Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
ABC LUNES 6 2 2006 Opinión 3 LA TERCERA DE ABC MODERACIÓN Me atrevo a pedir que los interlocutores principales discutan públicamente, para beneficio de los ciudadanos, las auténticas cuestiones básicas... E N las elecciones presidenciales norteamericanas de 1956, el senador Adlai Stevenson, que se enfrentaba al general Eisenhower, pronunció una frase que me impresionó mucho: la moderación es el signo de este tiempo Era la primera campaña democrática que presenciaba en vivo y la proximidad de la II Guerra Mundial y de la Guerra Civil española, así como la incubación de la Guerra Fría y la incertidumbre predominante en España sobre nuestro futuro, chocaba en mi mente con esa tranquilizadora afirmación. Lo cierto es que aquella época, aunque pacífica, estaba preñada de cambios y vista desde el presente se aprecia en ella la cercanía de la presidencia del malogrado John F. Kennedy y los agitados años 60 a uno y otro lado del Atlántico. En España la sociedad había empezado a moverse, mientras que el régimen se afirmaba. En 1951 terminaron las cartillas de racionamiento y un par de años más tarde se alcanzó la renta per cápita que teníamos en 1935. Era un lento despertar. En 1956 ya hubo confrontaciones muy significativas, como la de los estudiantes que en Madrid provocaron las dimisiones del rector Laín Entralgo y del ministro Ruiz Giménez. Lo que va desde esa fecha hasta el comienzo de la transición democrática es conocido y no hace falta insistir en ello. ción activa del sector primario al secundario, primero, y al de servicios, después, y a la elevación del nivel de vida por el desarrollo económico sostenido a lo largo de casi década y media. Hubo gente a la que tales avances animaron a ser más atrevida todavía y algunos banqueros notorios aún permanecen en la cárcel, o sometidos a restricciones de su libertad. En general, sin embargo, predominó la sensatez. H bviamente, la oposición no es igual en las sociedades no democráticas que en las democráticas. En las segundas, los excesos en las confrontaciones carecen de justificación: son inevitables, pero se controlan con el consenso y con el respeto a las leyes y a los derechos individuales. En España, el gran error político de los años 30 fue el abandono de las posiciones políticas de centro y la consiguiente radicalización de la izquierda y de la derecha, y por eso la transición acentuó su proclividad hacia el centro y huyó de los extremos. Así ha sido durante casi tres décadas, y sólo en los últimos tiempos esta aspiración parece haberse debilitado. Lamentablemente, el despropósito se ha extendido al plano personal y hemos oído llamar al jefe de la oposición patriota de hojalata y al presidente del Gobierno bobo solemne en un intercambio de mal gusto y desatinado. El esfuerzo realizado por España durante la transición política ha requerido valor, y de tal puede calificarse el reconocimiento legal del Partido Comunista por Adolfo Suárez, y la renuncia al marxismo por el PSOE, entre otros ejemplos más. En este tránsito, la circunspección animada por el ejemplo de la Corona ha causado gran admiración en los países de nuestro entorno y satisfacción en nuestra propia sociedad. De hecho, la que Inglehart califica como revolución silenciosa esto es, la de los valores, comenzó a tomar carta de naturaleza en España desde los años 50, al mismo tiempo que en determinados ámbitos, en especial en las universidades, se producían disturbios y perturbaciones. Calladamente, nuestra sociedad fue alterando pautas de comportamiento muy arraigadas, gracias a la eliminación del analfabetismo, a la urbanización, al traspaso de la pobla- O uelga afirmar que la mayor parte del mérito de la nueva circunstancia se debió a la conversión plena de nuestro país en un Estado de Derecho, con una Constitución y un ordenamiento jurídico que han afectado a nuestra vida social, política y económica y también a nuestra intimidad. Lo cual no implica que toda nuestra legislación haya sido acertada, ni que nuestra convivencia haya carecido de choques y conflictos, pero los