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4 Opinión SÁBADO 4 2 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil EL RIESGO DEL APLAUSO ENVENENADO UE ayer, pero cualquier día de cualquier semana de cualquier mes podría aparecer cualquiera de ellos: Arzalluz arremete, con graves insultos, contra el fiscal Fungairiño; Carod- Rovira asegura que el País Vasco tiene un mejor sistema de financiación gracias al terrorismo y Otegi proclama que la Historia reconocerá a Batasuna su trabajo por la paz. Une a los tres personajes el afán de provocación y un resuelto manejo de la táctica del desprecio. En estos puntos, su trayectoria es larga y resulta innecesario repetir los múltiples ejemplos que han deparado. La escena española siempre ha reservado un sitio para estos especímenes de la política. Nada nuevo bajo el sol, pues; además tampoco conviene mostrarse demasiado heridos por el insulto una vez consultada la calamitosa trayectoria ética de los tres. No ofende quien quiere... Lo malo de todo este asunto es que sus reproches y quejas coincidían ayer con elogios (implícitos o explícitos) a la gestión política del Gobierno. Los socialistas en general y Zapatero en particular deberían meditar en el apoyo que le prestan determinadas personas. Algo debe de estar haciendo mal (o al menos algo no bueno para el interés general de los españoles) si uno recoge la complacencia de estos tres personajes. F EL GOBIERNO EMPUJA LA OPA E L Consejo de Ministros aprobó ayer la opa lanzada por Gas Natural sobre Endesa, visto bueno para el que sólo establece dos decenas de condiciones, un tercio de ellas meramente procedimentales. El resto recoge en espíritu los peros (ciertamente escasos) que había establecido la Comisión Nacional de la Energía en su informe sobre la operación y que se centran, fundamentalmente, en aumentar las desinversiones que se le exigen a la compañía gasista (alrededor del 10 por ciento más) Como todas ellas son fácilmente asumibles para Gas Natural, lo aprobado ayer supone la bendición, ya definitiva, de la opa por parte del Gobierno socialista. Sobre el papel de Iberdrola- -uno de los ejes del asunto- el Gabinete ni siquiera se pronuncia. Por encima de todas las incertidumbres que plantea esta operación- -andamiada desde sus albores sobre un tumulto político casi ensordecedor- -hay una que resulta especialmente inquietante y que se refiere al ninguneo, tan contundente como demasiado aparatoso, al que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha sometido al Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) y a su informe, que desaconsejaba la opa. Este desprecio al órgano regulador, árbitro de referencia del sistema económico español, fue practicado incluso por su presidente, que hace sólo unos días aconsejó al Gobierno que no hiciera demasiado caso al TDC. Grotesca recomendación. Cierto es que no se trata de un hecho inédito que se tuerza el criterio de este ente, pero no es habitual que ocurra y menos en operaciones hostiles. Por ello, uno de los costes de esta operación no se manifestará de inmediato, sino a medio plazo, y tendrá que ver con el daño infligido a la credibilidad de las instituciones. Cuesta creer, por ejemplo, que los futuros informes del TDC sean tomados seriamente, y también que la opa no vaya a añadir aún más tensión política e institucional a la que ya soporta España. Desoír el consejo de Competencia en este aspecto es, en el mejor de los casos, un acto de voluntarismo irresponsable. El intento de justificar la operación por la conveniencia de crear un campeón nacional tampoco tiene una base firme. No son los países quienes necesitan a las empresas, sino los individuos que invierten y trabajan en ellas y los consumidores que compran sus productos. Por eso no se necesitan empresas necesariamente grandes, sino eficientes, porque las economías de escala que confiere el gran tamaño pueden convertirse en mantas de plomo que transforman a los campeones nacionales en gigantes con pies de barro que acaben siendo cargas para el erario público. Conviene mirar también a las consecuencias y perspectivas del proceso que comenzó ayer. La decisión del Consejo de Ministros es un hecho recurrible por la compañía opada. Endesa ya mostró ayer su disposición a plantear recurso. Se abre además el trayecto hacia la ejecución de la operación de canje, a la que acudirán los accionistas que así lo deseen (se prevé que sea a 21,3 euros) Ambas circunstancias pueden aportar novedades si los propietarios de las acciones de Endesa no acuden de la manera prevista a la operación o si los tribunales acceden a plantear medidas cautelares que la suspendan, como seguramente perseguirá el recurso de la compañía eléctrica. En ese caso el desconcierto sería mayúsculo y desplegaría un manto de inestabilidad muy inconveniente, debido a la importancia de