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4 Opinión JUEVES 2 2 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil UNA OPA SIN MEDIDAS CAUTELARES E DESFIGURAR LA AUDIENCIA NACIONAL E L recto sentido profesional que ha presidido la actividad de Eduardo Fungairiño se manifestó nuevamente ayer, al anunciar que su renuncia a la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se debía a motivos estrictamente personales Polémicas pasadas aparte, la causa de esta crisis no es otra que el inocultable deseo del fiscal general del Estado de poner fuera de la Audiencia Nacional a Fungairiño y de neutralizar a la Fiscalía de este tribunal en un momento político adverso a la firmeza legal contra ETA y sus terminales. La presión ejercida contra Fungairiño desvela definitivamente el orden de prioridades al que se someten el fiscal general y el Gobierno al que rinde servicios. Puesto en la disyuntiva de renunciar o ser expedientado, Fungairiño ha optado por lo primero para evitar la humillación de lo segundo, aun cuando la amenaza de expediente careciera del más mínimo fundamento. Son muchos los motivos por los que la sociedad española debe estar más que agradecida a Fungairiño y al conjunto de fiscales que, a sus órdenes y con su confianza, han estado- -y siguen estando- -a la vanguardia de la acción judicial contra el terrorismo. Tantos motivos para la gratitud a estos fiscales como para la preocupación por las intenciones que han animado a Conde- Pumpido a comportarse indignamente con Fungairiño. Otros fiscales tuvieron antaño mejor suerte con el anterior fiscal general, Jesús Cardenal, quien sobrellevó con paciencia digna de mejor causa toda clase de deslealtades, hoy premiadas a alguno de ellos con una fiscalía de sala. Nada es, sin embargo, casual cuando se está viviendo un proceso de desmantelamiento implacable de la es- tructura jurídica que permitió al Estado arrinconar a ETA. No cabe pensar que Conde- Pumpido haya forzado esta situación sin caer en la cuenta de la inestabilidad que provocaría en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, inmersa en plena celebración del macrojuicio contra Ekin, que es tanto como decir contra el frente político de ETA. Es más, conociendo los peculiares criterios jurídicos de Conde- Pumpido sobre la izquierda abertzale- -legalidad del Partido Comunista de las Tierras Vascas, derecho de reunión de los proetarras- cabría pensar lo contrario: que ha tenido muy en cuenta ambas circunstancias con un claro sentido estratégico que le viene ordenado por el Ejecutivo. El Gobierno desearía que la acción judicial contra la izquierda proetarra se acompasara a las expectativas y a las necesidades del hipotético proceso de paz. Esta aspiración requiere el desplazamiento paulatino de los criterios legales, y de las personas que los han aplicado, incompatibles con el principio de oportunidad que ya ha sido sugerido para rebajar el rigor de la ley y no entorpecer la solución al conflicto Por eso molestan los jueces que actúan de oficio- -molesta, en general, la Audiencia Nacional, destino último de la advertencia- -y los fiscales que se rigen por el principio de legalidad. Pero la independencia de los jueces es un blindaje del que carecía Fungairiño, sometido a la jerarquía interna de la Fiscalía, que Conde- Pumpido ha transformado en arbitrariedad. El mensaje es claro: no toca actuar judicialmente contra el entramado batasuno y quienes lo están haciendo hoy, desde la judicatura o la fiscalía, deben sentirse un poco más aislados y extraños en un tiempo en el que la ley empieza a administrarse en dosis políticas. L Tribunal de Luxemburgo desestimó ayer la petición de Endesa de emprender medidas cautelares para paralizar la opa emprendida por Gas Natural. En su auto, los jueces argumentan que el Tribunal puede sentenciar por procedimiento acelerado sobre el fondo del asunto- -en el que no entra el auto- -antes de que la compañía gasista llegase a adquirir el control efectivo de la eléctrica, a mediados de junio. Asimismo, la corte europea destaca que Endesa puede acudir a la justicia española para evitar los posibles perjuicios. Nuevo hito, pues, en esta enrevesada operación. No obstante, esta decisión del tribunal luxemburgués no influye en el fondo del asunto. La terapia para estos momentos, y que parece evidente que no se utilizó desde el principio, es que el sosiego haga definitivamente pie entre el fuerte oleaje que ha acompañado a este proceso, trufado de tensiones políticas y con varios miembros del