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8 Opinión MARTES 14 2 2006 ABC LA BURBUJA CARTAS AL DIRECTOR Pueden dirigir sus cartas a ABC: Por correo: C Juan Ignacio Luca de Tena, 7. 28027 Madrid Por fax: 913.203.356. Por correo electrónico: cartas abc. es ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos de las cartas cuyas dimensiones sobrepasen el espacio destinado a ellas. LLEGA LA CUARTA EDAD U N estudio que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística de Francia asegura que el 67 por ciento de los trabajadores españoles de edades comprendidas entre 50 y 59 años quiere jubilarse lo antes posible, frente al 57 por ciento de los franceses, el 43 de los alemanes o el 31 de los holandeses. Y no sólo desean jubilarse antes, sino que, efectivamente, lo hacen, aunLUIS IGNACIO que sea en conPARADA tra de su voluntad, pues por término medio lo hacen a los 62 años. En España, casi siete millones de personas tienen más de 65 años, y 100.000 se incorporan anualmente a este grupo: son los que en términos sociológicos se conocen como la tercera edad De esos siete millones, 1,6 millones superan los 85 años, y 84.000 cumplen esa edad cada año. Dentro de quince años, de cada cien españoles, 31 tendrá más de 65 años y 17, más de 85. Esa mayor supervivencia de la población, derivada fundamentalmente de los avances médicos, ha obligado a acuñar una nueva expresión para designar al colectivo de mayores de 85 años: La cuarta edad ¿Nos hemos dado cuenta de que con la jubilación anticipada a los 55 ó 60 años y la vida prolongada hasta los 85 ó 90 una persona pasará de 35 a 45 años sin una actividad laboral remunerada? Sí. Nos hemos dado cuenta a efectos de poner en entredicho la viabilidad de los actuales sistemas de pensiones y salud pública. Pero no estamos haciendo nada para remediar las insospechadas consecuencias que va a tener el alargamiento de la vida, desde la desaparición de la función social de la herencia, porque habrá que esperar a los 70 años para heredar, hasta la inutilidad del ahorro, porque no se puede ser rentista con tipos de interés por debajo de la inflación. Se están poniendo los medios necesarios para llenar de años la vida, para alargarla hasta límites imprevistos. Pero no se está haciendo prácticamente nada para llenar de vida los años, esos 35 años o más después de la jubilación cuyo horizonte es sólo la decrepitud física y psicológica. Orden de alejamiento Cuando escucho que un juez ha dado orden de alejamiento al que, por su violencia evidente, puede poner en riesgo la vida de su pareja, me pregunto si verdaderamente considera esa orden como un blindaje de acero que va a impedir cualquier intento de agresión. La manifiesta inutilidad de tal orden, tan rimbombante como ineficaz, debería dar motivos suficientes para cambiar dicha orden por otra que se denominase orden de tratamiento Es decir, que, una vez comprobado el peligro que puede correr la persona denunciante, al maltratador se le interne en un centro de psiquiatría hasta que haya recuperado el juicio. Quizás esta propuesta sea demasiado surrealista, pero lo que no es surrealista es que las mujeres seguimos muriendo... Es bien cierto que las que morimos no somos jugadores de fútbol, sólo somos madres, esposas, hijas... Algo habrá que hacer para acabar con esta macabra historia que corre el peligro de volverse rutinaria. Olga María Ramos. Madrid. Sobre el principio del fin Como a todos los españoles que creemos en la democracia, nada me parece mejor noticia que aquélla que anunciase el final definitivo de la violencia terrorista en nuestro país. Pero, igualmente por creer en la democracia, ningún Gobierno debe buscar el fin del terrorismo de espaldas a aquellas formaciones políticas que representan los deseos de casi la mitad de los ciudadanos. El final negociado de ETA, que sólo ingenuamente puede pensarse que llegará por el arrepentimiento espontáneo de los terroristas, implicará necesariamente contrapartidas políticas o de otro tipo que no deberían abordarse unilateralmente por un Gobierno que ni siquiera cuenta con la mayoría absoluta en el Congreso. El reciente anuncio de Zapatero sobre el inicio del principio del fin de ETA no puede a mi juicio ser motivo de esperanza cuando viene acompañado de una declaración de falta de confianza en el líder de la oposición, lo que nos hace como mínimo sospechar que lo que Zapatero conoce, y por lo que afirma solemnemente lo anterior, no sería del agrado de Rajoy. ¿Quiere acaso