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4 Opinión SÁBADO 18 2 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil AHORA ASOMAN LOS A Policía sospecha que los Grapo pueden estar detrás del asesinato de una mujer, ocurrido en Zaragoza el pasado 6 de febrero, acción criminal en la que también resultó tiroteado su marido, propietario de una empresa de trabajo temporal y al que los agresores pretendían secuestrar. La identificación de los activistas por parte del superviviente, sumada al hecho de que las ETT hayan sido un objetivo prioritario de la banda de ultraizquierda, ha llevado a las Fuerzas de Seguridad hasta la pista de los Grapo. Además, todas estas evidencias coinciden en el tiempo con comunicaciones entre grapos que hablaban de la inminencia de su regreso a la actividad criminal (asunto adelantado desde estas páginas) Un último punto aportaría verosimilitud a esta reaparición: los rumores de apertura de una negociación con ETA podrían haber movido al Grapo- -o a lo que como tal quede de la organización- -a entrar en escena para reclamar primero atención y, segundo, un trato similar por parte del Gobierno. A la espera de que se confirme la autoría de ese crimen, su reaparición supondría la peor de las noticias, toda vez que abriría un nuevo frente de ocupación preferente a las Fuerzas de Seguridad. GRAPO L NO RESIGNARSE A LA DESLOCALIZACIÓN A planta de Figueruelas, en Zaragoza, se ha asegurado la fabricación del Meriva, lo que garantiza la continuidad de la factoría automovilística durante más de una década, que hacía peligrar el posible traslado del proceso industrial del nuevo modelo de Opel a Polonia. A favor de los polacos estaba el coste de la mano de obra, cinco veces inferior al español; en pro de Figueruelas contaba la experiencia, una productividad acreditada y una capacidad tecnológica consolidada. La puja ha sido constante e intensa. Los trabajadores aceptaron una merma en su capacidad adquisitiva, así como la flexibilidad en la organización del trabajo, rebajas suficientes como para que la oferta española fuera competitiva. La capacidad de la dirección para ofrecer una buena gestión y la complicidad del Gobierno de Aragón han completado un pliego capaz de convencer a los responsables de la multinacional norteamericana, que no pasa por sus mejores momentos y que tiene que analizar al límite sus compromisos de inversión. En situación semejante a la de Figueruelas está buena parte de las demás plantas de ensamblaje de vehículos ubicadas en la península, una red que produce el doble de unidades de las que absorbe el mercado local. En Valladolid, Renault tiene abierto un concurso para su modelo Clio, especialmente relevante para la planta castellana, que necesita activar todos sus recursos y emplear todas sus fuerzas para mantenerse a flote en el escenario internacional. Y otro tanto sucede en las plantas de Volkswagen en Barcelona y Navarra, que tienen que asumir compromisos de productividad si quieren recibir nuevos encargos e inversiones. En todos los casos sobrevuela el fenómeno de la deslocalización o relocación, la búsqueda de nuevos emplazamientos fabriles que permitan reducir los costes para ofrecer a los clientes mejores precios sin pérdida de calidad. Es el permanente proceso creativo de búsqueda de eficiencia que sustenta el progreso y la extensión del mismo. A medida que los países, los ciudadanos de los países, mejoran su renta y su capacidad de consumo, incurren en el riesgo de la pérdida de competitividad. El diferencial de inflación que L impenitentemente acumula la economía española respecto a los demás competidores del continente es la peor noticia para quienes operan en mercados abiertos y sin riesgo de moneda: este mes, los polacos, los checos o los alemanes son un poco más competitivos que los españoles por culpa de la inflación, y representan una alternativa más interesante y rentable para quien se propone invertir en una nueva factoría o en una nueva línea de producción. Ayer mismo, el comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, alertaba de los negros nubarrones que se ciernen sobre la competitividad española. La deslocalización no es un fenómeno irreversible; España no está condenada a la desindustrialización, como antes no lo han estado países mucho más ricos, como Japón, Suiza, Suecia, Alemania o Estados Unidos. Pero hay que acertar a la hora de jugar las bazas comparativas y compensar el mayor coste laboral y salarial con otras eficiencias y con un marco institucional y social que aporte más seguridad al inversor. Los españoles tienen acreditada capacidad para producir, dominan tecnologías avanzadas, ofrecen un apreciable mercado local y un marco institucional similar al de otros países europeos, en algunos aspectos