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4 Opinión SÁBADO 11 2 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil EL INICIO DEL PRINCIPIO DEL FIN E LA GUERRA DEL TABACO A Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad han vuelto a la discordia por la intención del Ejecutivo autonómico que preside Esperanza Aguirre de aprobar un reglamento que permitiría el consumo de tabaco en determinados casos que el Gobierno central considera prohibidos por la ley. En concreto, la Comunidad madrileña autorizaría fumar en las cafeterías de las empresas y en los balcones o terrazas de las oficinas; también rebajaría ciertas exigencias para los hosteleros, ahora forzados a realizar en sus locales costosas obras de adaptación a la nueva ley. El desenlace de este conflicto tiene sus cauces legales previstos, bien ante la jurisdicción contenciosa administrativa, bien ante el Tribunal Constitucional por la vía del conflicto competencial. Lo que sobra es reaccionar a la iniciativa del gobierno autonómico madrileño como lo ha hecho el Ministerio de Sanidad, con la imputación de que atenta contra la salud de los madrileños y trayendo a colación el delicado asunto de las sedaciones mortales practicadas en el Hospital de Leganés, que aún está siendo investigado judicialmente. En esta polémica hay asuntos de fondo que la explican. El más apegado a la actualidad es la impresión general de que la campaña contra el tabaquismo- -no sólo legítima, sino absolutamente necesaria- -se ha transformado en un adoctrinamiento sobre el modo de vida de los ciudadanos, de manera que lo que aspiraba a ser una política concreta de salud pública se ha convertido, para amplios sectores de la sociedad, fumadores y no fumadores, en una intromisión del poder en esferas privadas, con repercusiones negativas de carácter económico muy evidentes. Tan es así que el Gobierno se vio obligado ayer a anunciar que modificará la ley, un mes después de su entrada en vigor, para permitir que los quiosqueros puedan vender tabaco. También resulta llamativo que el Gobierno central, a pesar de su acrisolada sensibilidad autonómica, se sorprenda de que haya una determinada Comunidad Autónoma que pretenda aplicar con criterios propios sus competencias ejecutivas en el desarrollo de una ley estatal. No es más grave lo que pretende la Comunidad de Madrid que lo que ya está vigente en otras normativas de otras autonomías en materias mucho más importantes, como la educación o la cooficialidad. Desde luego, la respuesta del Gobierno no sólo no L guarda proporción en unos casos y otros, sino que ha consistido en una sistemática retirada de recursos de inconstitucionalidad contra leyes autonómicas, sobre todo de autonomías gobernadas por el PSOE. El rigor previo que acaba de demostrar con Madrid huele a doble rasero. Pero, por otro lado, anunciar una querella contra la Ministra de Sanidad por sus descalificaciones al gobierno autonómico tampoco es la réplica más eficaz. Ahora es el tabaco, pero antes fue el cierre de la radial M- 50, el abastecimiento de agua, la reducción de inversiones o el desarrollo, también reglamentario, de la futura Ley Orgánica de Educación. Se diría que el Gobierno central tiene una fijación especial en hacer oposición al Ejecutivo presidido por Esperanza Aguirre, cada vez que éste se propone utilizar sus competencias para suplir la pasividad de aquel o aprovechar los resquicios de las leyes estatales para implantar una política- -en el caso de la reforma educativa es muy claro- -con orientación distinta a la definida por el PSOE. Si hay o no una intromisión en las competencias del Estado o una contradicción con la letra o el espíritu de las normas estatales, serán los Tribunales de Justicia o el Constitucional quien decida en última instancia. Sin embargo, sería bueno que el Gobierno central mostrara siempre y a todas las comunidades autónomas las mismas dosis de predisposición a la negociación y el acuerdo. También, que evitara juicios de intenciones que sólo atizan la polémica y no contribuyen a resolverla. La Comunidad de Madrid es una espina clavada en el corazón socialista, tanto por las circunstancias en las que el PSOE perdió en 2003 la posibilidad de acceder al Gobierno autonómico- -todas de su exclusiva responsabilidad, mientras no demuestre lo contrario- como por la impotencia de sus líderes, especialmente Rafael Simancas, para hacerse hueco en un escenario político ampliamente dominado por la personalidad y la gestión de Esperanza Aguirre. Esta disputa sobre el tabaco es un episodio más que demuestra la importancia que tienen las decisiones del Gobierno madrileño como contrapunto, a nivel nacional, de las políticas del Gobierno de Rodríguez Zapatero y la trascendencia que para ambos partidos, PP y PSOE, tiene mantener y alcanzar, respectivamente, el poder en Madrid ante las elecciones generales de 2008. VÁZQUEZ, EMBAJADOR DE ESPAÑA L Consejo de Ministros acordó ayer