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4 Opinión MARTES 21 2 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil EL LISTÓN DEL NACIONALISMO CATALÁN AS declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero a ABC, en las que aseguró que el Estatuto de Cataluña seguramente será para siempre provocaron ayer la airada reacción de ERC- -Tardá, siempre excesivo, fiel a su estilo, comparó al jefe del Ejecutivo con Hitler- -y de CiU, que estuvo más más comedida desde un punto de vista formal, pero igualmente contundente en su respuesta. Las críticas de los nacionalistas catalanes ponen de manifiesto hasta qué punto discrepan del Gobierno socialista sobre el punto exacto donde poner el listón de las reivindicaciones. Si Zapatero pensaba que elevándolo se solventarían los problemas, se equivocó, pues ERC- -desubicada en el nuevo paisaje político catalán surgido tras la foto de la Moncloa entre Mas y el presidente del Gobierno- -no parece dispuesta a dar su brazo a torcer, y CiU ha dejado claro que la reforma estatutaria no es el final sino el principio de un proceso en el que, como señaló ayer su presidente, cuando haya otra coyuntura que nos permita un paso adelante la aprovecharemos Los nacionalistas- -cada cual con sus matices- -no engañan y, al final, tratan de aprovechar la coyuntura en beneficio propio. Cuestión de manual. L LA JUSTICIA GOLPEA A ETA UNQUE aún no se ha hecho pública la resolución de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre la situación penitenciaria de Henri Parot, este sanguinario terrorista ya sabe que seguirá en prisión hasta 2020. Esta decisión del Alto Tribunal ha abierto una nueva interpretación del sistema de redención de penas establecido por el Código Penal de 1973. Por un lado, mantiene su criterio de acumular todas las condenas impuestas a un delincuente cuando los delitos cometidos hubieran podido ser juzgados en un único proceso. Pero, por otro lado, establece novedosamente que las redenciones previstas por aquel Código Penal se aplican sobre cada una de las condenas y no sobre el límite máximo de 30 años. De esta forma, Parot va a cumplir íntegramente el tiempo máximo de permanencia en prisión, que es, en cuanto al resultado, lo que se estableció en la reforma del Código Penal aprobada en 2003, durante el segundo mandato de José María Aznar. No era esto lo que quería el terrorista, aunque formalmente el Tribunal Supremo ha revocado el auto de la Audiencia Nacional que acumuló sus condenas en dos tramos temporales. Pero tampoco era lo que planteó el fiscal general del Estado, que respaldó el informe a favor del recurso de Parot sin ofrecer alternativas o modificaciones a la jurisprudencia del Supremo, como habría correspondido a una institución que debe velar por el interés general y la satisfacción de la Justicia. Conde- Pumpido no puede atribuirse ningún mérito en la prolongación del encarcelamiento de Parot. Por el contrario, es una desacreditación más de su gestión. Si de él hubiera dependido, este asesino en serie habría salido en 2009. Pero se ha vuelto a equivocar. Y van tres. No actuó contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas, y la Audiencia Nacional procesó luego a varios de sus dirigentes por integración en banda armada. No pidió, a iniciativa propia, la prohibición del congreso de Batasuna en Baracaldo, y fue otra vez Grande- Marlaska el que subsanó su desidia. Y ahora, el pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo le ha demostrado que la jurisprudencia no está escrita en piedra sagrada, que es modificable y que para cambiarla hace falta voluntad de hacerlo y A determinación para encontrar en la ley los argumentos necesarios. Pero esta actitud requiere que el fiscal general esté únicamente al servicio del interés social y del principio de legalidad. Nuevamente ha quedado claro que, en un Estado de Derecho la independencia judicial no es un etiqueta formal, sino un principio operativo de los tribunales frente a estrategias políticas o presiones externas. En pleno debate sobre el futuro de los presos etarras en un proceso negociador, los jueces han aplicado la ley penal en un sentido perfectamente constitucional, porque a Parot no se le ha ampliado la duración de las condenas firmes que le fueron impuestas, sino que se ha decidido cómo ejecutarlas. Es un serio aviso para el Gobierno, al que no se le ha escuchado en estos meses un respaldo firme y claro a las acciones judiciales contra el entramado batasuno. Cabe confiar en que ahora considere como una buena noticia que Parot, el matarife etarra, permanezca en prisión hasta 2020, aunque sea un lastre en el diseño del proceso de paz Y cabe esperar que el fiscal general del Estado, tan celoso con la protección de la doctrina