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4 Opinión LUNES 20 2 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil LA QUIEBRA DEL TRIPARTITO CATALÁN SEGURA el presidente del Gobierno- -en la segunda parte de la entrevista publicada ayer y hoy en ABC- -que hay Estatuto catalán para los próximos veinticinco años como mínimo Esta expresión de buenos deseos choca frontalmente con la realidad. La multitudinaria manifestación del sábado en Barcelona fue, sin duda, un éxito para Esquerra Republicana, que ha visto reforzada su postura en contra del pacto de los socialistas con CiU. Parece que los desvaríos de Carod- Rovira sobre los poderes fácticos que tutelan, a su juicio, la reforma del sistema territorial encuentran eco en un sector radicalizado de la sociedad catalana, cuyas expectativas había alimentado Rodríguez Zapatero con su compromiso previo de aceptar el texto aprobado por el Parlamento autonómico. Los ciudadanos no son tan flexibles como los políticos a la hora de adaptarse a la coyuntura. De hecho, el tripartito resulta ya insostenible en términos de lógica política y sólo puede subsistir por el deseo voluntarista de aferrarse al poder que comparten Pasqual Maragall y sus socios. Asimismo, el pacto PSOE- ERC en el Congreso de los Diputados parece amortizado, mientras Artur Mas continúa jugando sus bazas como alternativa en Cataluña y como complemento indispensable (cada vez más de acuerdo con las encuestas) en el conjunto de España. El oasis catalán se ha convertido en una especie de sainete. Miembros del Gobierno de la Generalitat acuden a una manifestación para protestar contra un proyecto que culmina la principal apuesta del propio Ejecutivo al que pertenecen. A su vez, el PSOE se apoya sin disimulo en el gran rival del PSC, favoreciendo así las posibilidades de desplazar a los suyos del poder en las próximas elecciones autonómicas. Vista la respuesta a la convocatoria de las asociaciones socioculturales que se mueven en la órbita de Esquerra, resulta ingenua la interpretación que ofrece el presidente del Gobierno, para quien a ERC no le queda otro remedio que sumarse al consenso estatutario. Es muy posible, sin embargo, que Carod y los suyos obtengan mayor rédito del distanciamiento respecto a un texto que, muy lejos de ser satisfactorio según el modelo constitucional, rebaja sin duda excesos notorios del proyecto original. Esquerra suele moverse con soltura en los escenarios de confusión, y el que deparan las próximas semanas propende más bien a la entropía. Los hechos son tozudos: a pesar de los deseos expresados tanto por el Gobierno como por los socialistas catalanes, lo más probable es que Rodríguez Zapatero aún no pueda pasar página en Cataluña, siempre que no quiera arriesgarse a dejar heridas de muerte las expectativas del PSC. La hoja de ruta empieza a fallar y algo tendrán que hacer los estrategas socialistas para conseguir que se adapte a una situación cada día más compleja. A VOLVER AL PACTO ANTITERRORISTA pesar de que el Gobierno mantenga inmutable el mensaje sobre el inicio del proceso de paz, el último comunicado de la banda terrorista ETA, unido a la serie de atentados con explosivos cometidos en este año, es una réplica a las esperanzas de una tregua inminente. Es más, ETA ha abortado esa esperanza, y no porque su comunicado diga algo novedoso en contra, sino, precisamente, porque lo que dice es exactamente lo mismo que viene diciendo desde hace treinta años: la autodeterminación y el cambio de estatus jurídico son las condiciones irrenunciables para el cese de la violencia. La base del discurso gubernamental sobre el llamado proceso de paz es la creencia de que actualmente hay una ETA nueva, dotada milagrosamente de una capacidad reflexiva que le ha llevado a interiorizar su derrota. Éste es el problema principal al que se enfrenta el Gobierno: creer que ETA ha cambiado. A partir de este error radical, que vicia todo el análisis sobre el supuesto proceso de paz, se explica el fracaso- -provisional, en el mejor de los casos- -de la apuesta del Gobierno en relación con el fin de ETA, que es algo más que el cese de su violencia, porque exige la entrega de armas y su disolución. Hace ya nueve meses que el Congreso de los Diputados se implicó en una oferta de negociación a ETA a través de la resolución a favor del final dialogado de la violencia. Desde entonces, el único sustento público- -en privado habrá otros- -del discurso del Ejecutivo para alimentar las expectativas de paz es la ausencia de víctimas mortales en los atentados cometidos por ETA. Tal argumento desconoce los múltiples heridos causados hasta ahora por ejemplo, por el coche bomba en el recinto ferial Juan Carlos I, de Madrid- -y las órdenes expresas de asesinato incautadas al comando detenido en Valencia; y, además, pone exclusivamente en manos terroristas un