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20 Nacional SÁBADO 11 2 2006 ABC Multan al piloto que voló en Mérida con una pancarta anti refinería el día del Consejo de Ministros J. E. PARDO MÉRIDA. La Delegación del Gobierno en Extremadura ha multado con 3.000 euros al piloto que, el 1 de julio de 2005, sobrevoló Mérida con su avioneta- -con motivo de la celebración del Consejo de Ministros- -para protestar contra el proyecto de construcción de una refinería en la comarca de Tierra de Barros. La avioneta arrastraba una pancarta en la que se podía leer Por nuestro futuro. Refinería No El PP regional, tras conocer la sanción, acusó de negligente a la delegada del Gobierno, Carmen Pereira, por no ordenar el cierre del espacio aéreo, como reconoció la propia Delegación el Gobierno, cuando se celebró el citado Consejo. La multa se impone al piloto por una infracción grave al artículo 23 de la Ley sobre Protección de Seguridad Ciudadana, referido a la negativa de acceso u obstaculización del ejercicio de las inspecciones o controles reglamentarios en fábricas, locales, embarcaciones y aeronaves según la Delegación del Gobierno. Las mismas fuentes reconocieron que aunque no se cerró el espacio aéreo por la celebración del Consejo de Ministros extraordinario y, por tanto, el piloto tenía los permisos, mantuvo una actitud dilatoria a los requerimientos de la Guardia Civil que le solicitaba que dejase de sobrevolar la ciudad. En opinión del PP el olvido de Pererira es un grave error, puesto que no haber cerrado el espacio aéreo podría haber tenido graves consecuencias de seguridad Los oposición ha pedido que dimitan el presidente de la Diputación, en primer término, y el alcalde de Sevilla, al fondo NIEVES SANZ Dimite por las facturas falsas un asesor del presidente de la Diputación de Sevilla Su empresa emitió una factura a favor de la federación presidida por su esposa b Los socialistas atribuyen las anomalías a un error de la federación de vecinos Unidad que ella misma detectó y les comunicó el jueves por carta E. BARBA SEVILLA. El escándalo de las facturas falsas del Ayuntamiento de Sevilla le costó ayer a Ángel Cervera- -marido de la presidenta de la federación vecinal Unidad y hermano del consejero portavoz andaluz- -el cargo como asesor del presidente de la Diputación de Sevilla. La oposición, PP y PA, ya ha pedido la dimisión por este caso tanto del presidente de la institución provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, como del alcalde de la capital hispalense, Alfredo Sánchez Monteseirín. Tras una comisión de Hacienda urgente, donde los grupos tuvieron a su disposición los expedientes de ayudas a dicha federación de asociaciones de vecinos desde 2002, el portavoz de la Diputación, Jesús Téllez, dijo que han aceptado la dimisión de Cervera al ser lo más razonable si alguien dimite y atribuyó las anomalías a un error de la entidad, que ella misma detectó y les comunicó el jueves por carta. Las irregularidades en la Federación de Asociaciones de Vecinos Unidad destapadas por ABC en las últimas semanas por el uso fraudulento de fondos municipales para el programa de charlas en institutos Sociedad y movida -subvencionado mediante convenio por el Ayuntamiento- han salpicado a la Diputación Provincial, precisamente porque esas anomalías son sólo la punta del iceberg de toda una trama de pagos a la entidad vecinal sin justificación para poder así mantener una asociación politizada por el PSOE, partido en que militan casi todos sus directivos. El hilo conductor ha sido muy directo. Ángel Cervera- -asesor del presidente de la Diputación desde el pasado mes de agosto después de abandonar su puesto como coordinador del grupo municipal socialista a principios de 2005 tras denunciarse que una empresa suya había firmado facturas falsas en el distrito Macarena- -es el marido de Ángeles Nevado, funcionaria de Siglo XXI (empresa de la Diputación) y presidenta de la federación entidad a la que el ente supramunicipal entregó al menos 2.000 euros con un par de facturas dudosas emitidas por la empresa del propio Cervera, justificando con ellas una ayuda con dinero público a la Federación vecinal. El PP canario suspende de militancia al ex alto cargo de Industria detenido por la trama eólica P. ALCALÁ LAS PALMAS. La ejecutiva nacional del Partido Popular ha seguido con atención el desarrollo de los últimos acontecimientos en torno a la supuesta trama político- empresarial que ha rodeado el concurso eólico en el Archipiélago, cuya primera víctima política ha sido Celso Perdomo, el ex director general de Industria del Ejecutivo canario y desde ayer ex militante del Partido Popular de Canarias por decisión de la ejecutiva regional. El pasado jueves, además de este ex cargo público fueron detenidos Honorato López Torres, jefe de área de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias; Mónica Quintana Pérez, funcionaria del Cabildo de Gran Canaria y pareja de Perdomo; los empresarios Wilebaldo Luis Yá- nez, Alfredo Briganti Arencibia y Enrique Guzmán López; así como el jefe de Tesorería de la Caja Insular de Ahorros de Canarias, Jesús González Martín. Desde Génova se ha querido desvincular los acontecimientos de Canarias con las siglas del partido. Así, Mariano Rajoy aseguraba ayer en Ávila no estar dispuesto a aceptar la más mínima duda sobre el proceder de ningún miembro del PP. En el mismo sentido figura la decisión del partido en Canarias de suspender de militancia, al menos, a Celso Perdomo, ex director general de Industria. A pesar de que fuentes oficiales del partido tanto en Madrid como en Canarias no facilitaron los nombres de otros militantes entre los siete detenidos, fuentes no oficiales confir- maron a ABC conocer la afiliación popular de Alfredo Briganti, el abogado canario detenido en Madrid, y de Mónica Quintana. Mientras tanto, el presidente regional del PP de Canarias, José Manuel Soria, afirmaba ayer que su partido aboga por la rectitud y transparencia en la actuación de cualquier responsable público Según explicó, el comité de garantías del PP decidió suspender cautelarmente de militancia a Perdomo sin perjuicio de su presunción de inocencia Tanto Rajoy como Soria explicaron que el deseo del partido ha sido en todo momento la aclaración de los hechos denunciados. Prueba de ello, es que el PP ha sido el primero en solicitar la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Canarias sobre este asunto recordó Rajoy. El titular del juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Parramón, tomará mañana declaración a los detenidos.