un sector en el que España se muestra dependiente. Mantener una situación de hostilidad en esa tesitura judicial supondría sacar billete de primera para un viaje a la temeridad. Conviene recordar otra de las posibles consecuencias de lo acordado ayer en la mesa del Consejo de Ministros: una vez que Rodríguez Zapatero decidió desproveer de crédito al Tribunal de Defensa de la Competencia, cualquier futuro mal funcionamiento de este apartado será responsabilidad del Ejecutivo. Teniendo en cuenta este posible horizonte, cobra todo el sentido que las Cajas- -soporte esencial de las compañías- -hagan valer su papel referencial en este proceso y coadyuven a una entente final que libre a la operación, al sector y a los consumidores de las tensiones e incertidumbres que el futuro puede aún depararle. Cierto es que, por mucho que tenga un carácter empresarial, no puede obviarse el elemento político que encierra la opa, sobre todo después de que desde el principio de este proceso el Gobierno renunciase a su papel arbitral y no ocultara su complacencia con la operación. El contexto siempre ayuda al análisis, y el panorama político, las alianzas del Gobierno en el Congreso, sus debilidades y dependencias, y el hecho de la que La Caixa sea el accionista de referencia de la compañía opadora hacen inevitable que se emprenda una lectura política de este expediente, al que ayer el Ejecutivo decidió dar su empujón definitivo. NUEVO SUSPENSO EN LAS AULAS RESENTADO como la enésima batalla partidista de una legislatura marcada por la división entre las dos primeras fuerzas políticas, el debate sobre la reforma de la enseñanza corre el riesgo de situar en un plano secundario a quien es el único sujeto de la actividad docente: el alumno. Reformas y contrarreformas, puntos y comas, se cruzan sobre una mesa barnizada de demagogia y que oculta el estado ruinoso del pupitre, un espacio cuyo análisis pormenorizado vuelve a poner de manifiesto el desastroso nivel educativo de los jóvenes españoles. Según el último informe elaborado por el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, sólo uno de cada diez niños de doce años escribe sin faltas de ortografía, mientras que el 70 por ciento no sabe señalar en un plano- -cambiando de materia- -el camino más corto entre dos puntos. Las cifras, reunidas en un estudio que contabiliza las respuestas de los escolares a diversas cuestiones académicas, revelan la profunda y crónica crisis del sistema educativo español y la necesidad de volver a situar el debate de la enseñanza en ese pupitre marcado por el fracaso y el desconocimiento. Las aulas no pueden albergar, como pretende el Gobierno, la mediocridad tolerada como asignatura sobre la que construir el futuro de la sociedad, escrito en libros de texto. P UNANIMIDAD ANTE EL REARME IRANÍ H OY está previsto que se vote el traslado del expediente nuclear iraní al Consejo de Seguridad de la ONU, después de un periodo de debate en el que ha quedado acreditado que las autoridades de Teherán incumplen sus obligaciones con la Agencia Internacional de la Energía Atómica. La búsqueda de un arreglo para la crisis no significa que se abandone el camino diplomático, pero se trata de un paso importante al informar a la máxima instancia internacional de un problema que constituye un claro peligro para la seguridad mundial. La postura iraní de responder con otra grosera amenaza pone en evidencia su actitud destructiva y afianza las razones para considerar que su principal pretensión sigue siendo dotarse de armamento nuclear. Así, Irán agrava elproblema y cierralos pocoscaminos que quedan para evitarle al mundo un conflicto innecesario. La comunidad internacional no puede aceptar la proliferación de armas de destrucción masiva. Menos aún si están en manosde alguiencomoAhmadineyad, quequiereborrar del ma- pa un país entero (en este caso Israel) Ilustrativo resulta, asimismo, quequienesestán del ladoiraní seanCuba yVenezuela, que no han dejado de ser referentes de la agenda exterior del Gobierno español. De nuevo, las amistades peligrosas. En esta delicada situación, el criterio que debe regir los pasos de la UE y de EE. UU. es mantener el mayor nivel de consenso internacional. Nada sería más desastroso que asistir a una nueva división en el seno de la ONU, como ocurrió en el conflicto de Irak, porque esta vez dejaría a Europa y a Norteamérica- -por más unidos que estén en este caso frente a la expansión militar iraní- -en una dramática posición de precariedad frente a una heterogénea combinación de países del Tercer Mundo, que sólo tienen en común su antioccidentalismo. Y todo esto con armas nucleares de por medio. Evidentemente, ninguna gestión que se pretenda emprender en la ONU puede tener éxito si no cuenta con el apoyo de Rusia y China, cuyos votos ni siquiera son suficientes para afrontar este problema.