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ABC VIERNES 3 2 2006 Opinión 5 UNA RAYA EN EL AGUA EL DESEMBARCO L VALENCIA Y EL TINELL E L fascismo difuso que destilan algunas de las esporas del Pacto del Tinell ése según el cual nunca se deberá ni se podrá pactar con el Partido Popular en ninguna instancia del Estado, acaba de evidenciarse de forma explícita en el amago de ruptura del acuerdo que las dos principales fuerzas políticas de la Comunidad Valenciana establecieron para sacar adelante su renovado estatuto. Como saben, PP y PSOE, Camps y Pla, sacudiéndose de encima viejos malditismos cainitas atribuidos a la relación entre valencianos de distinto signo, acordaron los pormayores y pormenores de un nuevo marco estatutario que sirviese de instrumento para el continuo desarrollo de una comunidad, de por sí, extraordinariamente activa y en constante crecimiento. Cuando la mirada siempre recelosa del nacionalismo vecino recayó en ese trato de viejos regantes, se activó la cláusula maldita que escribieron en Barcelona aquéllos CARLOS que han diseñado el futuro del país en HERRERA función de la exclusión de un importante número de españoles representados por el centro derecha español. ¿A qué aspiran Rodríguez y sus huestes? a anular por completo la existencia de una realidad liberal conservadora en el espectro político; según sus planes, el futuro estaría diseñado por un fuerte partido de izquierda oportunista que establecería pactos con formaciones nacionalistas de diverso signo, a las que alimentaría con las regalías necesarias para mantenerse en el poder todo el tiempo necesario. No sería menester ningún pacto estatal, dado que la Administración Central del Estado se adelgazaría lo suficiente como para tener a todos los demás contentos y permanecería lo imprescindiblemente vertical como para mantener la necesidad de un partido de corte nacional que aunara las reivindicaciones territoriales. Así, el machito del poder sería prácticamente eterno. Ése es el Tinell. Los partidos que conforman el inquietante pacto de privilegiados que se llama Galeusca -de tenebroso recuerdo histórico- -han advertido claramente al PSOE de que no se pueden hacer excepciones. Mucho menos en Valencia, tierra a la que los independentistas catalanes han pretendido estrangular obligando al gobierno recién elegido a cerrar el grifo del agua. Un par de excusas despreciables- -reducir el tanto por ciento exigible para la representación parlamentaria y redefinir el idioma de la Comunidad- -han servido para desestabilizar el futuro de una tierra que a algunos mediocres les inspira temor: no sabemos hasta dónde pueden llegar Valencia y su obstinación por el progreso y la modernidad, pero es cierto que su proyección actual resulta absolutamente espectacular; tanto que aquéllos que aspiran al tutelaje eterno y al pancatalanismo de pacotilla utilizan estratagemas miserables para frenar una expansión social que puede acabar sacándoles los colores. Que unos alborotadores colaboracionistas entren en la Cortes Valencianas no puede ser motivo de desacuerdo. Que el idioma que se habla en la Comunidad deje de llamarse valenciano por imposición de unos vecinos que quieren que todo se llame catalán a toda costa, tampoco. Lo que se habla en Cataluña y lo que se habla en Valencia deriva del mismo tronco, no tengo duda alguna. Desde luego a mí me suena a lo mismo. Sólo que cada uno lo llama como quiera, los catalanes, catalán, y los valencianos, valenciano. Puestos a pedir unidad nominativa, ¿por qué en lugar de los valencianos reconocer que hablan catalán no reconocen los catalanes que hablan valenciano? Todo es tan absurdo, en cualquier caso, que no merece la pena detenerse en ello. Si el PSOE de Pla y Ciscar comete el inmenso error de traicionar su pacto para dar gusto a los que suscribieron la ignominia del Tinell, se aboca a un desprestigio político en su territorio de tal magnitud que habrán de pagarlo muy caro. Sólo por ello, además de por elemental lealtad a la tierra a la que pertenecen- -que no desafía, por cierto, al conjunto de los españoles- deberían considerarlo tranquilamente. www. carlosherrera. com O más chocante de la opa sobre (contra) Endesa, lo que la vuelve sospechosa y cargante, no es tanto el riesgo que entraña contra la libre competencia, ni siquiera su visible diseño al servicio de un lobby energético de hegemonía catalana, sino su odioso ventajismo político. El rechazo que suscita en buena parte de la opinión pública española viene determinado por la sensación patente de que sus promotores se amparan en un favoritismo apriorístico del actual consorcio de poder, que le ha proporcionado sin mayores tapujos un arbitraje casero, descarado y parcial, de ésos que anuncian de antemano el resultado del partido y provocan una corriente de simpatía hacia la víctima del atraco. Poco habría que objetar al asalto sobre la elécIGNACIO trica si se hubiese ateniCAMACHO do desde el principio a una lógica estrictamente financiera. Si Gas Natural hubiese ofrecido a los accionistas de Endesa una suma atractiva y razonable- -veintitantos o treinta euros por acción, toma el dinero y corre- los únicos reparos posibles estarían relacionados con las normas de competencia y la regulación del mercado, aspecto en el que los opantes contaban de antemano con la anuencia del Gobierno. No contentos, sin embargo, con este discutible respaldo han aprovechado el patrocinio del poder para plantear una oferta alambicada, basada en la venta previa de activos- -sin la cual, claro, se violentaría la competencia y asomaría la oreja del monopolio- -y en el intercambio de acciones; papelitos que le dicen en el argot de la Bolsa. El pueblo le llama a eso comprar sin dinero. Y desconfía. Ahora se han puesto las cosas de una manera, tras la defensa numantina de Pizarro y el evidente enturbiamiento político de la operación, en la que el Gobierno se halla ante la tesitura de ganar la opa o perder otra porción esencial de crédito político. Si Endesa aguantase el tirón frente a la Caixa y su oligopolio oficialista, después de que lo hiciera González en el BBVA ante el outsider protegido que era Luis del Rivero, el establishment económico recibiría un nítido mensaje: a este Gabinete le tose cualquiera. Zapatero, Montilla y Solbes tienen que pasar por encima de esa resistencia como sea para evitar que se les pierda el respeto. Por eso, con toda probabilidad, y salvado el escollo cautelar del Tribunal de Luxemburgo, el Gobierno se dispone a levantar el pulgar para dar vía libre al asalto, a sabiendas de que va a causar notables estragos. Esta opa no acabará como empezó, y se va a llevar por delante muchas cosas y mucha gente. La rudeza indelicada, áspera, del empeño va a provocar un terremoto en el statu quo de la alta economía española, que cimbreará estructuras, organigramas y cargos, y que acaso aplaste bajo su techo incluso a algunos de los que organizaron el baile. No se trata de una compra, sino de un desembarco. Y es sabido que en los desembarcos siempre queda la primera oleada de bruces sobre la playa.