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4 Opinión MARTES 31 1 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil VALENCIA: EL PSOE, ANTE SU RESPONSABILIDAD E EL ESTATUT Y LA DISUASIÓN LINGÜÍSTICA L proceso estatutario catalán se ha caracterizado, hasta el momento, por la diplomacia secreta puesta en práctica, con innegable sentido oportunista, por el presidente del Gobierno y por la superposición de una retórica laudatoria de sus efectos al horizonte conflictivo que provocará. El propio Rodríguez Zapatero ya ha dicho que España está más unida que nunca así que es fácil presumir que el optimismo presidencial sobre la realidad nacional llegará a mayores cotas cuando el nuevo Estatuto catalán esté aprobado. Sin embargo, lo que entra en vigor no es la ficción ni la fabulación de la clase política, sino la ley que se publica en el Boletín Oficial. Y las realidades sociales se ven transformadas por esas normas que, paradójicamente, se presentan como supuesto antídoto (más unidad) de los efectos que realmente acaban produciendo (más disgregación) Por eso, a medida que se analizan los términos del acuerdo entre Rodríguez Zapatero y Artur Mas se consolida la impresión de que el resultado final de este proceso revisionista del modelo constitucional consistirá en que Cataluña se va a desconectar de la vida en común con el resto de España. Al margen o en paralelo a los juicios técnicos sobre la constitucionalidad del preámbulo o de la consagración de los derechos históricos como fuente de legitimación política de la Generalitat; y a la cuantificación de los agravios financieros que se avecinan entre comunidades, el problema nacional más grave y profundo es que este acuerdo estatutario consagra la pretensión nacionalista de que Cataluña y el resto de España tengan cada vez menos intereses comunes. El cúmulo de competencias que se transfiere a la Generalitat, así como la extensión al corazón del Estado (Administración General, Justicia) de un sistema de cooficialidad lingüística pensado para la disuasión de los castellanohablantes, van a generar un sistema político- social impermeable a cualquier sentimiento de comunidad con España. De hecho, el acuerdo estatutario de La Moncloa limita los vínculos entre Cataluña y el resto de España a una mera relación estatal y bilateral a través de órganos e instituciones políticas y financieras. Lo propio de un sistema confederal. Pero el mantenimiento y la generación de relaciones sociales (en toda la extensión del término) recíprocas entre Cata- E luña y las demás comunidades españolas está abocado a unas dificultades insuperables, impropias de un país tan unido como dice el presidente del Gobierno. Que la constatación de estos efectos no sea inmediata no significa que no se vayan a producir, pues con el actual ordenamiento jurídico ya se sabe a qué conduce el repliegue de la vocación nacional del Estado frente a las demandas nacionalista. Este pronóstico es evidente en los ámbitos de la cultura, la educación, la acción administrativa, el ejercicio de las profesiones liberales o la función pública de la Administración del Estado. Y también, por supuesto, en el judicial, donde el pacto ofrecido por Rodríguez Zapatero a CiU supone el desbordamiento del único poder constitucional que el Estado mantenía en régimen unitario. Está escrito que los jueces, magistrados y fiscales que ejerzan sus funciones en Cataluña deben acreditar un conocimiento adecuado y suficiente del catalán. También que el Consejo de Justicia de Cataluña será un órgano desconcentrado no descentralizado (diferencia fundamental) del Consejo General del Poder Judicial, que no podrá revisar determinadas competencias atribuidas con carácter soberano a este nuevo órgano autonómico de la Justicia. Dicho queda que este Consejo catalán podrá convocar concursos para cubrir vacantes judiciales en Cataluña. Y, finalmente, se prevé que la Generalitat asuma la más amplia competencia sobre los funcionarios no judiciales de la Administración de Justicia, por ahora cuerpos nacionales. Estos rasgos, por sí mismos y sin necesidad de declarar formalmente la existencia de un poder judicial catalán (entre otras razones, porque no hace falta para el propósito nacionalista a día de hoy) son suficientes para provocar la segregación de la Justicia en Cataluña a través de la disuasión lingüística a jueces, fiscales, magistrados y funcionarios de la oficina judicial. Este planteamiento lingüístico de la actividad judicial en Cataluña es inconstitucional, pero, además, desde el