Zapatero hacernos creer a los ciudadanos que Rajoy o el PP son tan desleales hacia nuestro país para que deseen la existencia de asesinos que maten a ciudadanos españoles, entre ellos miembros de su propio partido, con el objetivo de arañarle votos al PSOE? Si Zapatero no considera imprescindible al PP en la negociación con ETA- -la que quizás ya exista o la que haya de venir- -una gran parte de los ciudadanos no va a estar representada en dicha negociación y, por lo tanto, con toda legitimidad exigirá que de forma clara se le explique qué se está negociando. Porque no vaya a ser que Zapatero, diciendo que no confia en Rajoy, quiera eludir la voluntad y el juicio de la mitad de los ciudadanos españoles. Roberto Menchén del Cerro. Tres Cantos (Madrid) Fuga de los investigadores El pasado viernes este periódico publicó un reportaje titulado España se enfrenta a una nueva fuga de investigadores de primera línea internacional El artículo hace referencia al Programa Ramón y Cajal para la contratación durante cinco años de científicos con méritos acreditados. Escribo esta carta para explicar ciertos puntos oscuros de la noticia. Desde que se pusiera en marcha el programa Ramón y Cajal, más de 2.400 investigadores se han acogido a él. De los 774 de la primera promoción, sólo 453 siguen en activo. Al iniciar el actual Gobierno su gestión, no existía ninguna medida específica para favorecer la inserción de estos investigadores. Como es prioridad del Gobierno impulsar la investigación, el Ministerio de Educación y Ciencia ha puesto en marcha un ambicioso programa, denominado I3, que consiste en incentivar a aquellas instituciones u organismos que contraten de manera indefinida a investigadores de méritos acreditados, como los beneficiarios del Programa Ramón y Cajal. Según este Programa, el Ministerio aportará una ayuda de 130.000 euros por cada investigador contratado de manera estable. Gracias al I3, entre 2005 y 2006 se estabilizarán unos 600 investigadores, 150 más que ramones y cajales finalizan sus contratos este año. A esto hay que añadir la oferta pública de empleo de los OPI dependientes del MEC, que creció en 2005 un 27 por ciento y en la que se incluyen las previsiones del CSIC para contratar a 200 científicos titulares, además de la convocatoria de más de 2.000 habilitaciones de doctores para poder optar a plazas de profesores de universidad. El Gobierno no puede forzar a las universidades o administraciones autonómi- cas a contratar a su personal, pero puede incentivarlo con generosas ofertas económicas como el I3. Tampoco puede diseñar programas de acceso a la función pública restringidos para que sólo puedan optar a ellos determinadas personas, porque sería ilegal. Lo que sí podemos hacer es pedir un perfil de investigador con importantes méritos, como tienen los Ramón y Cajal para poder beneficiarse del I3. En resumen, hemos abierto todas las posibilidades para que los Ramón y Cajal encuentren acomodo definitivo en nuestro sistema. Ahora sólo queda esperar que los mejores científicos se beneficien de estas iniciativas para que la ciencia en España continúe construyéndose en base a criterios de calidad. Violeta Demonte, directora general de Investigación (Madrid) La ética del trabajador social Escribo en relación a la entrevista publicada en este periódico al doctor Jesús Poveda, líder de Pro- Vida, el pasado 16 de enero, y en relación con la afirmación contenida en ella con respecto a la actuación profesional de los trabajadores sociales, en lo que respecta a la información y asesoramiento que estos profesionales facilitan a las usuarias de los servicios sociales que acuden con una problemática de embarazo en la adolescencia, insinuando que la quiebra en una sociedad no abortista se produce por la actuación de los citados trabajadores sociales. Debo manifestar, en primer lugar, que la profesionalidad de los trabajadores sociales queda acreditada por los largos años de tradición a la profesión. En segundo término, porque las situaciones de los usuarios son valoradas siempre con criterios de objetividad y respeto hacia la decisión última de los citados, a los cuales, y muy especialmente en esos casos, se les facilita toda la información objetiva que puedan necesitar para que la adolescente elija libre y conscientemente, asesorando y trabajando incluso con la familia de la menor. Nuestro Código Deontológico así lo establece. Anta María Aguilar Manjón, presidenta del Consejo General Codts y AASS (Madrid)