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14 Nacional EL DESAFÍO DEL ESTATUTO CATALÁN ANÁLISIS DOMINGO 29 1 2006 ABC Zapatero concede a CiU los derechos históricos que Maragall nunca quiso reconocer Otorga una bilateralidad entre Gobierno y Estado difícilmente generalizable b El acuerdo entre el presidente del Gobierno y el líder de CiU da a Cataluña determinadas atribuciones a las que el PSC se opuso durante la redacción del texto MARÍA JESÚS CAÑIZARES BARCELONA. No han sido pocas las concesiones efectuadas por el PSOE para lograr un acuerdo con CiU sobre el nuevo Estatuto de Autonomía catalán. Los nacionalistas, a su vez, también han renunciado a determinados aspectos relacionados con la identidad y la financiación. Pero lo que más sorprende del pacto que el pasado día 21 suscribieron el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de CiU, Artur Mas, es que en el mismo se incluyen algunos preceptos que el PSC siempre se negó a incluir en el texto estatutario durante su tramitación en el Parlamento catalán. El ejemplo más evidente es el de los derechos históricos, un reconocimiento incluido en el citado acuerdo cuya invocación por parte de CiU y ERC durante la redacción del proyecto llevó al PSC a amenazar con abandonar la ponencia por entender que se trataba de una pretensión inconstitucional. Los socialistas catalanes amagaron con dejar caer el Estatuto incluso antes de que éste naciera, algo que habría satisfecho a un sector importante del PSOE, convencido aún de que el texto estatutario nunca debió salir de Cataluña. Junto a los derechos históricos, el deber de conocer la lengua catalana, la relación bilateral entre Gobierno y Generalitat o las amplias atribuciones que se otorgan al Ejecutivo catalán en lo que respecta a las competencias compartidas son algunos ejemplos de las importantes concesiones que el presidente Rodríguez Zapatero se ha visto obligado a realizar con la finalidad de desbloquear las negociaciones sobre el Estatuto. Derechos históricos En contra de la voluntad del PSC Se trata de uno de los puntos más conflictivos de las negociaciones entre socialistas y nacionalistas, y que siempre aparecía en las reuniones bilaterales entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Josep Duran Lleida, previas al pacto Zapatero- Mas. El autogobierno de Cataluña se fundamenta también en los derechos históricos del pueblo catalán, las instituciones seculares y la tradición jurídica catalana reza el artículo 6 del Estatuto. Un reconocimiento que la Constitución sólo recoge para el País Vasco, pero que fue invocada por los nacionalistas de CiU y ERC- -apelaban asimismo a la disposición adicional tercera del Estatuto de Aragón- -para blindar las competencias catalanas. Incluso el Consejo Consultivo, órgano de asesor de la Generalitat catalana, advirtió de la imposibilidad de hacer extensivo a Cataluña un reconocimiento sólo atribuible al País Vasco por su excepcional régimen foral, tal como establece la doctrina del Tribunal Constitucional. En el acuerdo, se intenta salvar esa posible inconstitucionalidad alegada por el PSC en su momento con la precisión de que el Estatuto incorpora y actualiza esos derechos históricos al amparo del artículo 2- -donde se habla de nacionalidades y regiones- la disposición transitoria segunda- -relativa a las competencias de la Generalitat en materia de régimen local, otra vieja reivindicación de CiU- -y otros preceptos de la Constitución, de los que deriva el reconocimiento de una posición singular de la Generalitat en relación con el derecho civil, la lengua, la cultura, la proyección de éstas en el ámbito educativo y el sistema institucional en el que se organiza la Generalitat CiU ha renunciado, no obstante, a invocar esos derechos históricos relacionados directamente con determinadas competencias, como por ejemplo la financiación. Con esta fórmula, el Estatuto intenta blindar otro precepto igualmente polémico: el que hace referencia al deber de conocer el catalán. Lengua El deber de conocer el catalán Una de las principales novedades del nuevo Estatuto es el artículo 6, según el cual, el catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español. Todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña, el derecho y el deber de conocerlas Asimismo, se establece que la lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, El PSC amenazó con abandonar la ponencia si se invocaba a las instituciones seculares catalanas en el texto El deber de conocer el catalán afectará especialmente a los jueces que ejerzan en Cataluña el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza Este deber representa, según algunos juristas, un concepto jurídico indeterminado y ambiguo, por lo que sólo puede ser constitucional si hay una remisión a las leyes. Esa ambigüedad se une a la que ya suponía para los tribunales el concepto de lengua propia, invocada en muchas sentencias para avalar la política lingüística impulsada por la Generalitat, primero por CiU y ahora por el tripartito, pero que ha impedido a los jueces pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes de inmersión aplicadas hasta ahora. De facto el reconocimiento del deber de conocer el catalán implica la obligación de todos los funcionarios catalanes de conocer el idioma catalán, al margen de su procedencia o tiempo de residencia. Sólo el PP sugirió durante la redacción del Estatuto que se tuviera en cuenta la situación de estancia circunstancial en Cataluña, algo muy