Gobierno volcados en favor de la operación, que sostienen, por ejemplo, la soprendente teoría de que el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia desaconsejando la opa tiene escasa importancia Si de alguien cabe esperar neutralidad es del Gobierno. Lo demanda la estabilidad del sector energético. EL ESTATUTO VALENCIANO, ADELANTE N rapto de sentido común a última hora fructificó ayer con un acuerdo entre PP y PSOE para sacar adelante en el Congreso el nuevo Estatuto aprobado por mayoría absoluta en las Cortes Valencianas. Durante la intensa jornada planeó el fantasma del descarrilamiento del texto, después de que los socialistas hicieran causa común con los partidos nacionalistas y con IU para rebajar del cinco al tres el porcentaje mínimo de votos para obtener representación en el Parlamento autonómico y, al tiempo, descafeinar la catalogación del valenciano como idioma. Resulta curioso que a ningún socialista valenciano le surgieran estas inquietudes (las dos de claro beneficio para ERC y, sobre todo, para CiU) durante la tramitación del texto. Las negociaciones concluyeron anoche y, básicamente, se mantiene el espíritu del Estatuto pactado y votado por PSOE y PP en las Cortes Valencianas y en el Congreso. Pese a ello, llama la atención la desconcertante actitud que lleva al PSOE a cambiar de opinión según la coyuntura. Mientras despeja de todo tipo de impedimentos- -con la fórmula del como sea ideada en la Cumbre Euromediterránea- -para que se apruebe el Estatuto catalán, siembra de minas el trayecto del valenciano que, en principio, se preveía plácido habida cuenta el altísimo grado de consenso con el que llegó al Congreso. TOLERANCIA E INTRANSIGENCIA RELIGIOSA A desmedida reacción del mundo islámico ante una viñeta del profeta Mahoma publicada en un diario de Copenhague es fiel reflejo de las graves dificultades que plantea el islam para adaptarse al mundo actual. Amenazas de todo tipo, exigencias de sanciones por parte de los ministros de Exteriores de la Liga Árabe reunidos en Túnez, boicot a productos comerciales y actos organizados contra los símbolos de Dinamarca constituyen respuestas manifiestamente desproporcionadas. Es notorio que las teocracias no comparten los postulados del constitucionalismo democrático. Aun así, deberían ser conscientes de que la Reina Margarita (a la que se exige una disculpa pública) o el Gobierno danés no tienen competencia alguna para limitar la libertad de expresión. Otra cosa es que los medios de comunicación deban ser cuidadosos con los términos que utilizan acerca de los sentimientos religiosos y morales, en especial cuando se hace alusión al delicado problema del terrorismo. Pero este principio afecta no sólo al islam, sino a todas las confesiones; muy en particular, a la Iglesia católica, a la que con frecuencia se hacen referencias públicas en términos peyorativos e incluso injuriosos. La tolerancia y la libertad de conciencia son productos de un largo devenir histórico que alcanza su plenitud con el surgimiento del Estado constitucional. Derivan, en último término, de un proceso de secularización que U L sólo han logrado desarrollar los pueblos de tradición clásica y cristiana. La separación de la religión y el Estado es un asunto pendiente en los países árabes y, en general, en todos los de mayoría musulmana, puesto que la situación de los cristianos en Indonesia, Nigeria o Irak- -por citar sólo algunos casos- -dista mucho de ser respetuosa con los derechos humanos. No es adecuado reclamar que se respete su intransigencia al tiempo que se persiguen las creencias ajenas. La Unión Europea ha de reaccionar con firmeza frente a este tipo de coacciones si quiere expresarse como una genuina comunidad política que cuenta entre sus señas de identidad con la protección de los derechos y libertades públicos. No basta, por tanto, con afirmar que el boicot a los productos daneses viola las normas del comercio internacional No es aceptable que Occidente, paralizado a veces por extraños complejos, acepte las exigencias de quienes hacen gala de su propia intolerancia mientras se jalea a los críticos del Papa o a quienes se burlan de la religiosidad de determinados líderes políticos. ¿Cómo actuaría el islam ante un mensaje equiparable al que transmite El Código Da Vinci En todo caso, sentado sin titubeos el carácter prevalente de la libertad de expresión, no está de más que se proceda a un examen riguroso, caso por caso, del contexto social y político en que dicha libertad se lleva a la práctica.