del Supremo, aplique esta nueva pauta establecida por su Sala Segunda para asegurar que los etarras que pidan su excarcelación anticipada cumplan íntegramente la pena máxima de 30 años. ETA sí entiende perfectamente este mensaje de firmeza. Un terrorista sabe enseguida cuándo tiene perdida toda esperanza, y éste es el verdadero principio del fin de una organización terrorista. Los jueces, de nuevo, están marcando los límites del Estado, están señalando las materias innegociables y los principios que no admiten transacción. La Justicia es el primero de todos ellos. Si alguna vez se pensó en una paz por presos, queda claro que esta fórmula podrá plantearse con decisiones políticas- -indultos- -o legislativas- -reformas del Código Penal- pero no con la legislación vigente. Si el Gobierno está dispuesto a correr ese riesgo, debe decirlo y comprometerse públicamente. En otro caso, habrá de aceptar que la única paz que está en condiciones de prometer es la que venga de la derrota de ETA; y que, al final, necesariamente habrá vencedores y habrá vencidos. Afortunadamente, vencidos como Henri Parot. EL FRAUDE DE LAS BODAS DE CONVENIENCIA E A VUELTAS CON GIBRALTAR A cuestión de Gibraltar sigue dándonos quebraderos de cabeza. Lo que desde hace muchos años tendría que ser un asunto superado y encauzado en el marco de las buenas relaciones entre el Reino Unido y España, sin embargo, sigue siendo un tema de actualidad. Que dos países aliados y con vocación trasatlántica convergente sigan manteniendo vivo este escenario de conflicto supera cualquier juicio de racionalidad y sensatez. Sobre todo, a la vista de cómo los británicos han ido liquidando su herencia imperial sin demasiados problemas para su sensibilidad nacional hasta el momento. España y el Reino Unido deben resolver este conflicto colonial. Y han de hacerlo con inteligencia, sin abrir más ámbitos potenciales de desencuentros. A la altura del siglo XXI y con un denso tejido de intereses compartidos, es inadmisible que un peñón siga viviéndose hoy como un problema bilateral, cuando fue engendrado hace tres siglos. En este sentido, la decisión del ministro Moratinos de incorporar al Gobierno de la colonia como interlocutor en las rondas de negociación hispano- británicas añade al conflicto una com- L plejidad adicional innecesaria. Máxime cuando hasta hace unos meses el conflicto había sido históricamente bilateral. Lejos de tejer complicidades, la decisión del Ejecutivo que preside Zapatero ha generado la necesidad de contar con el apoyo de una nueva parte- -el Gobierno de Peter Caruana- -que no oculta su deseo de poder mantener vivo el contencioso para lograr así sus particulares réditos, probablemente independentistas. Por de pronto se ha conseguido que no sean dos las partes en litigio, sino tres. Esto, con el tiempo, se evidenciará como un grave error. Ayer mismo, sin ir más lejos, reanudada la ronda de negociaciones sobre el futuro de la colonia entre José Pons, director general para Europa y América del Norte, su homólogo británico y el primer ministro Caruana, el gran protagonista del encuentro fue éste último. Esto no es más que la confirmación de que la compleja fisonomía que adquiere el conflicto no sólo ha alterado la histórica posición de España, sino que ha otorgado a la colonia una visibilidad internacional que estimula sus intereses particulares, y que no son otros que los que representa el propio Caruana. SCAMADO por el aumento exponencial de bodas entre españoles y extranjeros (de 9.198 matrimonios en 1996 se pasó a 30.930 en 2004) el Gobierno intenta atajar ahora los llamados matrimonios de conveniencia o de complacencia práctica según la cual el único objeto de la unión es que el cónyuge foráneo se aproveche de los derechos inherentes al matrimonio con un español. De por medio suele haber una más o menos jugosa recompensa económica de la que se beneficia el enamorado autóctono. En principio, nunca está de más que se refuerce el control sobre las prácticas fraudulentas de las que pueda ser víctima el Estado, pero las instrucciones dadas por el Ministerio de Justicia al personal de los Registros para detectar estos enlaces con trampa no dejan de ser una puesta en limpio del sentido común, que difícilmente garantizan que se mejore el filtro. Parece claro que si uno de los contrayentes es reincidente en el asunto, si hay dinero de por medio o si los contrayentes no son capaces de hablar el mismo idioma, cuanto menos han de levantar sospechas. Que no pretenda el ministerio que mejore mucho la caución del fraude con esa colección de lugares comunes. Dotar de más medios a la inspección suele ser más útil que acudir el viejo método de mandar una circular con unas simples instrucciones para resolver un problema complejo.