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ABC DOMINGO 19 2 2006 Los domingos 53 Milans del Bosch, enterrado en el Alcázar de Toledo El ex teniente general Jaime Milans del Bosch y Ussía, el oficial de mayor graduación de los condenados por el golpe frustrado, falleció en su domicilio madrileño víctima de un tumor cerebral el 26 de julio de 1997, y fue enterrado en el Alcázar de Toledo, en cuya defensa participó durante la Guerra Civil. Llevaba en la calle desde el 1 de julio de 1990, cuando salió de prisión tras haber cumplido los 75 años de edad y apenas 10 entre las rejas de la penitenciaría de Alcalá de Henares, un tercio de su condena a 30 años. Hasta su proceso por rebelión militar, tuvo su destino en la Capitanía General de la III Región Militar de Valencia, la ciudad donde decretó el estado de excepción y en la que desplegó sus tanques. Que sólo ordenó retirar tras hablar con el Rey, haciendo honor a la honda tradición monárquica que se predica de su aristocrática familia. En 1995, en su única entrevista, aseguró que volvería a actuar igual que en el 23- F, y que nunca solicitó el indulto, porque no se creía culpable de ningún delito. Armada, el Tejero, el silencio elefante entre de un golpista de las camelias opereta El que hubiera sido presidente del Gobierno de triunfar el golpe, emplea su libertad recuperada en 1988- -cuando fue indultado por razones de salud y por acatar la Constitución- -en cuidar su más que próspero vivero de camelias y comerciar con quesos desde su finca de Santa Cruz de Rivadulla, cerca de Santiago de Compostela, amén de dedicarse a alguna que otra obra pía. El ex general de División del Ejército de Tierra y también marqués, que el pasado día 12 cumplió 86 años, fue condenado por el Tribunal militar a 6 años de reclusión, luego aumentados a 30 por el Supremo previo recurso del Gobierno, lo que igualaba el grado de responsabilidad en el golpe del supuesto elefante blanco al de Tejero y Milans. También fue expulsado del Ejército, a pesar de lo cual cobra la pensión máxima: 2.159,12 euros al mes durante 2005. El día de autos, Armada era segundo jefe de Estado Mayor, y aunque se le cataloga como cerebro de la operación, siempre se declaró víctima inocente de una conspiración política El ex teniente coronel Antonio Tejero Molina fue el último de los condenados por el 23- F en salir de la cárcel. Lo hacía de la de Alcalá de Henares, en diciembre de 1996, tras cumplir 15 años y 9 meses de los 30 años de reclusión a que fue condenado. El buen comportamiento y las donaciones de sangre le sirvieron para redimir los más de cuatro años que le faltaban para sumar los 20 que la ley le exigía para conceder la libertad condicional, de la que disfruta entre su localidad natal, Alhaurín el Grande, y Madrid. Dicen quienes le conocen que el ex guardia civil vive a sus 74 años retirado del mundanal ruido, sostienen que abrumado por el peso de haber sido el gran protagonista del golpe. Tejero está en silencio, eso sí, con la excepción del exabrupto en forma de carta que el pasado mes de enero envió a un diario de Melilla- -en la que criticaba la postura del Gobierno respecto al Estatut- -y de su delirante intento de presentarse a las elecciones generales de 1982 con el partido Solidaridad España Diez de los condenados lo fueron a más de tres años y perdieron el uniforme. De los otros once, algunos siguieron su carrera militar, con ascensos y hasta la Cruz de San Hermenegildo gundo Jefe del Estado Mayor de Capitanía General de la Tercera Región Militar y uno de los más cercano a Milans del Bosch. De hecho, redactó los dos bandos del teniente general: el del día 23, que disponía medidas militares excepcionales, incluido el toque de queda a raíz del que se sacaron los tanques en Valencia, y el del día 24, ordenado por el Rey, que anulaba todo lo anterior. Los otros que salieron perdiendo lo suyo con el recurso del Gobierno fueron los coroneles Miguel Manchado García y José Ignacio San Martín, a los que los 6 años y un día de cárcel se les convirtieron en 8 y 10 años de reclusión, respectivamente. San Martín, que el 23 de febrero de 1981 era jefe de Estado Mayor de la Brunete, murió tras una larga enfermedad en el Hospital Central de la Defensa de Madrid en junio de 2004, pocos días antes de cumplir 80 años, con 1.946 días de prisión cumplidos por su participación en el golpe. En resumen, más de siete años y medio que invirtió en escribir los recuerdos ahora publicados, tras su muerte, bajo el título Apuntes de un condenado por el 23- F El ex coronel, al que en la prisión de Castillo de Santa Catalina (Cádiz) se negó la habitual redención de días de castigo por donación de sangre, llegó a interponer junto a Manchado García un recurso contra la decisión adoptada en 1987 por el Consejo Supremo de Justicia Militar de no rectificar las penas accesorias de separación de servicio, recurso que fue desestimado, por lo que nunca pudieron reingresar en el Ejército. San Martín pasó sus últimos años convaleciente. Su compañe- ro reparte hoy su tiempo entre la pintura y el cultivo de limones. Seis años y un día, y en su caso sin agravamiento posterior de la condena, le cayeron al capitán José Luis Abad Gutiérrez, que estuvo entre rejas hasta febrero de 1986, cuando dejó totalmente extinguida la pena privativa de libertad. Pagó por llevar una mal entendida obediencia hasta las últimas consecuencias: el capitán tenía un pasaporte para realizar un curso en el extranjero cuando Tejero le pidió participar. Y no se lo pensó dos veces. Acompañado por una fila de guardias civiles, si- El juicio se cerró tras 47 sesiones y la sentencia se emitió el 3 de junio de 1982 gió el avance de su teniente coronel por los pasillos del Congreso, aunque no aparecen en las primeras imágenes tomadas dentro del hemiciclo porque el capitán Abad se detuvo a abroncar a un ujier que estaba fumando justo en la entrada del salón de plenos. De los expulsados del Ejército, queda también el capitán Jesús Muñecas Aguilar. Tres años y seis meses de cárcel para el que fuera jefe del escuadrón de la Comandancia Móvil de la que salieron los autobuses camino del Parlamento para ocuparlo. Una vez allí amenazó a los periodistas- no intentes enchufar la cámara que te mato advirtió a uno- -y anunció la llegada de la autoridad competente militar, por supuesto que nunca apareció. Ya en la calle, no depuso sus actitudes chulescas: en 1994 organizó un homenaje a Tejero en Valdemoro, en la escuela de equitación que regentó a su vuelta a la vida civil como criador de caballos. Y queda el civil, Juan García Carrés, el correveidile de los sublevados, condenado a dos años. Cumplió poco más de uno en prisión preventiva, y después anunció que se sentía amenazado de muerte y dejó un testamento dejando claro que si moría, no sería por suicidio. Falleció de ataque cardiaco en 1986, no sin antes casarse con la viuda de un militar y consumar la última charlotada: registró el término 23- F como marca comercial.