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ABC VIERNES 10 2 2006 11 La OTAN pagará el proceso judicial emprendido contra la primera empresa contratista del Yak- 42 La Policía captura en Madrid a un oficial de la dictadura argentina acusado de 161 secuestros y tortura Miguel Bajo Es hora de plantear el debate 1- Se trata de dos interpretaciones de la Ley igualmente sostenibles porque ambas tienen fundamento. No es cierto, por tanto, que haya que cambiar la Ley para sostener una u otra versión. Lo que hay que cambiar es la interpretación misma. El problema es el siguiente: cuando una misma sentencia condena a varias penas de prisión, se acumulan, es decir, se suman hasta un límite máximo, que era de 30 años antes de 2003 y de 40 en la actualidad. Se aplica la misma regla, aunque las penas se impusieran en sentencias distintas, si fueran delitos conexos que pudieran haber sido enjuiciados en una sola. Es el juez de la última sentencia condenatoria el que tiene que fijar el límite y determinar si fueran delitos conexos. Y aquí está el centro del debate. Para la Audiencia no son delitos conexos, porque transcurrieron varios años entre uno y otro (luego hay dos penas de 30 años de cumplimiento sucesivo) y para la Fiscalía es delito conexo y entiende vigente el límite máximo de 30 años. Para pronunciarme a favor de una u otra postura en el presente caso tendría que conocer todos los pormenores con detalle. Pero no es necesario cambiar la ley, basta con interpretarla de otro modo. Téngase en cuenta que, aunque las leyes aspiran a tener siempre un sentido unívoco, no pueden hacer una previsión de todas las complejidades de la vida real y es imprescindible adecuarlas y ajustarlas a los hechos. Pienso que un sujeto de las características de Parot no puede quedar amparado por una exégesis benevolente de la Ley. Es evidente que el legislador no quiso ni quiere que un condenado a cerca de 5.000 años de cárcel tenga una aplicación benévola de la Ley. 2- España es el único país de nuestro entorno cultural que no tiene ni pena de muerte ni cadena perpetua. Esta situación no tiene sentido en una democracia que sufre la plaga de un terrorismo absurdo y cruel. Que el Estado imponga la pena de muerte es ponerse a la altura del terrorista, por lo tanto queda descartada. Sin embargo, es hora de plantear el debate sobre la cadena perpetua. Se dice que la Constitución lo impide porque concibe la pena de prisión orientada a la reinserción social del condenado, objetivo que es imposible lograr si la condena de prisión es para toda la vida. Pero, este es un entendimiento equivocado. Lo que hace la Constitución no es obligar a la Administración penitenciaria a conseguir unos objetivos que estadísticamente son ilusorios, sino a ejecutar la pena de prisión facilitando al condenado todos los medios que permitan su recuperación social, como por ejemplo, permitiendo estudios de formación, trabajos y cuantos derechos, ajenos a la privación de libertad, sirvan para el desarrollo de su personalidad. La Constitución quiere una ejecución de la pena con trato humano y no degradante. Si a la pena de cadena perpetua se le acompaña la posibilidad de ser reducida o modificada con ciertas condiciones, no se violenta precepto constitucional alguno. De este modo, cuando se contempla en la ley una pena de estas características se consigue el efecto preventivo de respeto a la ley y de confianza en la vigencia del Derecho; cuando se impone en sentencia a terroristas con delitos múltiples, se realiza una exigencia de Justicia y cuando se ejecuta, con posibilidad de transformarla en cumplimiento temporal, se posibilita el desarrollo del sujeto a fórmulas resocializantes. Luis Rodríguez Ramos El legislador de 1978 pudo haberla implantado 1- Considero ineludible la tesis de la Fiscalía del Tribunal Supremo, pues la contraria va en contra de la literalidad de la Ley penal, que en virtud del principio de legalidad no puede interpretarse más allá de su tenor literal en contra del reo. La interpretación extensiva o analógica de una Ley penal sólo puede hacerse in bonam partem (cuando beneficie al reo) y en ningún caso in malam partem (cuando le perjudique) 2- Es evidente que cuando en 1978 la Constitución derogó la pena de muerte y resultó como pena máxima la de 30 años de prisión, además reducible en un tercio (a 20 años) por aplicación de la redención de penas por el trabajo entonces vigente, el legislador podía haber implantado la prisión perpetua, revisable a los 10 ó 15 años por si el condenado se hubiera arrepentido. Esto sería compatible con el actual art. 25 de la Constitución, como lo ha sido y sigue siéndolo en Alemania, Inglaterra, Francia o Italia. Si así lo hubiera hecho el legislador aquél entonces, no existiría el presente problema. Debe hacerse constar que tras la reforma del Código Penal de 2003, el tope máximo en este tipo de delitos se ha elevado hasta 40 años, y a partir de la entrada en vigor de dicha reforma la situación de los condenados a esa pena en España es mucho peor que la de un condenado a cadena perpetua en Alemania, pues los 40 años no son revisables. Mercedes Galdós salió en octubre tras cumplir 19 de los 700 años de condena nalidad resultante será mayor. La solución que propone la Fiscalía del TS es la correcta, leído el Código y la jurisprudencia de la Sala Segunda. El sistema español preexistente, que proviene del franquismo, introdujo, para suavizar su cruel arbitrariedad punitiva, la redención de penas por el trabajo, institución que con el tiempo se convirtió en un aliviadero del sistema penitenciario. Ésta desapareció en 1995, pero sus beneficios no se pueden hacer desaparecer de un plumazo, pues ello supondría una modificación peyorativa posterior a hechos cometidos con anterioridad: la irretroactividad constitucional de las penas alcanza también a su efectivo contenido. De todos modos, una adecuada aplicación del Derecho penitenciario, desechados automatismos administrativos, ha permitido acercar el cumplimento nominal al efectivo. Lo que es irremediable es que delincuentes terroristas, con gravísimos crímenes a sus espaldas y sin muestra alguna de resocialización, esto es, de proyecto de vida al margen del delito, vayan a salir de la cárcel cuando cumplan sus penas. Esta paradoja, en un régimen democrático, no tiene solución jurídico- penal; quizás un férreo control sobre el sujeto cuando recupere su libertad. 2- No cabe bajo ningún concepto la cadena perpetua, se llame como se llame ABC y se disfrace bajo los aditamentos que se quieran. En puridad, la pregunta plantea la cuestión, gravísima, de la condena indeterminada, esto es, hasta la corrección del culpable. Ello choca, como mínimo, con dos preceptos constitucionales. Por un lado, con la interdicción de los tratos crueles o inhumanos que están proscritos en el art. 15 de nuestra Magna Carta; el constituyente, en 1978, sabía perfectamente qué panorama tenía ante sí y el del terrorismo era un azote mucho mayor que en la actualidad. Choca igualmente esa condena con la tendencia resocializadora que debe presidir la ejecución de la pena privativa de libertad: ninguna tendencia en ese sentido cabe apreciar en un sistema que impone a los convictos cambiar su personalidad. Y de nuevo, estamos ante una pena criminógena: desaparecido el horizonte de una razonable salida en libertad- -ahora la pena máxima es de 40 años- el delincuente no se motiva en absoluto por la pena: sin esperanza, aumenta la capacidad criminal de sujetos que cuesta considerar y tratar como congéneres. De todos modos, un legislador que actuara así se enfrentaría a una pregunta: ¿cuándo tiene previsto el fin del terrorismo? y o ¿endurece las penas como elemento de diálogo con los criminales, que por otro lado niega?