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18 Nacional EL DESAFÍO DEL ESTATUTO CATALÁN POLÉMICA ENTRE LOS FISCALES MARTES 14 2 2006 ABC Conde- Pumpido se apoyará en un informe de su Secretaría Técnica para corregir a la Fiscalía del TC El dictamen defiende que se inadmita a trámite el recurso de amparo presentado por el Grupo Popular asegura que una reforma encubierta de la Constitución es imposible e insinúa que esa afirmación esconde desconfianza hacia el TC NIEVES COLLI MADRID. La Junta de Fiscales de Sala- -cúpula de la carrera fiscal- -decidirá hoy el criterio que deberá defender la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional en relación con la admisión o inadmisión a trámite del recurso de amparo planteado por el Grupo parlamentario Popular contra la tramitación del Estatuto de Cataluña. La Junta fue convocada la pasada semana por el fiscal general del Estado, Cándido Conde- Pumpido, después de conocer que la mayoría de los fiscales del TC se inclinaba a favor de la admisión a trámite del recurso. El PP denuncia que la propuesta de Estatuto encierra una reforma encubierta de la Constitución y, por eso, pide al Constitucional que obligue a la Mesa del Congreso a tramitarla como tal y no como una mera reforma de ley. Durante la reunión de la Junta de Fiscales de Sala, Conde- Pumpido presumiblemente se apoyará en el informe encargado a su Secretaría Técnica para justificar la necesidad de corregir el criterio mayoritario de la Fiscalía del Constitucional y, en consecuencia, solicitar al Tribunal la inadmisión a trámite del recurso del PP. Fuentes de la Junta de Fiscales de Sala se muestran convencidas de que, pese a que la cuestión sometida a debate es técnicamente muy opinable Condeb La Secretaría Técnica El presidente del TS, Francisco Hernando, con López Aguilar y Maragall EFE La mayoría de fiscales del TC afirma que la propuesta de Estatuto es una consciente reforma constitucional N. C. MADRID. El fiscal- jefe ante el Tribunal Constitucional, Juan Ortiz Úrculo, asegura que los acuerdos con los que la Mesa del Congreso de los Diputados decidió tramitar como reforma de ley- -y no como reforma de la Constitución- -la propuesta de nuevo Estatuto para Cataluña han cercenado los derechos de los diputados del Grupo parlamentario Popular y fueron adoptados con arbitrariedad y trato desigual Este informe, que solicita al Tribunal Constitucional la admisión a trámite del recurso de amparo presentado por el PP contra esos acuerdos, obtuvo en el seno de esa Fiscalía el apoyo mayoritario de sus miembros. Sin embargo, por decisión del fiscal general del Estado, será sometido hoy a la Junta de Fiscales de Sala, donde se determinará finalmente el criterio que defenderá la Fiscalía del TC. El informe redactado por Ortiz Úrculo coincide en sus planteamientos con el amparo promovido por los diputados del PP. La mayoría de los fiscales del TC consideran, de hecho, que la naturaleza de la propuesta de reforma del Estatuto remitida a las Cortes por el Parlamento catalán es, en realidad, una patente, notoria, consciente e interesada propuesta de reforma de la Constitución. Por esta razón, cuando la Mesa decide tramitarla como reforma de ley y no como reforma de la Carta Magna, lesiona los intereses de los parlamentarios del PP pues les priva, y también a sus representados, del derecho a influir con su voto en el resultado final de la propuesta Se refiere el fiscal a que la reforma de ley sólo exige mayoría absoluta para salir adelante en el Congreso (el apoyo del Grupo Popular no sería, por tanto, necesario) mientras que la reforma constitucional exige una mayoría reforzada que sí pasaría por un acuerdo con el PP. En opinión de los fiscales, la Mesa podía y debía haber valorado de forma preliminar si la propuesta de reforma del Estatuto incumplía algún trámite constitucionalmente exigido -como prevé el Reglamento de la Cámara- -y no limitarse, como hizo, a verificar defectos de forma y a tramitarla mecánicamente según el procedimiento elegido por sus promotores La lesión de los derechos fundamentales de los diputados del PP provocada por la actuación de la Mesa no podrá subsanarse, advierte el escrito, con la supuesta intervención a posteriori del TC a través de un hipotético recurso o cuestión de inconstitucionalidad planteado contra el Estatuto resultante de la tramitación parlamentaria. Pumpido contará con un amplísimo respaldo de sus miembros. El informe elaborado por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado- -muy crítico con el recurso de amparo presentado por los diputados del Partido Popular- -parte de la base de que una propuesta de Estatuto nunca puede contener una reforma de la Constitución ni encubierta ni explícita Un fraude de ley de esas características, afirma, es ontológicamente imposible En todo caso, la tramitación de esa propuesta podría culminar en una ley (Estatuto) inconstitucional que sería recurrible ante el TC. La Técnica concluye que sólo una chocante desconfianza en el propio Tribunal Constitucional, impensable como argumento sustentador de un recurso y presumiblemente ajena a la intención del Grupo Popular podría justificar la denuncia de una mutación constitucional conseguida mediante la reforma de un Estatuto. El informe advierte que la Mesa del Congreso actuó como debía al limitarse a realizar un control meramente formalista de la propuesta de reforma de Estatuto remitida por el Parlamento catalán. De un lado, porque la doctrina del TC tiene declarado que la potestad de la Mesa para calificar las propuestas debe interpretarse en sentido restrictivo de otro, porque si la Mesa entrara a analizar el fondo de las propuestas parlamentarias podría usurpar funciones que corresponden al Pleno Y, en tercer lugar, porque un control del fondo podría convertirse, en fraude de ley en un examen anticipado de la constitucionalidad de la propuesta para el que la Mesa no está legitimada. La facultad calificadora de la Mesa- -sostiene el escrito de la Técnica- -tiene por tanto límites claros que deben situarse, por lo menos cuando se trata de iniciativas legislativas parlamentarias, en un territorio mucho más limitado que el que los recurrentes el PP pretenden Excederse del control formal y automático y asumir por propia autoridad la transmutación de una proposición de reforma de un Estatuto de Autonomía en reforma de la Constitución vulneraría la doctrina del TC La Técnica cree que no existe la violación de derechos denunciada por los diputados popuares. En este sentido, considera constitucional y jurídicamente inconcebible que la Mesa de la Cámara se pudiera ver forzada a tramitar una reforma de la Carta Magna para salvaguardar los supuestos derechos de unos diputados a los que, añade, en ningún caso se les privará ni de la posibilidad de debatir en condiciones de igualdad el texto de Estatuto propuesto ni de la opción de rechazarlo con su voto Cambiar la tramitación, concluye, sí atentaría contra los derechos de los diputados catalanes y de los nacionales no pertenecientes al PP.