En estos momentos, el método de inyección letal es utilizado por 36 de los 38 Estados de la Unión con este tipo de penas, además de la jurisdicción federal. Uribe destituye al jefe del Ejército colombiano por el escándalo de las torturas a soldados ALEJANDRA DE VENGOECHEA CORRESPONSAL BOGOTÁ. Desde el domingo pasado la mayoría de los colombianos sabían que en menos de 24 horas habría movimiento en las altas cúpulas militares después de que la revista Semana, la de mayor circulación en este país andino, publicara un informe de ocho páginas en el que contaba con todo lujo de detalles cómo fueron torturados 21 soldados. Me pegaron y me pusieron hormigas en las orejas decía uno. Me metieron la cabeza en un hueco lleno de mierda agregaba otro. Yo le gritaba que no me quemara y él se reía remataba un tercero. El presidente Álvaro Uribe, quien estaba en Washington negociando la firma del TLC, se enteró de todo esto un día antes de la publicación pese a que el Ejército estaba al tanto desde el 27 de enero, dos días después de los hechos. Uribe, un hombre que a lo largo de su gobierno no le ha temblado la mano a la hora de destituir a quien cometa un error, dijo deplorar que se le haya informado tarde a la opinión pública y ayer aceptó la renuncia al comandante del Ejército, el general Reinaldo Castellanos, uno de los hombres de su mayor confianza con 32 años de experiencia. En su lugar Uribe, quien según todas las encuestas resultará reelegido en las elecciones presidenciales de este año, designó al general Mario Montoya, jefe militar de una región del norte del país con amplia experiencia en la lucha antiguerrillera. Acepto que haya molestias. Respeto el sentimiento que esto generó al señor presidente Ni más faltaba que no le tuviera respeto, acepto este costo político dijo Castellanos en rueda de prensa. Es una inmensa responsabilidad que voy a asumir y tengo que dedicarme desde ya, de lleno. Es un momento difícil de mi Ejército, pero este Ejército es muy grande... (pero) tengo la certeza absoluta que vamos a salir adelante declaró por su parte el general Montoya, visiblemente emocionado. Mientras tanto, familiares de los soldados anunciaron que seis de los 21 implicados abandonarán el Ejército y que los otros 15 seguirán pero con ayuda médica y psicológica permanente. Todo quedó en paz dijo a los medios locales Yesenia Vargas, madre de uno de los soldados torturados.