punto de vista social es puramente segregacionista, al levantar una frontera idiomática con el objetivo de llevar el sentido identitario a los ámbitos del poder público estatal ejercido en Cataluña y sugerir la salida (o desanimar a entrar) a quienes no se sientan cómodos en la nueva y reforzada sociedad nacionalista que se ha pactado en La Moncloa. L manual de agravios del Gobierno al Ejecutivo autonómico valenciano que preside Francisco Camps incluye el descarrilamiento del pacto alcanzado por el PP y los socialistas valencianos para la reforma del estatuto en aquella comunidad. Era un pacto sellado en las Cortes valencianas que está a punto de quebrarse definitivamente por el probable apoyo del PSOE a las pretensiones de ERC e IU. Los primeros exigen que el valenciano sea un remedo del catalán y los segundos, en franco retroceso, quieren que el mínimo electoral para sentarse en la cámara regional baje del 5 por ciento actual al 3. Esto es: reducir el listón para asegurarse su presencia y, de paso, impulsar la entrada de formaciones nacionalistas. Todo ello con el fin de dificultar la mayoría absoluta del PP. Si en el Congreso de los Diputados el PSOE se pliega a las exigencias de sus socios y se altera lo acordado, el Parlamento de Valencia rechazará el texto y se producirá un choque institucional de imprevisibles consecuencias. HACIENDA, FRENO Y MARCHA ATRÁS A ORIENTE PRÓXIMO EN EBULLICIÓN ADA día parece subir un poco más la temperatura política del Oriente Próximo. La sensación es que la zona va camino de alcanzar de un momento a otro el grado de ebullición. Los conflictos aumentan en número e intensidad, pugnando incluso por ver cuál de ellos resulta más inquietante a los ojos de la comunidad internacional. Así, la lucha por la supervivencia del Irak democrático; las amenazas nucleares que profiere desde Irán su presidente Mahmud Ahmadineyad y, ahora, la victoria de Hamás en las elecciones palestinas de hace una semana sitúan al conjunto de la región dentro de un peligroso clima de incertidumbre y tensión generalizadas. Es cierto que el Oriente Próximo ha sido a lo largo de todo el siglo XX un área geográfica propicia a la inseguridad. Sin embargo, en los últimos tiempos la situación se ha visto extraordinariamente agravada. La fuerte apuesta democratizadora impulsada por los EE. UU. tras su intervención en Irak comienza a dar síntomas de flaqueza. De hecho, el derribo de la tiranía de Sadam Hussein no parece C estar favoreciendo la estabilidad democrática en Irak y, de rebote, en el resto de la región. El triunfo del extremismo islamista de Ahmadineyad en las presidenciales del vecino Irán de los ayatolás y el éxito arrollador de Hamás en Palestina evidencian todo lo contrario: una especie de efecto boomerang que desestabiliza la zona gracias a unas urnas que, en vez de servir a la causa de la democracia y la modernización, propician el acceso al poder de los enemigos de Occidente, de la libertad y de la propia democracia. Y así, al igual que sucedió en Europa, la historia demuestra que la democracia necesita instituciones y procedimientos liberales para que tenga éxito y no se convierta en un instrumento de la tiranía. Especialmente en el seno de sociedades desestructuradas que alojan un sinfín de injusticias y tensiones religiosas y culturales, así como de atavismos de toda clase, que es el panorama que exhibe la mayoría de los países árabes y, en concreto, esa Palestina que amenaza en estos momentos con hacer descarrillar no sólo su frágil democracia, sino todo el proceso de paz con Israel. BC denunció hace un mes que el Ministerio de Economía había cobrado a miles de establecimientos tasas de venta de tabaco, a pesar de que la ley les impediría venderlo a partir del 1 de enero. Era aquél un ejercicio de doble moral impropio de una administración pública, una situación objetivamente injusta que, a partir de lo publicado por nuestro periódico, ha obligado al Gobierno a intervenir. El Ministerio de Economía y Hacienda ha decidido dar marcha atrás y devolver los tres millones de euros que cobró a miles de establecimientos, a los que siguió renovando licencias en vísperas de que se les prohibiera vender cigarrillos. La indefensión de millares de pequeños empresarios ante la maquinaria de Hacienda se compensa ahora con la devolución de lo cobrado, aunque el malestar continúa. Afortunadamente, y aunque con mes y medio de retraso, se impone la cordura y se pone fin a un proceso marcado por el absurdo que supone cobrar por nada y mirar, después, para otro lado.