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4 Opinión JUEVES 16 2 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil HORROR, Y CÁLCULO, EN ABU GHRAIB P EL MODELO SOCIAL DEL ESTATUT OS primeros acuerdos de la ponencia encargada del proyecto de Estatuto para Cataluña confirman que el texto remitido por el Parlamento de esta Comunidad ambiciona mucho más que un nuevo régimen jurídico para la autonomía. Lo que se está aprobando trasciende los límites de la normativa de una organización de instituciones dotadas de autogobierno. Es, realmente, un Estatuto de corte constitucional que ha empezado por establecer un capítulo de derechos y deberes para los ciudadanos catalanes, con tales características propias que permite hablar de una ciudadanía distinta de la que prevé la Constitución para el resto de españoles. El hecho mismo de que un Estatuto de Autonomía regule una relación específica de derechos y deberes de sus ciudadanos resulta, como mínimo, una excepción a la regla general de los actuales estatutos, incluido el catalán, que en esta materia se remiten, sin más, a la Constitución española o, como la Ley de Amejoramiento del Fuero Navarro, establecen un principio de igualdad absoluta entre los españoles. No fue, por tanto, una interpretación maliciosa la que vio en el proyecto aprobado por el Parlamento de Cataluña el instrumento para instaurar no sólo un régimen de autogobierno que avanza hacia un modelo confederal, sino también un modelo social, en el más amplio significado del término. Por supuesto, un modelo social que responde fielmente a los postulados nacionalistas y de izquierda que inspiran radicalmente esta reforma estatutaria. Esta pretensión de crear una sociedad nueva se vio claramente reflejada en los debates sobre el capítulo I del proyecto de Estatuto, dedicado a derechos y deberes. Y no fue esta vez el Partido Popular quien dio la voz de alarma, sino Convergencia i Unió, cuyo voto favorable al conjunto del texto, emitido en el Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre pasado, tenía la salvedad de este capítulo, en el que la coalición nacionalista- -especialmente Unión Democrática- -veía un régimen de derechos incompatible con sus planteamientos democristianos. Incluso Duran i Lleida llegó a condicionar el voto final sobre el proyecto a la modificación de determinados artículos que, a su juicio, podrían dar cober- L tura al aborto libre, la eutanasia activa o la poligamia. Sin embargo esta oposición inicial, que reaccionaba a la intención de crear un estatuto ciudadano propio para Cataluña, quedó vencida por la directriz nacionalista que alimenta el proyecto, y en vez de plantear un impugnación de fondo a unos artículos que conllevan una fuerte carga social y ética, CiU se ha conformado con unas enmiendas ornamentales que no eliminan los motivos de su primera preocupación, pero satisfacen la causa nacionalista. El problema de fondo es que el capítulo de derechos y deberes ciudadanos que se prevé para Cataluña va a forzar cambios en la legislación estatal, provocando en algunas materias un efecto en cadena que es innecesario, porque no lo demanda el conjunto del país y temerario, porque endosa al resto de autonomías extensiones competenciales que afectan a la integridad política del Estado. Así va a suceder con la obligación- -pues tal es, se diga lo que se diga- -de que jueces, magistrados, fiscales y demás funcionarios de Justicia aprendan catalán, o la lengua cooficial que corresponda, para poder optar a plazas en comunidades bilingües. El tratamiento de la cooficialidad lingüística en el ámbito judicial entra así en un proceso de conflicto asegurado, al derogar el sistema actual, suficientemente eficaz, previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que garantizaba lo que realmente importa, que es el derecho al uso individual de la lengua cooficial. El acuerdo parlamentario sobre esta reforma- -que exige un conocimiento adecuado y suficiente del catalán- aparte de ignorar la extrema dificultad de su implantación y control en un Estado con cuatro idiomas cooficiales (catalán, valenciano, euskera y gallego) es contrario al carácter nacional de estos cuerpos de funcionarios, al restringir la movilidad de la mayoría de sus integrantes al territorio nacional monolingüe. En definitiva, los cambios que se están acordando en el proceso estatutario catalán son de mayor calado que los propios de una reforma meramente autonómica, y prueba de esto es que su desarrollo va a convertir numerosas leyes del Parlamento nacional en tributarias de estos experimentos confederalistas. EL MUNDO CABRÁ EN UN MÓVIL río revuelto, ganancia de pescadores. Y no existe, en estos momentos, un río más revuelto (ni que permita más ganancias) que el de las nuevas tecnologías, especialmente de aquellas que apunten de alguna forma al concepto de moda: movilidad La idea básica es simple, aunque ponerla en práctica está suponiendo cambios profundos en la manera de hacer las cosas en nuestra sociedad. Se trata, en pocas palabras, de llevarlo todo encima. Los números de teléfono, el calendario de citas, las notas para la reunión, los documentos importantes... Pero no sólo eso. Se trata, también, de llevar en el bolsillo el e- mail, de poder enviar y recibir mensajes (con documentos adjuntos, por supuesto) desde el tren, la cafetería o el salón de casa; y de tener conexión directa con el ordenador de la oficina, para hacer en cualquier parte lo mismo que hacemos en nuestro puesto de trabajo. Consiste en ser capaces, cuando queramos y donde queramos, de hacer una videoconferencia (o una multiconferencia) con nuestros mejores amigos o con los socios internacionales de nuestra empresa. Y se trata, por último, de tener siempre a mano nuestra música preferida, nuestros vídeos favoritos, las miles de fo- A tografías de toda una vida, y juegos, y acceso por internet a los periódicos del día, o a la cartelera, o a la guía de restaurantes... El epicentro de todo ello es el teléfono móvil, la pieza tecnológica de mayor éxito de todos los tiempos, esa que la mayor parte de las personas del mundo industrializado (el 93 en España) lleva permanentemente en el bolsillo. Algo así como la rueda del siglo XXI, cuya implantación y posterior expansión ha supuesto una revolución en las relaciones personales, en los hábitos sociales e incluso en el aprendizaje. Alrededor del móvil se aúnan, hoy, decenas de áreas tecnológicas que antes estaban separadas: informática, telecomunicaciones, diseño de software y servicios... Ni siquiera la televisión digital escapa del vórtice de la movilidad, y veremos los primeros ejemplos de ello apenas dentro de unos meses. Como una enorme instantánea de nuestro mundo en plena transformación, el 3 GSM Global Congress, que hoy se clausura en Barcelona, ha reunido durante esta semana a todos aquellos que tienen algo que decir al respecto. Cincuenta mil profesionales intentando, a la vez, meternos el mundo entero dentro de un bolsillo. ARA cualquier defensor del Estado de Derecho la dignidad de la persona es un valor fundamental. La tortura y las humillaciones nunca están justificadas dentro de la cultura jurídica de las sociedades abiertas. El respeto a los prisioneros de guerra está, incluso, amparado por el derecho humanitario bélico, y forma parte de ese ligero, pero ineludible, manto garantista con el que las democracias han tratado de recubrir civilizadamente la inevitable brutalidad de la guerra. En este sentido, las críticas que suscitó en Occidente la publicación de las fotografías de Abu Ghraib volvieron a poner de manifiesto la vitalidad del imperio de la ley en los Estados Unidos, ya que el caso condujo a la apertura de una investigación en el Congreso y de un proceso judicial que condenó a los implicados. Sin embargo, los lamentables, y absolutamente condenables, hechos acaecidos en esa prisión bagdadí siguen proyectando su sombra sobre el presente. Incluso después de que hayan transcurrido más de dos años desde que se conocieron los mismos. La emisión por la cadena australiana SBS de imágenes tomadas en ese penal en las que se ve a prisioneros iraquíes muertos, heridos o siendo objeto de abusos sexuales exige de las autoridades norteamericanas la inmediata apertura de una nueva investigación. Urge aclarar la veracidad de los hechos y, en su caso, determinar la identidad de los responsables y proceder a su enjuiciamiento. Aquí no puede haber dilación ni obstruccionismos legales. Sobre todo si se confirma que las imágenes son las mismas que la Unión por la Libertad Civil Americana trata de obtener de las autoridades norteamericanas desde el año pasado al amparo de la libertad de información que reconoce la Constitución de los EE. UU. El crédito de este país está en juego. Y eso ocurre precisamente ahora, cuando la crisis de las caricaturas de Mahoma y las campañas de presión instrumentadas por grupos radicales- -amparados fundamentalmente por Irán y diversos movimientos islamistas- -desestabilizan los países musulmanes mediante toda clase de agitaciones antioccidentales. No hace falta ser muy avezado en la materia para comprender que la emisión de las imágenes por parte de la televisión australiana no es producto de una simple coincidencia casual, ni un capricho del destino. Parece evidente que alguien ha puesto esas imágenes en sus manos y ha elegido el momento para ello. De hecho, hace unos días fueron las tropas británicas destinadas en Irak las acusadas de torturas y, ahora, les ha tocado el turno a los norteamericanos. El objetivo siempre es el mismo: desestabilizar el convulso Oriente Próximo agitando el odio antioccidental, ya sea utilizando caricaturas publicadas hace unos meses o imágenes de hace años.