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10 La Entrevista DOMINGO 5 2 2006 ABC DICK CHENEY Vicepresidente de Estados Unidos No somos los únicos amenazados por un Irán con armamento nuclear El vicepresidente considera que la vigilancia antiterrorista desde el 11- S no es espionaje interno y atribuye a la prensa que no se llegara a un acuerdo con los demócratas TEXTO: JAMES TARANTO WASHINGTON. En el despacho que el vicepresidente ocupa en el ala oeste de la Casa Blanca cuelgan los retratos de John Adams y Thomas Jefferson, o número 1 y número 2 como los denomina él. El número 46, Richard B. Cheney, nos recibía hace unos días. La víspera, el vicepresidente había asistido a una cena de despedida de Alan Greenspan, que deja el cargo tras más de 18 años en la Reserva Federal. Cheney empezó la conversación recordando cómo, a los 30 años, designado por el Gobierno de Nixon, conoció a Greenspan, entonces asesor económico del Gobierno. Yo era director adjunto del Consejo para el Coste de la Vida, encargado de operaciones es decir, de administrar los controles de salarios y precios. Tenía unos tres mil empleados de Hacienda (IRS) intentando que se cumplieran esas malditas cosas evoca con pesar. No lo incluyo en mi currículo No es que Cheney, que acaba de cumplir 65 años, necesite inflar su currículo. En 1975 se convirtió en jefe de personal del presidente Ford; a los 34 años era la persona más joven que había ocupado ese cargo. Tres años después fue elegido por Wyoming para la Cámara de Representantes. Permaneció una década en el Congreso y, en enero de 1989, se convirtió en portavoz de la minoría, el número dos de los republicanos. Dos meses después, George H. W. Bush le nombró secretario de Defensa. Tras pasar los años de Clinton en el sector privado, volvió al Gobierno con la ayuda de otro George Bush. mento a evitar que se repitieran cosas como Vietnam o el Watergate Entonces pensé que iban por mal camino, y siempre he creído que dado el mundo en el que vivimos el presidente necesita disponer de una autoridad ejecutiva sin par. No significa, evidentemente, que no deba haber restricciones. Claramente las hay con respecto a la Constitución, y está limitado por ellas, como debe ser... Pero pienso que periódicamente el péndulo ha oscilado de un lado a otro en la historia- -o predominaba el Congreso, o predominaba el Ejecutivo- -y, como digo, creo que ahora mismo es importante que dispongamos de una Presidencia fuerte Actualmente hay quienes critican la vigilancia que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, siglas en inglés) impone a los terroristas. Éstos afirman que el Gobierno está incumpliendo una ley, la ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior (FISA, siglas en inglés) aprobada en 1978, que propone limitar el poder del presidente para actuar en interés de la seguridad nacional. Ese poder, rebate Cheney, es inherente al cargo. La combinación de la autoridad que la Constitución atribuye en su artículo II al presidente, en su calidad de comandante en jefe, y la resolución aprobada por el Congreso des- pués del 11- S (que autoriza el uso de la fuerza contra Al Qaida) así como el precedente histórico que todos los presidentes han reivindicado acerca de su autoridad con respecto a la interceptación de las comunicaciones del enemigo todo ello justifica ampliamente el programa de la NSA Vigilancia de terroristas Después del 11- S, la vigilancia de los terroristas podría parecer un extraño tema de enfrentamiento. Cheney explica que el programa en cuestión es bastante modesto: Algunos han ido diciendo por ahí que se trata de vigilancia interna o espionaje interno, y no es así. Es la interceptación de determinadas comunicaciones, de las cuales un extremo está fuera de EE. UU. y el otro está, bien fuera, bien dentro de Estados Unidos, de las que tenemos razones para pensar que están conectadas con Al Qaida. Son exigencias muy claras, y tenemos que cumplir las dos Cheney afirma que miembros clave del Congreso- -el presidente y altos miembros de la Cámara de Representantes y del Senado- -estaban plenamente informados. En estas sesiones del Congreso, la mayoría presididas por mí, se respondió a todas las preguntas que quisieron hacer. Siempre he- mos dicho: miren, si hay algo que necesiten saber, pregúntenlo Los legisladores, dice Cheney, compartieron la opinión del Gobierno de que el secreto era esencial. El debate y las discusiones públicas sobre el programa habrían perjudicado- -en nuestra opinión y en la opinión de los miem- Los poderes de la Casa Blanca en tiempos de guerra PEDRO RODRÍGUEZ CORRESPONSAL WASHINGTON. Dentro del veterano entramado constitucional, no es una novedad la inclinación de los presidentes a expandir la esfera de sus poderes ejecutivos en tiempos de conflicto. De Abraham Lincoln, en la Guerra de Secesión, a Franklin Delano Roosevelt, durante la II Guerra Mundial, pasando por George W. Bush desde el 11- S, éste es un debate recurrente en la democracia americana cuyo último capítulo fue planteado el pasado 16 de diciem- Debate sobre el poder ejecutivo Esta trayectoria profesional da a Cheney una perspectiva única acerca del debate actual sobre el poder ejecutivo frente al legislativo. Se formó sus ideas al respecto durante el Gobierno de Ford, una época en la que menguó la autoridad presidencial. Tras Vietnam y el Watergate... se dio un esfuerzo concertado para poner límites y restricciones a la autoridad presidencial. De todo, desde la ley sobre Competencias en la Guerra hasta la ley HughesRyan sobre servicios secretos, pasando por privar al presidente de su capacidad para embargar fondos, una serie de decisiones destinadas en ese mo- bre por el The New York Times al divulgar que la Administración Bush venía admitiendo sin permiso judicial a la ultrasecreta Agencia Nacional de Seguridad interceptar dentro de EE. UU. comunicaciones vinculadas con Al Qaida. La cuarta enmienda de la Constitución, ratificada en 1791, prohíbe registros, búsquedas e intervenciones sobre individuos por parte de los poderes públicos sin causa probable. Derecho extendido en los años sesenta por el Tribunal Supremo para proteger la privacidad de las comunicaciones electrónicas. Además, el Acta de Seguridad Nacional de 1947 prohíbe las operaciones domésticas de los servicios de Inteligencia. Ante los abusos de la Administración Nixon, el Congreso aprobó en 1978 la ley de Vigilancia de la Inteligencia Exterior, que impone un sistema de controles judiciales para intervenir las comunicaciones de sospechosos en casos de espionaje o terrorismo. Es una corte especial que, en la práctica, ha rechazado una mínima parte de las peticiones cursadas por el Gobierno, que tiene el privilegio de poder iniciar escuchas y después solicitar el permiso. En esta polémica- -que llegará tarde o temprano hasta el Tribunal Supremo- la Administración Bush insiste en la legalidad de estas actividades. Para la Casa Blanca, este espionaje entra dentro de las atribuciones constitucionales del presidente como comandante en jefe, y está amparado por la resolución sobre el uso de la fuerza contra Al Qaida aprobada por el Congreso tras el 11- S.