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12 DOMINGO 5 2 2006 ABC Nacional Zapatero cedió ante CiU para quitar del Estatuto la equiparación de unión homosexual con matrimonio Rubalcaba, obligado a desmontar el modelo social del tripartito en el Congreso el pasado 30 de junio dividió a los nacionalistas catalanes: dos votaron a favor, dos se abstuvieron y cuatro (Unió) votaron en contra MARÍA JESÚS CAÑIZARES BARCELONA. El acuerdo entre el PSOE y CiU sobre el nuevo Estatuto catalán implica un sustancial recorte del modelo social promovido por el tripartito- -PSC, ERC e ICV- -en el texto que se aprobó en el Parlamento catalán el 30 de septiembre. En él se incluían artículos que abrían la puerta a la eutanasia, el aborto libre y la equiparación de las uniones estables de parejas homosexuales con las heterosexuales, cuestión esta última impulsada por Rodríguez Zapatero, y regulada ya después de una fuerte polémica nacional que dividió a los propios diputados de CiU. En la aprobación de la ley de matrimonios homosexuales en el Congreso, el pasado 30 de junio, dos votaron a favor, dos se abstuvieron y cuatro- -Unió- -votaron en contra. Durante la redacción del proyecto en Cataluña ya se reflejó la distinta visión que mantenían las fuerzas de la izquierda, por un lado, y CiU y PP por otro, y que en varios momentos del proceso paralizó la actividad de la ponencia parlamentaria. Finalmente, el documento estatutario plasmó el ideario progresista promovido por el tripartito y que determinados colectivos cristianos denunciaron como una imposición ideológica que no recogía el sentir de los ciudadanos catalanes. Sin embargo, las negociaciones que culminaron en el acuerdo CiU- PSOE sobre el Estatuto el pasado 21 de enero no sólo han tenido efectos en materia identitaria y de financiación. Las conversaciones entre el secretario general de CiU y líder de UDC, Josep Duran Lleida, y el portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, se han saldado con una importante enmienda a ese modelo social, ya que a instancias de los nacionalistas de CiU los socialistas han aceptado eliminar los artículos más conflictivos, e incluso dejar en el aire el Capítulo III sobre derechos y deberes, una aportación de ICV defendida por PSC y ERC. b La Ley aprobada chos, deberes y principios rectores. El artículo 20 se titulaba Derecho a morir con dignidad y establece: Todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad el proceso de su muerte Duran y Rubalcaba han pactado la retirada de ese párrafo. Se da la circunstancia de que este precepto es prácticamente idéntico al que marca la ley autonómica 21 2000, que regula el documento de voluntades anticipadas blecía el deber de los poderes públicos de promover la igualdad de las diferentes uniones estables de pareja con independencia de la orientación sexual de sus miembros. La ley debe regular estas uniones y otras formas de convivencia y sus efectos Educación CiU exige más competencias Estas enmiendas al texto que salió del Parlamento catalán se unen a otro triunfo de CiU en materia de política social: la sustitución del concepto de educación laica defendido por el tripartito y que bloqueó las reuniones de la ponencia parlamentaria en Cataluña. Los nacionalistas lograron que, finalmente, se introdujera un nuevo texto en el que se reconocía el derecho a recibir la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones en las escuelas de titularidad pública, en las que la enseñanza es laica Sin embargo, este punto no está cerrado del todo, ya que CiU exige que la Generalitat tenga competencias exclu- Derecho al propio cuerpo Eliminado del texto También se ha suprimido, a instancias de CiU, el artículo 41.5, según el cual los poderes públicos deben velar por que la libre decisión de la mujer sea determinante en todos los casos que puedan afectar a la dignidad, la integridad y el bienestar físico y mental, en particular por lo que hace referencia al propio cuerpo y a su salud reproductiva y sexual Los citados colectivos cristianos veían una puerta abierta al aborto libre. Estos dos artículos retirados estaban incluidos en el Capítulo V dedicado a los Principios Rectores, los cuales son exigibles ante la jurisdicción, de acuerdo con lo que determinen las leyes y otras disposiciones que lo desarrollen De ahí la cerrada oposición de esos colectivos cristianos, que advertían de la posibilidad de un posterior desarrollo legislativo que permitiera el aborto libre y la eutanasia. CiU exige las competencias exclusivas en la educación de menores de hasta 3 años El PSOE no ve claro el traspaso de las becas universitarias y de la gestión del sector farmaceútico sivas en la educación de menores de hasta 3 años. Fuentes nacionalistas aseguran estar a punto de llegar a un acuerdo en este sentido, algo que podría producirse la semana próxima, cuando se reemprendan las negociaciones bilaterales entre los partidos que apoyan el nuevo Estatuto. Eso sí, el artículo 131 atribuye a la Generalitat las competencias exclusivas sobre las enseñanzas obligatorias y no obligatorias, conduzcan o no a la obtención de un título académico y profesional estatal, y sobre los centros docentes en que se imparten estas enseñanzas. Universidades Pendiente del traspaso de las becas La programación y coordinación del sistema universitario catalán corresponde, como competencia exclusiva, a la Generalitat, así como las decisiones de creación de universidades públicas y la autorización de las privadas; la financiación y gestión de los fondos estatales, el régimen retributivo del perso- Parejas homosexuales No equiparación de las uniones estables El acuerdo entre socialistas y nacionalistas también incluye la supresión del artículo 40.7, algo que ha irritado especialmente a ERC. En el mismo se esta- ERC siente amenazados los derechos lingüísticos En el acuerdo PSOE- CiU se omite cualquier tipo de referencia al capítulo dedicado a los derechos, deberes y principios rectores. Este apartado estatutario fue incluido casi con calzador por ICV, provocando así una duplicidad con los derechos que garantiza la Constitución española que podría tener consecuencias jurídicas imprevisibles si finalmente se aprueba. El PP siempre advirtió de que el proyecto estatutario no era el lugar para establecer ese tipo de derechos, mientras que CiU votó en contra de todo el capítulo en el Parlamento catalán. Según ERC, la intención del PSOE es remitir la discusión de esos derechos y deberes a la ponencia designada por el Congreso, lo que aumenta las posibilidades de recorte. Según los republicanos, la supresión de ese capítulo podría afectar a todos los derechos lingüísticos. En este sentido, en el texto aprobado en Cataluña se apela al derecho de los ciudadanos catalanes a no ser discriminados por razones lingüísticas; a utilizar la lengua oficial que elijan para dirigirse a las administraciones públicas, así como a ser atendidos en catalán en los establecimientos abiertos al público. El catalán sería, según este capítulo, la lengua vehicular en la enseñanza. También se establece la necesidad de que jueces, fiscales, notarios o registradores acrediten que tienen un nivel de conocimiento suficiente de las dos lenguas oficiales. Preceptos todos ellos que no acaba de ver claros el PSOE. El etiquetaje en catalán no se consagra como derecho, lo que diluye el sentido del artículo, según denuncian los republicanos. Derecho a morir con dignidad CiU y el PSOE pactan su supresión El Título I del texto aprobado por el Parlamento autonómico el pasado 30 de septiembre está dedicado a los dere-