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22 Nacional MIÉRCOLES 15 2 2006 ABC Moratinos: Contra la marea populista en América, hay que hacer una política distinta de Aznar b España pone en marcha un plan Absueltos los veinte acusados del clan de los charlines por falta de pruebas La Audiencia duda de la existencia de una organización dedicada a transportar cocaína b La Sala excluye las declaracio- para seleccionar en origen inmigrantes paraguayos para trabajar en nuestro país, que en la actualidad no superan los 10.000 LUIS AYLLÓN ENVIADO ESPECIAL ASUNCIÓN (PARAGUAY) Miguel Ángel Moratinos replicó ayer a José María Aznar que para detener la marea populista en Iberoamérica a la que aludió recientemente el ex presidente del Gobierno lo que hace falta es desarrollar precisamente una política distinta a la que él mantuvo. El ministro de Asuntos Exteriores hizo esta afirmación ayer en Asunción en una rueda de prensa conjunta con su colega paraguaya, Leila Rachid, al ser preguntado por las declaraciones hecha por Aznar al diario chileno El Mercurio, en las que se refirió al surgimiento en la región de gobiernos de izquierda que consideró preocupante poniendo como ejemplos Venezuela, Cuba, Bolivia y, tal vez Argentina. Moratinos aseguró que para frenar esa tendencia hay que hacer una política diferente a la que él llevó a cabo, potenciando la cooperación para erradicar lo que está en la base de la preocupación de la gente: la miseria, la pobreza y la marginación Además, el ministro apostó por la institucionalidad política y la gobernabilidad y subrayó que hay que respetar unos resultados electorales libres, democráticos y transparentes, como han dicho- -agregó- -los observadores La ministra paraguaya, por su parte, tras afirmar que ha habido una gran discriminación de muchas minorías, insistió en la necesidad de respetar lo que han decidido los electores en cada país. nes de Daniel Baulo y de su padre, fallecido, ya que durante la fase de instrucción las defensas no tuvieron ocasión de interrogarlos N. VILLANUEVA MADRID. La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a los 20 acusados del clan de los charlines entre ellos al patriarca Manuel Charlín Gama, al considerar que no se ha probado la existencia de una organización destinada a la introducción en España de cocaína ni que los acusados participaran en las operaciones en las supuestamente habrían transportado 3.000 kilos de cocaína en dos años. La Fiscalía Anticorrupción solicitaba para los acusados (inicialmente eran 25, pero retiró la acusación contra cinco) penas de 4 a 20 años de cárcel, pero en sus conclusiones definitivas rebajó su petición máxima a 10 años de prisión. Para Manuel Charlín Gama (el jefe del clan) el fiscal solicitaba una pena de 10 años de prisión, mientras que su hija, Josefa Charlín Pomares, y su hermano, José Luis Charlín Gama, se enfrentaban a 8 años. En caso de haber sido condenados, tendrían que haber pagado una multa de 1,5 millones de euros. La sentencia considera probado que el 1 de agosto de 1989 el buque de bandera mexicana Halcón II entró en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y descargó 30 contenedores vacíos. También que la embarcación había sido adquirida por el fallecido Manuel Baulo Trigo en la localidad de Salina (México) meses antes, actuando como intermediario y comisionista Manuel Fernández López, para quien la Fiscalía pedía 5 años de cárcel. Dos de los acusados, durante el juicio, visto para sentencia en octubre POOL Un sumario incoado hace 12 años Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, acordó el 13 de abril de 1994 la apertura de una investigación por un delito de tráfico de estupefacientes. El magistrado partía de la base de la existencia de una organización dedicada al transporte e introducción en España de cocaína y hachís. Entre enero de 1996 y diciembre de 1997 el magistrado dictó dos autos de procesamiento contra los acusados. La Fiscalía Antidroga consideró los hechos como constitutivos de tráfico ilícito de estupefacientes en concurso con un delito cont ¡nuado de contrabando. Su escrito de calificación provisional se dirigía contra 25 acusados, pero en el transcurso del juicio, retiró la acusación contra cinco al no ver pruebas concluyentes de su participación en los hechos. El fiscal solicitó inicialmente penas de hasta 20 años de prisión, que luefgo rebajó a un máximo de 10 años. La vista oral se desarrolló entre el 20 de junio y el 26 de octubre de 2005. Todos los acusados, entre los que se encontraban seis charlines han sido absueltos por falta de pruebas. 