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ABC DOMINGO 5 2 2006 Opinión 3 LA TERCERA DE ABC EL ESPÍRITU GENERAL Era también Eduardo Fungairiño, en cuanto a gallardía para enfrentarse desde la ley contra el terrorismo, de esos funcionarios que hacen corpóreo el espíritu general que, según Montesquieu, es el que gobierna a los pueblos... N OS recuerda Carmen Iglesias en la feliz reedición de su magnífica obra El pensamiento de Montesquieu que aquel pensador tan decisivo en la teoría política del liberalismo y padre de la tesis de la separación de poderes incorporada como ecuación magistral a la construcción del Estado moderno propugna una fórmula moderada de convivencia social y política en la que el poder pare al poder En la raíz de la separación de poderes estatales- -el ejecutivo, el judicial y el legislativo- -se encuentra la garantía última contra el despotismo. Pero ha de reconocerse sin ambages que la invasión de la acción de los gobiernos sobre los otros dos poderes- -a veces por razones inerciales, pero otras por propósitos inconfesables- -es hoy por hoy una desoladora realidad. Lo podemos comprobar en las más viejas democracias- -nótese el proceso de transferencia de facultades exorbitantes del legislativo al ejecutivo en Gran Bretaña y en Estado Unidos- pero también en las más jóvenes como son las latinoamericanas. as asechanzas del mundo actual- -por ejemplo, la delincuencia a gran escala, sea el terrorismo o el narcotráfico- -y la instrumentación de las tecnologías más novedosas para sortear la ley, son circunstancias que de modo universal invitan a los ciudadanos a esa esclavitud que comienza siempre con el sueño en palabras de Montesquieu, y que Carmen Iglesias reinterpreta de manera eficaz aduciendo que cobra aquí el sentido profundo que vincula la servidumbre con la pasividad, con la resignación a no ejercer la propia libertad O en otras palabras, que los ciudadanos, las sociedades, están siendo permeables- -bien por temor, bien por somnolencia democrática- -a la peor de las renuncias, esto es, a que el poder no pare al poder, dejando así que el ejecutivo fagocite al legislativo y al judicial. Muchos políticos ya han advertido, con la impertinencia que connota a los ignorantes, que la vigencia de Montesquieu es improbable, y algunos gobiernos, como el español, se están encargando de demostrarlo con hechos de significación concluyente. Es un dato objetivo que el motor legislativo del Estado no se residencia en la capacidad de iniciativa de las Cámaras, sino en la del Ejecutivo que mediante proyectos de ley marca el paso a un legislativo subordinado a la mera tarea de proteger a su gobierno, aquel que puede dar y quitar el escaño. En sentido estricto, los legisladores no son padres de la patria sino meras correas de transmisión de consignas del Gabinete de turno. Si este fenómeno de control remoto de los gobiernos a las cámaras legislativas puede decirse que es general, resulta enfáticamente visible en la democracia española. El número de proposiciones de ley de los grupos parlamentarios es ridículo y la actividad de iniciativa legislativa de otras instancias resulta prácticamente nula. Y si esta depredación es ya grave, más lo es que este mismo proceso se esté produciendo respecto del poder judicial. Medidas como la llamada justicia de proximidad que desprofesionaliza la incorporación a la tarea jurisdiccional; la articulación de turnos para acceder a la magistratura; la desconcentración ya en ciernes de muchas de las funciones selectivas del Consejo General del Poder Judicial y el achicamiento del ámbito juzgador del Tribunal Supremo- -relegado a un órgano que terminará por unificar doctrina desposeído de la amplitud jurisdiccional en la facultad casacional- son medidas que pretenden introducir elementos de docilidad a favor del Gobierno en la administración de la justicia. E L l progresismo político, sin embargo, se siente legitimado para horadar la solidez del poder judicial aduciendo que los jueces y magistrados mantienen en nuestro país un sesgo conservador y, en algunos casos, retrógrado. Tal estimación- -ahora generalizada en los ámbitos de la izquierda- -se corresponde con una agresividad extrema hacia los órganos jurisdiccionales que se expresa en forma de crítica sañuda cuando sus fallos no sintonizan con sus deseos o intenciones. De ahí que el Consejo General del Poder Judicial- -de extracción parlamentaria y por lo tanto, repartidos sus miembros por simpatías políticas- -se convierta en escenario de una batalla campal cuando de nombramientos se trata; y de ahí, también, que el Tribunal Constitucional- -que no es un órgano jurisdiccional sino de garantías constitucionales- -se comporte como una instancia de control al Tribunal Supremo, desvirtuando su función y propiciando una auténtica y silente pero crudelísima guerra entre dos órganos de naturaleza diferente y fines distintos. Lo cual, de nuevo, explica que la elección parlamentaria de los miembros del supremo intérprete de la Constitución haya adquirido un tono de disputa muy cercano a lo tabernario. Hay que regresar de nuevo a Montesquieu para explicar que el gobierno de las sociedades- -entendido en su sentido más amplio- -depende de muchos factores. Varias cosas gobiernan a los hombres: el clima, la religión, las leyes, las máximas del gobierno, los ejemplos de las cosas pasadas, las costumbres y los hábitos, de todo lo cual resulta el espíritu general Pues bien, los jueces y magistrados como ultima ratio expresan en sus resoluciones ese espíritu general de la sociedad y tratar de quebrar el carácter retrospectivo de las referencias para la aplicación de las leyes- -y, por lo tanto, un carácter conservador o conservacionista de la función jurisdiccional- -no sólo constituye una extralimitación gubernamental, sino también una torpeza en la concepción del funcionamiento de las sociedades democráticas maduras. Estamos, al parecer, en los prolegómenos de afrontar novedades que conciernen al terrorismo y es conocido el deseo del Gobierno de facilitar una serie de condiciones que provoquen movimientos de desarme en la banda terrorista ETA. Según algunos estrategas de esta operación- -aplaudidos por los portavoces de la organización criminal y secundados por los que, terrorismo mediante, pretenden la disolución del Estado en su actual configuración- es preciso quebrar ese conservadurismo de la administración de la justicia en España porque, de lo contrario, el Ejecutivo no podría implementar determinadas medidas implícitas en el do ut des que supuestamente comportaría esa estrategia. N o hay que albergar demasiadas dudas, sin embargo, acerca del fracaso de este planteamiento si prosperase la intención de desmantelar los resortes de independencia, imparcialidad e inamovilidad de los jueces y los magistrados. Una estratagema en la que se tratase de desactivar a un poder constitucional y alterar así el delicado equilibrio entre los que conforman el Estado se volvería contra el Gobierno. Y contra él se volverá la destitución- -formalmente, una renuncia- -del fiscal jefe de la Audiencia Nacional que, habiendo agotado la paciencia de su superior, era por trayectoria reconocible, por actitud profesional permanente y por talante ético, uno de los ejemplos más acabados de servidor público. Era también Eduardo Fungairiño, en cuanto a gallardía para enfrentarse desde la ley contra el terrorismo, de esos funcionarios que hacen corpóreo el espíritu general que, según Montesquieu, es el que gobierna a los pueblos. Se ha equivocado el Fiscal General al comportarse con espíritu mezquino con un funcionario que atesora ese grado de indocilidad con la jerarquía que los ciudadanos queremos observar para sentirnos seguros de que el poder pare al poder y se haga así imposible un nuevo despotismo democrático en el siglo XXI. JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director de ABC