conflictos se han controlado y su multiplicación se ha frenado, a lo cual han contribuido los Tribunales de Justicia, ciertamente, pero también el prudente arbitraje y la templanza de muchos protagonistas de la vida pública. En los últimos años, sin embargo, lo que había venido siendo moderación en los comportamientos se ha ido enturbiando con excesos e improperios. No se trata solamente del empleo de insultos más o menos a las claras en la vida pública, sino también de las aspiraciones a controlar las manifestaciones de ciertos grupos de opinión. Sin anular sustancialmente el sistema normativo, se han empezado a configurar coaliciones y grupos cuyo sentido no es tanto discutir con el adversario como eliminarlo de la escena. Ahora se habla abiertamente de crispación y se culpa al otro de producirla y practicarla, pero lo que se necesita es reflexionar, serenarse y admitir la posibilidad de que no todo lo que se ha hecho y se hace sea siempre lo mejor, admitiendo que, a veces, ni siquiera es bueno. Un caso al que es imposible no referirse en estos momentos es el del discutido proyecto de Estatuto de Cataluña, que fue reconocido por tirios y troyanos como anticonstitucional al salir del Parlamen- to catalán. El presidente del Gobierno afirmó entonces que lo dejaría limpio como una patena antes de que fuera promulgado como ley, y ya se dispone de una versión pactada entre las fuerzas que gobiernan en Cataluña y el PSOE, aunque por no conocer la redacción no es posible apreciar aún cuánto sigue divergiendo de la Constitución. Órganos jurisdiccionales importantes y no pocos expertos mantienen que subsisten bastantes dudas sobre la constitucionalidad de algunas de sus previsiones legislativas y, a su vez, también se señala que contiene aspectos que sacrifican la solidaridad en beneficio de la identidad, valores dignos ambos de ser conservados y equilibrados, al igual que hay que salvaguardar firmemente los derechos individuales, sin supeditarlos a los colectivos. Los discursos y las peroratas que se prodigan estos días nos llevan a preguntarnos dónde está la razón. Muchos ciudadanos nos encontramos francamente perplejos ante lo que se nos dice desde un lado y desde otro, de manera que se acaba confuso cuando nos llegan a la vez los mensajes contrapuestos de que España terminará desintegrada o, por el contrario, más cohesionada que nunca. Ambas cosas no pueden ser verdaderas a la vez, y tampoco podemos poner en claro nuestras ideas cuando unos ensalzan los acuerdos sobre el texto actual del Estatuto con los partidos catalanes y otros nos proponen nada menos que un referéndum. Invertir dos o más años en pergeñar un proyecto de Estatuto ha sido, a mi modo de ver, demasiado para un país con tantos problemas reales, y seguir así no sería bueno ni sano. En las últimas semanas he escuchado hablar al presidente del Gobierno y al jefe de la oposición sobre la situación española, y no puedo decir que hayan aclarado mis ideas. Echo en falta, como tantos otros españoles, que alguien nos explique la situación. H e oído que en el fondo de la controversia subyacen cuestiones de principio absolutamente vitales para España, que conviene aclarar. Como encuentro acertado este planteamiento, me atrevo a pedir que los interlocutores principales discutan públicamente, para beneficio de los ciudadanos, las auténticas cuestiones básicas: ¿cuál de las dos posturas es más convincente? ¿Hay alguna opción intermedia? ¿Vamos a seguir enfrentados indefinidamente mientras dure la actual democracia? ¿Qué resquicio nos queda para preocuparnos pacíficamente de otros asuntos urgentes para el país, como la educación, las consecuencias de la inmigración, el fortalecimiento de las instituciones, el cumplimiento de la ley, el fin del terrorismo, etc. Pensándolo bien, creo que esto sólo se puede lograr, lo inicie quien lo inicie, en un debate cara a cara, y, afortunadamente, la Constitución española tiene previsto algo así en sus artículos 112 y 113, que tratan respectivamente de la cuestión de confianza y de la moción de censura. SALUSTIANO DEL CAMPO Presidente del Instituto de España