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14 Nacional LA POLÉMICA DESTITUCIÓN DE FUNGAIRIÑO MIÉRCOLES 8 2 2006 ABC La mitad del Consejo Fiscal pide a Pumpido que dimita para restaurar el crédito de la Fiscalía El fiscal general sondeó uno a uno a los vocales, pero no sometió la propuesta a votación b Los seis representantes de la Asociación de Fiscales lamentan y reprueban la remoción de Fungairiño y acusan a Conde- Pumpido de actuar con criterios políticos NIEVES COLLI MADRID. Nunca antes había ocurrido. La mitad del Consejo Fiscal- -máximo órgano asesor del fiscal general del Estado- -pidió ayer, como adelantó ABC, la dimisión de Cándido Conde- Pumpido del cargo. Dos son las razones que fundamentan esta solicitud: restaurar el crédito social de la Fiscalía y preservar la identidad del fiscal constitucional crédito e identidad que, en opinión de los seis vocales críticos, se han perdido como consecuencia de la política de nombramientos y ceses promovida por Conde- Pumpido. La reprobación de Conde- Pumpido no fue formalmente sometida a votación, pese a que así lo solicitó Fernando Herrero- Tejedor, que actuó como portavoz y leyó un comunicado en su nombre y en el de los otros cinco vocales de la Asociación de Fiscales (AF) Tras la lectura, el fiscal general realizó un sondeo individualizado para determinar qué fuerza tenía la propuesta en el seno del Consejo Fiscal. Los seis representantes de la AF suscribieron el escrito mientras que los cinco vocales restantes- -tres de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) el teniente fiscal, Juan José Martín Casallo; y el jefe de la Inspección, Rafael Valero- se opusieron. De haberse producido una votación, habría quedado seis a cinco a favor de la dimisión. El empate sólo se habría conseguido con el voto de calidad del propio fiscal general. El fiscal general del Estado, Cándido Conde- Pumpido, en una reciente visita a Oviedo Para los vocales de la AF, esa introducción de criterios de confianza o afinidad ideológica o política en los nombramientos o ceses atenta contra la propia esencia y dignidad del Ministerio Fiscal Las duras críticas a la gestión de Conde- Pumpido se produjeron justo después de que él- -tal y como estaba previsto en el orden del día- -ofreciera amplias explicaciones sobre los motivos que le llevaron a relevar del cargo a Fungairiño. El fiscal general insistió en que su intención era la de hacer el menor daño posible al ex jefe de la Audiencia Nacional, al que ha adscrito a la Sala Penal del Tribunal Supremo y al que, aseguró, ha preferido no sancionar. Justo después de esta exposición, se produjo la lectura del comunicado por Herrero- Tejedor. La petición de dimisión y las duras críticas contenidas han vuelto a deteriorar las cordiales relaciones que los vocales de la Asocia- REUTERS Confundir la naturaleza del cargo El comunicado de los miembros electos de la AF lamenta y reprueba el cese encubierto de Eduardo Fungairiño como jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y acusa a CondePumpido de volver a confundir- -el antecedente es el del también fiscal de Sala Eduardo Torres- Dulce- la naturaleza propia de un cargo de libre designación con la de uno de confianza La dimisión forzada de Fungairiño se produjo por pérdida de confianza señala el escrito, y por la falta de sintonía con sus ideas criterio que califica de ajeno a los principios de capacidad y mérito consagrados en la Constitución para el acceso y permanencia en las funciones públicas Una política de nombramientos por razones de confianza provocaría, advierte, cambios en los principales puestos del Ministerio Fiscal cada vez que fuese nombrado un fiscal general del Estado, con grave daño para la profesionalidad de la carrera y para la imagen que de la misma perciben los ciudadanos La Audiencia de Madrid niega el tercer grado a Vera con la oposición de un magistrado N. C. MADRID. La Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a denegar el tercer grado penitenciario al ex secretario de Estado Rafael Vera, que cumple una condena de 7 años de prisión por delitos de malversación de fondos públicos. Uno de los miembros del Tribunal ha emitido un voto particular discrepante en el que defiende que sí puede concederse a Vera la progresión de grado pues no tiene la autoridad ni la confianza del Gobierno para reiterar su comportamiento delictivo. La Sección Quinta cree que aunque existen argumentos a favor de la libertad condicional del ex secre- ción de Fiscales habían logrado mantener con el fiscal general en los últimos meses. Conde- Pumpido, molesto e incluso sorprendido según apuntan fuentes del Consejo, acusó el golpe y llegó a decir que tras sus intentos de dialogar con la AF había comprobado que es imposible El vocal de la UPF José María Casado acusó a los críticos de hacer seguidismo del Partido Popular observación que éstos rechazaron de plano asegurando que sus argumentos son de índole profesional y no política. También intervino el teniente fiscal del Supremo, Juan José Martín Casallo, quien acusó a los críticos de deslealtad institucional Éstos respondieron que no hay rechazo a la institución sino a la actitud de quien la dirige. Traslados forzosos El debate sobre la reimplantación del traslado forzoso de los fiscales por ascenso de categoría se produjo a primera hora de la mañana. Sobre este polémico asunto, los vocales de la AF obtuvieron el apoyo de dos de los tres representantes de la UPF. El fiscal general, por su parte, se mostró firme en su propósito de establecer esta medida- -cuyo objetivo es evitar que determinadas plazas queden siempre vacantes- -aunque se comprometió a minimizar los perjuicios personales que pueda ocasionar. La reforma se encuentra aún en fase de borrador. El Consejo Fiscal expresó también su apoyo a la fiscal del Supremo Ángeles Garrido, autora del informe que apoya la acumulación de condenas para el etarra Henri Parot. tario de Estado, pesan más los contrarios. Entre estos últimos destaca que, al haber ingresado en prisión el 16 de febrero de 2005, no se ha tenido tiempo suficiente para obtener el adecuado conocimiento del interno con el fin de valorar su evolución. Además, cita como factores desfavorables la gravedad de la condena, el tiempo que le resta aún por extinguir, la repercusión social que tuvieron los hechos dada su condición de autoridad cuando cometió los delitos y, por último, que con anterioridad había cumplido otra condena por los delitos detención ilegal y malversación.