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ABC MIÉRCOLES 15 2 2006 Opinión 3 LA TERCERA DE ABC LA MEMORIA DE LA DEMOCRACIA La transición a la democracia fue planteada desde el primer momento como un cambio de régimen que únicamente podía alcanzarse por la vía del acuerdo generalizado. N el moroso ejercicio de recordar a qué solemos entregarnos de un tiempo a esta parte los españoles- -y cuyo último episodio conocido es la toma en consideración por parte del Congreso de los Diputados de una proposición de ley de Izquierda Unida para que 2006 sea declarado año de la memoria histórica- cada vez son más las voces que ponen en duda las bondades de nuestra transición política a la democracia, cuando no las desmienten categóricamente. Al contrario de lo que sucede con tantos otros períodos de la historia moderna y contemporánea de España que el tiempo ha ido cubriendo con un manto de honorabilidad, el que conocemos como la transición por antonomasia no está libre de pecado y se halla sujeto, por lo tanto, a expiaciones de toda clase. De ahí que quepa celebrar como agua en mayo la aparición del libro de Manuel Álvarez Tardío El camino a la democracia en España. 1931 y 1978 (Gota a gota, 2005) Entre las muchas enseñanzas que pueden sacarse de este riguroso trabajo comparativo entre esos dos momentos cruciales del siglo XX peninsular, hay una, a mi entender, que deberían tener muy presente cuantos insisten en reclamar una revisión de los acuerdos alcanzados por nuestra clase política tras la muerte del dictador: si estamos donde estamos y no, por ejemplo, donde podríamos estar de haber seguido el modelo de nuestros antepasados republicanos, es única y exclusivamente porque el camino emprendido en junio de 1976 y culminado en diciembre de 1978 con la aprobación en referéndum de la Constitución fue un camino compartido por la inmensa mayoría de los españoles, empezando por el propio jefe del Estado. Y porque, en contra de lo que algunos siguen pregonando, no hubo amnesia ninguna en todo el proceso, sino mucha memoria. Y de la buena. E En este sentido, no hay duda que lo que primó entonces fue la visión de la democracia como un paliativo. El pasado estaba ahí, amenazante. Y los españoles no sólo fueron capaces de afrontarlo; también encontraron- -y los treinta años transcurridos así lo certifican- -un modelo de convivencia que les permitía, por vez primera en muchos siglos, mirar al futuro. uriosamente, las cosas empezaron a torcerse con la llegada de la derecha al poder. No por culpa de la derecha, claro. Quiero decir que nada hizo entonces la derecha por romper ese acuerdo generalizado en que se sustentaba nuestra democracia. Quienes sí hicieron bastante, en cambio, fueron los que volvían después de catorce años a los bancos de la oposición. Y quienes habían sido y seguían siendo sus compañeros ideológicos de viaje. Unos y otros no cesaron de alimentar, durante las dos legislaturas de gobiernos del Partido Popular- -y con especial ahínco a partir de la mayoría absoluta de 2000- la idea de que lo logrado en la transición no dejaba de ser, al fin y al cabo, algo transitorio, sujeto a revisión, que un día u otro habría que resolver. En este empeño no actuaron solos, por supuesto, sino que contaron con la ayuda de un buen tropel de historiadores y movimientos asociativos más o menos afines. Y reapareció la memoria. O sea, la guerra y sus maldades. Y la dictadura. Y como trasfondo, siempre presente, el mito de la República, tan virginal. Aun así, es muy probable que semejante estado de opinión no hubiera pasado a mayores de no haber ocurrido lo que ocurrió el 14 de marzo de 2004. Con la vuelta del socialismo al poder, y con la presión añadida de sus aliados coyuntu- C rales, todas las reivindicaciones de años anteriores fueron tomando cuerpo. Y algunas, incluso, cuerpo de ley. O de proyecto de ley, que es en lo que debían desembocar los trabajos de la Comisión Interministerial para el estudio de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, creada el 10 de septiembre de 2004 mediante un real decreto del Consejo de Ministros con el objetivo de rehabilitar moral y jurídicamente a los afectados. Y digo debían, porque nada se sabe aún de las conclusiones, y eso que llevamos ya un retraso de casi un año sobre el calendario previsto. S n efecto, lo que todo el mundo tuvo presente en aquellos tiempos difíciles fue el pasado. Y los actos de unos y de otros- -dejo a un lado, por supuesto, los residuos extremosos de derecha e izquierda- -estuvieron siempre guiados por la voluntad de no caer en los mismos errores que en los años treinta. Tal vez porque el país salía de una larga dictadura, tal vez porque esta larga dictadura era la consecuencia fatal de una guerra civil y esta, a su vez, de una Segunda República mal cimentada y salpicada de golpes de Estado de distinto signo, el caso es que la transición a la democracia fue planteada desde el primer momento- -y así lo demuestra Álvarez Tardío en su ensayo- -como un cambio de régimen que únicamente podía alcanzarse por la vía del acuerdo generalizado. Es decir, por la vía de una reforma que incluyera en sí misma la ruptura y superara pues, mediante esta síntesis, lo que no era sino un falso dilema. E ea como sea, y acabe como acabe, hay que reconocer que estamos ante una iniciativa loable. Loable y necesaria. Muchas víctimas de la tragedia siguen enterradas en fosas comunes y muchas más siguen recibiendo un trato degradante en los expedientes instruidos en aquella época, por lo que existen todavía en España muchas familias con una cuenta pendiente. Saldar de una vez por todas esta cuenta es, aparte de un acto de justicia, el único modo de cerrar la vieja herida del pasado. Pero siempre y cuando se cierre entre todos. Porque lo que se deduce de la redacción del real decreto, de las declaraciones que hizo en su día la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega- -que es quien preside la Comisión- -y de la participación en los trabajos de determinadas asociaciones representativas de las víctimas es que la democracia española, nuestra democracia, a través de esta iniciativa gubernamental no parece dispuesta a rehabilitar más que a una parte de los afectados. O mucho me equivoco o aquellos que por su compromiso con la democracia sufrieron actuaciones represivas desde el inicio de la Guerra Civil se encuentran únicamente, a juicio de quienes constituyen la Comisión, en el bando perdedor. Como si las víctimas de la represión en la zona republicana, por el hecho de haber sido enterradas con dignidad nada más terminar la guerra y de haber sido honradas por las nuevas autoridades surgidas de la contienda civil, hubieran tenido ya su propia rehabilitación. ¿Por un régimen dictatorial? No, esa clase de reconocimientos no tienen valor ninguno en una democracia. Cuando menos para una gran mayoría de los familiares de quienes perdieron la vida por culpa de sus creencias religiosas, de sus convicciones ideológicas o de la triste circunstancia de que alguien quería pegarles un tiro y nadie se lo impidió. Estos muertos, estas víctimas, hay que ponerlos junto a los demás. Aunque sólo sea en el recuerdo. Lo contrario sería mentir. O lo que es lo mismo: un caso flagrante de mala memoria. XAVIER PERICAY Escritor