el nombramiento de Francisco Vázquez, alcalde casi perpetuo de La Coruña, como embajador de España ante la Santa Sede, puesto reservado tradicionalmente a los diplomáticos de carrera. Se trata de una decisión de alto contenido político. En el ámbito interno del PSOE simboliza un relevo generacional que afecta a las propias señas de identidad del partido. Vázquez representa, en efecto, una sólida opción españolista expresada a veces con fórmulas llamativas de cara a la opinión pública, ya sea la defensa a ultranza del tóponimo La Coruña o la referencia reciente a la urticaria que le producía el Estatuto catalán. Zapatero aleja de la primera línea a un político influyente, que estorba sus planes de alianza con el nacionalismo, tanto en Galicia como en el conjunto de España, y deja vacante un puesto apetecible como es la Presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias. Lo de Vázquez tal vez sea indiciario del camino que pueden seguir otros dirigentes socialistas (Bono, Ibarra o, al otro lado, el propio Maragall) que se E han convertido, por uno u otro motivo, en un problema para un Gobierno que parece haber encontrado en la acción exterior la mejor terapia para resolver sus disidencias internas. El que discrepe, embajador parece ser el lema. Francisco Vázquez, católico practicante, carece de experiencia directa en puestos diplomáticos, pero puede aportar sus buenos oficios a mejorar las deterioradas relaciones entre el Gobierno y el Vaticano. De hecho, el nombramiento demuestra que el Ejecutivo socialista está más preocupado de lo que renonoce ante las críticas de la jerarquía eclesiástica. La posición del alcalde en contra de ampliar los supuestos de despenalización del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo ayudará a suavizar unas discrepancias que cierto sector laicista del POSE está empeñado en promover. La embajada de España ante la Santa Sede, una de las más antiguas y prestigiosas del mundo, cuenta desde ahora, y por vez primera, con un titular político, acogido con satisfacción en algunos sectores y despedido con alivio mal disimulado en otros muchos. L presidente del Gobierno compareció ayer después del Consejo de Ministros para ahondar en su discurso sobre un cercano fin de ETA. Ninguna novedad aportó el jefe del Ejecutivo, que aprovechó su comparecencia para arremeter con dureza contra Mariano Rajoy y el PP. Porque la rueda de prensa del líder socialista no consistió en otra cosa que en una catarata de descalificaciones que ponían en cuestión la lealtad de los populares, en los que- -además- -echa de menos su sentido de la responsabilidad y a los que, como remate conciliador acusó de falsarios y de intentar engañar a la opinión pública. Zapatero intervino para escenificar la ruptura total con el Partido Popular en materia antiterrorista, lo que supone romper cauces con la formación depositaria de la confianza de casi diez millones de españoles. En un discurso tan circular como retórico que se sustentó en una frase- estamos en el inicio del principio del fin el jefe del Gobierno recurrió a la evanescencia formal para tratar de situar a la opinión pública en una nueva fase de ese proceso de paz para el que reclama un mayoritario acto de fe. Perdido en las grandes frases y los pleonasmos, Zapatero sigue sin informar de los datos básicos que le hacen ver las cosas de una manera tan positiva. Perseverando en esa táctica de la confianza ciega así sin más, no se despejan las incertidumbres de una sociedad que, en materia de lucha antiterrorista, apuesta decididamente por el consenso entre las fuerzas mayoritarias. Bien está que el presidente del Gobierno sustente en datos secretos su esperanza sobre el fin del terrorismo, pero si, por razones de prudencia o de pura estrategia, no está dispuesto a revelarlos, lo que no se entiende es la razón última de su comparecencia de ayer. Salvo que no tuviera otra intención que escenificar la ruptura con el Partido Popular, justo ahora en que, por la trascendencia del momento, lo sensato sería trasladar a la opinión pública unidad, serenidad y firmeza. Extraña forma de reclamar la confianza de la sociedad española cuando, en lugar de intentar zanjar las diferencias, arremete contra el principal partido de la oposición de manera tan descarnada. En esencia, lo que hizo ayer el jefe del Ejecutivo fue anunciar las vísperas de algo sin mayores detalles, a lo largo de una intervención extraña y por momentos vaporosa en la que sólo quedó claro que Zapatero confía en una respuesta positiva de ETA. Esperanza, en mitad de un peligroso cruce de caminos, que el jefe del Ejecutivo sustenta en su propia convicción de que estamos en los albores de una nueva era que habrá de terminar con el fin del terrorismo. Lástima que el presidente del Gobierno considere que el PP, partido con el que labró durante años un Pacto Antiterrorista de probada eficacia contra ETA, no sea siquiera merecedor de una explicación.