proceso que debería controlar el Estado, siempre que por éste no se aceptara otra cosa que la derrota operativa de ETA mediante la acción policial. Pero si lo que realmente quiere el Gobierno es una paz sin vencedores ni vencidos eso le va a exigir comportarse como un pacificador intermediario. Y esta actitud acabará conduciendo al llamado proceso de paz a un callejón sin salida. En primer lugar, porque el Gobierno, tal y como se reflejaba en la entrevista con Rodríguez Zapate- A ro en nuestro periódico, parece asumir que el punto de partida del diálogo será una composición de datos sobre la situación, sin esperar a una declaración explícita por ETA de cese de la violencia o decisión similar. En segundo lugar, porque el ofrecimiento al PP se torna en un recurso de alivio político momentáneo, dado que no va acompañado de unas condiciones mínimas de rectificación. En efecto, el Gobierno sólo puede pedir colaboración al PP sobre la base de rectificar una política antiterrorista objetivamente fallida. Si después de ofrecer a ETA diálogo a través del Parlamento; de derogar de facto la Ley de Partidos; de anular el Pacto Antiterrorista; de consentir al PSE una aproximación al diagnóstico y el método propuesto por Batasuna para superar el conflicto si a pesar de todos estos gestos la respuesta de ETA es la misma que hace treinta años, el Gobierno tiene que asumir que se ha equivocado y que su equivocación ha supuesto un retroceso cualitativo del Estado en el balance de la lucha antiterrorista, porque hay menos unidad política entre el Gobierno y la oposición y todo el entramado proetarra se encuentra reforzado y confirmado en sus planteamientos soberanistas, que serán a los que ETA sirva con sus futuras decisiones. Sería deseable que el PP aceptara la oferta hecha por el presidente del Gobierno, pero resulta puramente retórico pedir a los populares que se adhieran a una política equivocada. La vuelta a los principios políticos y operativos del Acuerdo por las Libertades y Contra el Terrorismo, así como la cancelación de toda oferta, explícita o encubierta, de diálogo con los terroristas, y la recuperación del discurso de la derrota incondicional son requisitos imprescindibles para que el Gobierno y la oposición restauren la unidad de acción. Al margen de que el discurso del PP adolezca en ocasiones de falta de matices en su oposición al Gobierno, lo que no cabe aceptar es que sean Rajoy y su equipo los que se vean comprometidos por el endoso de corresponsabilidad que les ha girado el Gobierno. Para una apuesta en la que se predetermina que los terroristas no van a ser vencidos, con todo lo que esta renuncia conlleva de abandono moral, el Ejecutivo no puede reclamar seriamente la colaboración del PP, fundamentalmente porque no es una apuesta viable ni aceptable en términos políticos y éticos. ALEMANIA REVISA SU MODELO FEDERAL LEMANIA necesita urgentemente modernizar sus anquilosadas estructuras para salir de la crisis, pero el modelo de República Federal que se le impuso en 1948 para reorganizar los sectores occidentales de un país derrotado y dividido ya no da más de sí. Esencialmente, lo que sucede es que aquel sistema federal ha llevado al país a una situación en la que no hay ningún organismo que pueda tomar por sí solo una decisión relevante, pero sí muchos que tienen potestad para bloquearla, aunque sea por razones que no tengan que ver con la cuestión que se discute. De ese modo, se produce la paradoja de que, para el Gobierno federal su capacidad de maniobra soberana se limita a los campos donde no tienen nada que opinar los lander es decir, prácticamente ninguno. La crisis es menos vistosa porque en Alemania no existen fuerzas políticas nacionalistas centrífugas como las conocemos en España. Pero, en un caso que a muchos españoles les puede resultar familiar y que para los alemanes A significó la primera voz de alarma, la federalización en materia educativa ha conducido a una multiplicación hasta el infinito de sistemas pedagógicos- -incluso dentro de cada región- -y, como consecuencia, a la estrepitosa caída de Alemania en los indicadores internacionales sobre niveles propios de los países en desarrollo. No es casualidad que este nuevo intento de buscar soluciones en la raíz del problema se vaya a acometer en un momento en el que el país está siendo gobernado- -como lo fue en su fundación- -por una gran coalición entre los dos principales partidos del país, el democristiano y el socialdemócrata. Angela Merkel ha demostrado hasta ahora visión clara y determinación; y ojalá tenga la fuerza para llevar a cabo una tarea de la que depende el éxito de sus aspiraciones renovadoras. Es de esperar también que los partidarios españoles del federalismo estudien lo que sucede en Alemania con el mismo interés con el que aplaudieron su desarrollo en los últimos cincuenta años.