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10 LUNES 13 2 2006 ABC Nacional Colectivos cívicos y de víctimas cubren en los tribunales los vacíos de la Justicia frente a ETA Sus iniciativas jurídicas refuerzan la aplicación de la Ley de Partidos y el Pacto Antiterrorista Frentes legales Indemnizaciones de etarras. Como los etarras se declaran insolventes para abonar la responsabilidad civil de sus condenas, nunca llegan a pagarlas. La AVT denuncia dejación de la Abogacía del Estado que es quien debería hacer un seguimiento y reclamar y Covite cree que si se declarase el terrorismo delito de lesa humanidad para que no prescriba se afrontaría mejor este problema. Alejamiento de terroristas. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) dice que la posibilidad de aplicar el alejamiento previsto en el Código Penal a las víctimas del terrorismo lo planteó esta entidad ante el Comisionado Gregorio Peces- Barba el pasado mes de febrero. Luego el Comisionado impulsó la puesta en marcha de la medida a raíz de la alarma social creada por el caso de Pilar Elías y, tras su intervención, se dictó la primera sentencia con orden de alejamiento. Mítines de Batasuna. El Foro de Ermua cree que todos los frentes jurídicos que tiene abiertos por diversos actos públicos organizados impunemente por la ilegalizada Batasuna deberían haber sido impulsados por la Fiscalía y no por una plataforma cívica como la nuestra Acusaciones particulares. La AVT ejerce como acusación particular en juicios contra etarras, una función que, en su opinión, podría asumir la Administración. Además, desempeña ese cometido en causas en las que se considera parte perjudicada como colectivo, caso del actual macrojuicio contra el entramado civil de ETA en la Casa de Campo. Desamparo autonómico. Covite se pregunta por qué el Gobierno vasco y los Ayuntamientos de esa Comunidad autónoma se personan como acusación particular en todos los juicios por delito sexual o violencia doméstica y jamás en los de terrorismo Banderas y BOE. En el ámbito civil el Foro de Ermua tiene activadas demandas para que el Gobierno vasco haga ondear la bandera nacional en los edificios públicos. Y recuerda que desde hace años las leyes de esa Comunidad no se publican en el BOE, como es preceptivo organizados por Batasuna siguen vivos en los tribunales por el empuje del movimiento cívico. La resistencia ciudadana espolea a la Justicia B. TORQUEMADA MADRID. Tenemos pocos medios. Este trabajo es arduo e incluso nos pone en riesgo, pero si el Estado no actúa, o lo hacemos nosotros o seguirá la impunidad Las plataformas ciudadanas y los colectivos de víctimas están desplegando una febril actividad ante los Tribunales de Justicia para atajar la enfermedad crónica de un Estado de Derecho que hace tiempo que perdió el norte en la aplicación estricta de la legalidad en el País Vasco. Ahora, la destitución de Eduardo Fungairiño como fiscal- jefe de la Audiencia Nacional refuerza a estas entidades en su afán por cubrir los flancos de omisión cuando siguen vigentes la Ley de Partidos y el Pacto Antiterrorista. Mientras la AVT y otras asociaciones de víctimas amparan con sus iniciativas jurídicas la situación personal de los afectados por el terrorismo o los agravios genéricos a este colectivo, el Foro de Ermua intenta mover los resortes de la Justicia para que los partidos ilegalizados dejen de campar a sus anchas Cuando a Fernando García Capelo, abogado del Foro de Ermua, se le pregunta cuántos de los frentes judiciales que esta entidad tiene abiertos los debería haber promovido la Fiscalía o la Abogacía del Estado responde tajante: Absolutamente todos aunque en algún caso, como en el del acto celebrado por Batasuna en el velódromo de Anoeta también actuara en su momento el fiscal general del Estado. Detalla que ahora mismo tienen en marcha tres querellas por el acto de Batasuna en 2004 en Anoeta: la que tramita el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra el consejero de Interior Javier Balza por no impedir su celebración, otra ante un Juzgado de Instrucción contra Odón Elorza por haber cedido el recinto y una más en la Audiencia Nacional contra Otegui por un delito de desobediencia Sin embargo, considera que no hay mucho resquicio por donde atacar la peculiar cita de Baracaldo tras la prohibición derivada del famoso auto b Muchos actos El batasuno Rufino Etxeberria y el ex dirigente de ETA Antxon ayer en Usúrbil del juez Fernando Grande- Marlaska. Estuvieron bien asesorados, evitaron los símbolos y no corearon consignas. Lo que no quita para que si se investigara que los autobuses y las sillas utilizadas eran los mismos de otros eventos se pudiera meter mano También ha tomado la iniciativa jurídica este grupo cívico en Navarra tras comprobar que allí se estaban convocando actos de Batasuna sin que ninguna instancia interviniera La Audiencia Nacional también tramita una querella del Foro de Ermua contra Arnaldo Otegui, Eusebio Lasa, Jone Goirizelaia y la etarra Itziar Galardi por enaltecimiento de terroristas en el curso de un acto público en Amorebieta. En estos últimos días todos ellos han declarado en relación con es- Grietas beneficiosas para Batasuna Algunos de los refuerzos legales articulados en su momento para garantizar la igualdad y la libertad de los constitucionalistas en el País Vasco se han convertido, paradójicamente, en otro resquicio por el que hoy se burla la Ley de Partidos. La concejal del PP en Azcoitia Pilar Elías, protagonista involuntaria del sombrío paisaje social del País Vasco por soportar la vecindad del etarra que asesinó a su marido, explicó a ABC cómo después de que en su pueblo los Tribunales limpiaran las candidaturas municipales con olor a Batasuna, una lista aparentemente presentable pasó el filtro y obtuvo cuatro concejales. Sus representantes se comportaron con normalidad al principio de la legislatura hasta que dos de ellos renunciaron al cargo. En su lugar se colaron individuos identificables como de las organizaciones ilegalizadas. El abogado Fernando García- Capelo explica que hay varios casos de este tipo y es complicado hacerles frente porque los cargos son del titular y no de su partido. La normativa electoral previó que cualquier vacante pudiera ser cubierta para que los partidos sometidos a amenaza no se quedaran sin representantes La paradoja es que ahora esa salvaguarda sirva para otorgar representatividad y sueldos públicos al brazo político de ETA.