mejor. Pero, con el paso de los años, las diferencias respecto a los más ricos se estrechan y la distancia respecto a los menos desarrollados se ensancha, tanto que es imprescindible poner el énfasis en la excelencia, la innovación y la capacidad de gestión. Se trata de tareas que no admiten demoras y que competen a los sectores más interesados en los procesos productivos- -trabajadores, directivos y proveedores- así como a la Administración y los agentes sociales. Porque a las autoridades, más que subsidios, que pueden ser más contraproducentes a medio plazo que ventajosos a corto, hay que exigirles condiciones institucionales abiertas y que ofrezcan garantías y respeto. Y de las entidades sociales, de la denominada sociedad civil hay que esperar inteligencia para apartar la demagogia y los cantos de sirena de los trasnochados. España es un país muy bien dotado para los servicios, pero que debe seguir defendiendo una industria competitiva. OTRA CARENCIA DE LA RED PENITENCIARIA A GUANTÁNAMO, INSOSTENIBLE NTES de que una comisión de expertos de Naciones Unidas presentara el pasado jueves un informe muy crítico con la situación de los presos internados en la basede Guantánamo, este centro de detención ya era merecedor de un amplio rechazo por la ausencia de garantías procesales para los presuntos terroristas capturados tras la intervención en Afganistán. EE. UU. ya ha anunciado que descarta cerrar la cárcel de Guantánamo, al tiempo que reprocha a los autores del informe auspiciado por la ONU no haber visitado las instalaciones, lo cual, ciertamente, permite cuestionar el método de estos expertos y los fundamentos concretos de sus conclusiones. Ahora bien, el hecho de que este informe presente estas objeciones no significa que Guantánamo haya dejado de ser no ya un limbo jurídico, sino un agujero negro para los principales valores jurídicos de un Estado sometido al imperio de la ley. En este sentido, la actitud de Washington apenas ofrece margen a la comprensión europea (inclusosu aliado Tony Blair se decanta por laclausura) alresistirse incluso a juzgar a los detenidos, como le reclama el Parlamento Europeo, en un proceso con todas las garantías y ante un tribunal realmente imparcial. Nadie puede negar a un Estado agredido y amenazado por A el terrorismo el legítimo derecho a reforzar sus instituciones y sus leyes para defenderse, pero otra cosa es que unas y otras desaparezcan sepultadas por la invocación de una seguridad nacional cuya protección se presenta artificialmente como un objetivo incompatible con el Estado de Derecho. Semejante razonamiento no es admisible porque enfrenta valores- -legalidad y seguridad- -que, lejos de ser incompatibles, son los que, armonizados, caracterizan a una democracia bien organizada en torno a las libertades y los derechos individuales. Ni los derechos humanos ni el respeto a las garantías procesales básicas constituyen obstáculo alguno para el castigo al terrorismo y la prevención de nuevos ataques. Estados Unidos ha tenido respaldo internacional- -en el marco de la ONU o fuera de él- -para liderar intervenciones militares en una política de seguridad colectiva. Actualmente, se coordina con Europa frente a la amenaza nuclear iraní. En este estado de cooperación multilateral, Estados Unidosdebe asumirque Guantánamo es un lastre para su imagen internacional, que, además, empaña la relación con sus aliados. La primera y más fuerte democracia del mundo no puede convivir más tiempo con la infamia de Guantánamo. BC ha venido publicando estos días el calamitoso estado de la atención psiquiátrica penitenciaria en España. La falta de instalaciones adecuadas (la red de este tipo de centros especializados es misérrima) mantiene ingresados en prisiones convencionales a reos enfermos con un alto grado de discapacidad. Sobre este asunto- -para el que las soluciones que se prevén en Instituciones Penitenciarias no dejan de ser parches bienintencionados- -planea un problema de fondo: la casi total desaparición de los hospitales psiquiátricos, principales víctimas de la política de moda en las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas, que siguieron- -disciplinadas- -las instrucciones dictadas desde el Gobierno a mediados de los años 80, cuando se anatemizó este tipo de centros. El resultado de tanta carestía es que centenares de reclusos enfermos se ven obligados a convivir en las mismas condiciones que los que no lo están. La situación es impropia del nivel de desarrollo que ha alcanzado España y no se compadece con la calidad media (tal vez ni la mínima exigible) de los servicios y la atención sanitaria en nuestro país. Urge, por tanto, planear una solución efectiva y con vocación duradera para un problema que, si no se ataja, corre el riesgo de hacerse endémico.