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12 DOMINGO 12 2 2006 ABC Nacional El TC se cuestiona la legalidad de la pena obligatoria de alejamiento en cada condena por malos tratos Sectores de la judicatura piden reformar la ley porque crea situaciones injustas b El Constitucional ha admitido las cuestiones planteadas por dos audiencias provinciales y dos juzgados de lo Penal, que alegan la desproporción de la medida CRUZ MORCILLO MADRID. Cualquier condena por malos tratos- -tanto de violencia de género como doméstica- -acarrea una pena accesoria: el alejamiento del agresor por un periodo mínimo de seis meses. Esta pena es obligatoria e independiente de cuál sea la principal (cárcel, multa o trabajos en beneficio de la comunidad) tras la reforma del Código Penal que entró en vigor el 1 de octubre de 2004. Desde entonces, el juez no tiene facultad para decidir si prohíbe o no al autor que se acerque a la víctima: debe imponer la llamada medida de alejamiento sin entrar a valorar ni la gravedad del caso ni la relación que una a los protagonistas (esposa, madre, novia, hijos, hermanos... ni siquiera el criterio del perjudicado. Esta pena imperativa ha suscitado ya, por una parte, cuatro cuestiones de inconstitucionalidad que han sido admitidas a trámite por el Tribunal Constitucional, según confirman fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) De otro lado, ha generado un intenso debate en la judicatura, desde donde se pide una modificación legislativa para acabar con el automatismo que provoca soluciones injustas para la víctima, que es el sujeto protegido en palabras de la vocal del Consejo, Montserrat Comas. Una medida penal contra la indiferencia La pena de alejamiento se acordará en todo caso establece el artículo 57.2 del Código Penal, reformado en 2003 y vigente desde 2004. En su momento esta reforma tuvo un origen claro: la desconfianza hacia ciertos jueces y fiscales en pleno debate parlamentario sobre las terribles cifras de agresiones y muertes por violencia doméstica y de género. Entonces, ni los fiscales, de forma mayoritaria, solicitaban esta pena adicional para proteger a las víctimas y eliminar muchas de sus angustias y sus miedos ni era habitual que los jueces la impusieran motu propio o aunque lo pidieran las acusaciones. De hecho, una de las fuentes de conflictos y agresiones más frecuentes eran los regímenes de visitas con los hijos, que se mantenían si habían sido reconocidos en sentencia civil pese a que hubiera una condena penal. Para acabar con esas situaciones se impuso la obligatoriedad del alejamiento. Hoy, según los expertos, huelga. Riesgo de situaciones injustas Nos han llegado casos de mujeres que suplican al juez que levante a su marido la prohibición de acercarse a ella- -explica Comas, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género- -porque ya se han reconciliado, el episodio que generó la denuncia está superado y además era leve Pero no se puede dejar sin efecto una pena y eso las víctimas no lo saben. Corremos el riesgo de que se produzcan situaciones injustas alerta. Las cuatro cuestiones de inconstitucionalidad que estudiará el TC se refieren al artículo 57.2 del Código Penal (la pena de alejamiento) y no afectan a la Ley de Violencia de género, algunos de cuyos preceptos también han suscitados dudas por considerar que discrimina a los hombres al agravar las penas cuando el agresor es un varón. La primera en referencia al alejamiento se reflejó en un auto dictado en enero de 2005 por el Juzgado de lo Penal número 2 de Arenys de Mar (Barcelona) la segunda procede de la Audiencia Provincial de Valladolid (mayo de 2005) la tercera la planteó el Juzgado número 20 de Madrid en junio y la última cuestión, fechada en noviembre, es de la Audiencia de Las Palmas. Estas dudas sobre el encaje constitucional no suspenden la norma pero en puridad, los jueces que las han planteado deberían hacer lo mismo en cada caso de malos tratos que conozcan para no aplicar el artículo 57.2; de lo contrario, lo natural sería la paralización del enjuiciamiento de ese tipo de delitos apuntan desde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Los magistrados autores de estas cuestiones de inconstitucionalidad ponen sobre el tapete por una parte la desproporción de esa pena accesoria en los casos no graves, por otra la incapacidad del juez para decidir sobre una situación concreta y finalmente la dignidad y derechos de los afectados. DEJAR DECIDIR AL JUEZ PALOMA MARÍN Letrada del Observatorio de Violencia Doméstica D esde que el 1 de octubre de 2004 se produjo una de las últimas reformas legislativas en esta materia, previa a la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el juez debe imponer de forma obligatoria al autor, como accesoria a la pena principal que proceda respecto de una serie de delitos vinculados con la violencia doméstica y con la de género, el alejamiento de la víctima por un determinado período de tiempo, que variará en función de la gravedad de los he- chos, suprimiéndose de esta forma la posibilidad de ponderar el conjunto de circunstancias que puedan concurrir en cada supuesto para imponer o no esa pena accesoria, como sucedía hasta ese momento. La primera consideración que cabe hacer es que esa pena accesoria resulta de imposición a todos los autores, que pueden serlo hombres o mujeres. El segundo aspecto es que no se permite valorar al juez o jueza ni la concreta entidad del hecho delictivo, ni la voluntad- -no viciada- -de las víctimas, que lo serán cualquiera de las personas que integran el ámbito familiar en los términos previstos en la ley. Tampoco se permite valorar ni la situación personal del autor ni la concreta relación de parentesco o afectividad entre autor y víctima. Sin entrar en lo que constituirá la decisión del Tribunal Constitucional sobre las cuestiones de inconstitucionalidad suscitadas en relación con el precepto al que me refiero (art. 57.2 del Código Penal) algunos sectores de la judicatura vienen planteando la conveniencia de volver a la situación anterior a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 15 2003. Desde mi punto de vista sería muy conveniente volver a residenciar en el juez la facultad de valorar todas las circunstancias del caso para imponer o no la pena de alejamiento, dejando sin efecto el apartado 2 del artículo mencionado, ya que el apartado 1 sí establece la facultad de ponderar esas circunstancias para los mismos delitos cuando su ejecución resulta ajena al marco de las relaciones afectivas. De abordarse esa reforma legislativa, considero que no estaría de más adicionar al catálogo de delitos para los que se prevé la posibilidad de im- poner la pena de alejamiento el delito de quebrantamiento de condena o de medida cautelar referidas precisamente a la prohibición de aproximación a las víctimas de violencia doméstica y de género. En cuanto a las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas respecto a la pena de alejamiento- -que son al menos cuatro y distintas a las formuladas contra algunos preceptos de la Ley Integral- considero que sería precisa la mayor celeridad en el pronunciamiento del Alto Tribunal, dado que, una vez formulada la primera, cada uno de los órganos jurisdiccionales que las han planteado no estarán enjuiciando delitos en los que resulte de aplicación el mencionado precepto. Eso mismo ha de suceder con los órganos jurisdiccionales que han cuestionado la constitucionalidad de la Ley Integral.