535 kilos desde unas embarcaciones colombianas en las proximidades de la Guajira (Colombia) ni tampoco que Daniel Baulo (hijo del fallecido) desembarcara en ese momento Entre la ausencia de pruebas figura también en hecho de que al producirse el encuentro con la patrullera norteamericana se hubiera arrojado al mar esa cantidad de cocaína. Respecto al supuesto transporte de hachís, tampoco se ha probado que entre febrero y marzo de 1991 esa embarcación se hubiera dirigido a las costas de Portugal para transbordar una carga de 820 kilos a otro barco del que na- da se sabe. En junio de 1991, Baulo Trigo contrató la tripulación del Rand y entre los meses de julio y agosto de 1991, el barco partió rumbo a Casablanca (Marruecos) A continuación se dirigió a Madeira y, más tarde, al Caribe para recoger la cocaína. Tampoco considera probado que el Rand tras partir de Cabo Verde y atracar en Casablanca, zarpase cargando entre 3.000 y 3.500 kilos de hachís y que lo transportara hasta las costas portuguesas. Impugnaciones de las defensas En sus argumentos jurídicos los jueces aseguran que en las declaraciones del fallecido Manuel Baulo y de los coacusados Daniel y Anselmo Baulo Carballo no se respetó el principio de contradicción puesto que las defensas de los imputados no tuvieron la oportunidad de interrogarlos, por lo que, según la jurisprudencia, deben ser excluidas. Las declaraciones de Daniel Baulo fueron impugnadas por la mayoría de las defensas, alegando que fueron guiadas por móviles espurios como razones de venganza o de odio respecto de la familia Charlín Ante esto, el tribunal considera que se ha constatado la existencia de una mutua animadversión entre la familia de Manuel Baulo Trigo, por una parte, y la de Manuel Charlin Gama y José Luis Charlín Sin embargo, niega los motivos espurios argumentados por los defensores. Otra de las impugnaciones se refería a las transcripciones telefónicas que afectaban al acusado Enrique Martínez Santiago. Según su letrado, éstas fueran seleccionadas según el libre criterio de la Policía y sin poder someterlas a contradicción por las partes La Sección Segunda responde al respecto que el abogado pudo verificar que las conversaciones coincidían con las transcripciones. La propiedad de la embarcación Declaración conjunta Durante la visita de Moratinos a Asunción, fue suscrita una declaración conjunta en la que, entre otros asuntos, se establece la puesta en marcha de un proyecto piloto para seleccionar en el propio Paraguay, desde el origen, a trabajadores que puedan ir a España y hacer que así el flujo de emigración sea ordenado. Actualmente, hay unos 10.000 trabajadores paraguayos en nuestro país, una cifra muy pequeña en comparación con los de otras nacionalidades, aunque ha crecido sensiblemente en los últimos cinco años. Moratinos también ofreció a Paraguay la posibilidad de canjear parte de la deuda de 29 millones de euros que mantiene con España por proyectos de educación, como se ha hecho ya con Nicaragua, El Salvador, Honduras, Ecuador y se hará con Guatemala, Perú y Bolivia. En diciembre de 1989, Baulo Trigo encargó a Fernández López que se dirigiera a Santa Cruz para encargarse de la reparación del barco. Contratada la tripulación, Halcón II partió el día 21 de ese mes del puerto canario con destino a la Guaira (Venezuela) con una carga de 18 contenedores. Tras permanecer dos semanas, la embarcación zarpó de nuevo y fue interceptada por un guardacostas estadounidense entre las Islas de Santa Lucía y Martinica. A continuación, partió con dirección a las Islas Canarias, donde llegó en febrero de 1990. Sin embargo, para la Sala no ha quedado probado que Manuel Charlín fuera el propietario de esa embarcación ni que en noviembre de 1989 autorizase, desde la prisión de Córdoba, al fallecido Manuel Baulo a usar el barco para la operación de transporte de cocaína. Tampoco hay pruebas de que el Halcón II hubiera recibido una carga de